Efe

Estados Unidos está negociando con países de Sudamérica, incluido Chile, para expulsar haitianos si vuelve a producirse una oleada de migrantes de esa nación que lleguen a su frontera, dijo en una entrevista con agencia Efe el secretario de Seguridad Nacional estadounidense, Alejandro Mayorkas.

Mayorkas confirmó además que EE.UU. planea volver a implementar antes de que acabe el año el programa "Quédate en México"; y defendió la política conocida como Título 42 por la que EE.UU. deporta automáticamente a la mayoría de los indocumentados que llegan a su frontera sur.

A un mes de que miles de inmigrantes haitianos quedaran varados bajo el puente internacional de Del Río, en Texas, tras haber viajado ocho meses (gran parte lo hizo desde Chile y Brasil) y cruzado la frontera, Mayorkas dice que para la deportación en aviones a Puerto Príncipe "es inaplicable el término expulsiones masivas. Hubo una gran cantidad de ciudadanos haitianos que cruzaron la frontera por un lugar concreto en un período de tiempo muy, muy corto, lo cual fue muy inusual para las personas que han dedicado tres décadas a trabajar a lo largo de la frontera, tanto en la Patrulla Fronteriza como en organizaciones comunitarias, y hemos aprendido de esa experiencia. Y si hubiera otro movimiento de individuos como ese, estamos preparados. Sé que el Departamento de Estado está trabajando muy intensamente con países de Sudamérica, desde los cuales viajaron más recientemente los migrantes haitianos, para ver si aceptarían el regreso de los ciudadanos haitianos que llegan a nuestros puertos de entrada. Es algo que se trabaja muy enérgicamente.

"quédate en méxico"

-Un juez federal ordenó restablecer el programa "Quédate en México" que impulsó Donald Trump ¿Podría confirmar si esto ocurrirá el próximo mes?

-Nosotros pusimos fin a ese programa y nos demandaron por hacerlo. Ahora estamos bajo una orden judicial para implementar ese programa, no solo en Laredo, sino a lo largo de toda la frontera sur. Esa es una orden de la Corte que estamos obligados a seguir y, por lo tanto, debemos cumplirla, y estamos obligados a implementarla lo más rápido posible. Para hacer eso, estamos en conversaciones con el Gobierno de México, porque se requiere que ambos países estén de acuerdo con ese programa.

-¿Cómo se asegurará de que, una vez que se reinicie este programa, los migrantes expulsados a México estarán protegidos de los abusos de derechos humanos.

-Estamos trabajando muy de cerca con el gobierno mexicano, ese es uno de los temas importantes de nuestras conversaciones con ellos.

-Bajo el Título 42, EE.UU. deporta automáticamente a la mayoría de los adultos indocumentados que llegan a su frontera sur, amparándose en la pandemia. Miles están siendo expulsados, pero usted mismo es un migrante que llegó desde Cuba.

- Creo que su pregunta es muy importante y muy justa. Es muy importante comprender que el Título 42 no es una política de inmigración que nosotros hayamos adoptado. No estaría de acuerdo si alguien intenta definir nuestras políticas de inmigración refiriéndose al Título 42 (...) que están definidas, ejemplo, por nuestro reinicio del DACA (...) El Título 42 es una autoridad de salud pública que tienen los Centros para el Control de Enfermedades y que ordenaron que se aplique, porque estamos en medio de una pandemia y cientos de miles de personas, solamente en este país, han muerto.

-Pero cada vez más expertos en salud se están pronunciando en contra y dicen que no hay pruebas de que esta política evite la propagación de covid-19.

-Estoy muy, muy preocupado por cualquier narrativa falsa que tenga un sentimiento antiinmigrante, y se lo puedo decir como inmigrante. Pero viajar a los Estados Unidos con un método (legal) es muy, muy diferente a cruzar la frontera entre los puertos de entrada, y tener que ser llevado por necesidad a una estación de la Patrulla Fronteriza, que no es capaz de aislar y poner en cuarentena a las personas que tienen covid-19. Hemos visto aumentar la tasa de infección durante meses entre la población migrante en las estaciones de Patrulla Fronteriza: pasó de 12% a alrededor del 20%. Y hemos visto a niños no acompañados en entornos con mucha gente que se infecta. Por tanto, este es un esfuerzo para proteger a la población migrante.

-Antes de llegar al poder, el presidente Biden dijo que le llevaría unos seis meses restablecer el proceso de asilo en la frontera. Ya lleva casi nueve meses.

-Lo que subyace al Título 42, el estado de la pandemia, es un obstáculo muy importante, pero también hay más. Está el hecho de que en los últimos cuatro años, la agencia de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis) ha sido diezmada financieramente debido a las políticas y prácticas de la administración anterior, y estamos reconstruyendo esa agencia (...). Recién ahora estamos contratando nuevamente a funcionarios de asilo y construyendo el personal, el equipo y las instalaciones.

"Hemos visto aumentar la tasa de infección por covid durante meses entre la población migrante".

Alejandro Mayorkas, Secretario Seguridad Nacional

8% subió la tasa de contagio por covid-19 entre migrantes detenidos en la frontera de Estados Unidos.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, declaró que tiene "ganas" de privatizar la petrolera Petrobras, la mayor empresa del país, en medio de las críticas que recibe por la fuerte alza en los precios de los combustibles.

"Yo ya tengo ganas de privatizar Petrobras, tengo ganas. Voy a ver con el equipo económico qué podemos hacer", aseguró el mandatario.

La declaración se produce en momentos en que el Gobierno enfrenta la escalada de los precios de los combustibles, en especial los de la bencina, que subió casi un 40% en los últimos 12 meses.

"Lo que pasa es que yo no puedo orientar mejor el precio del combustible, pero cuando aumenta, la culpa es mía. Aumenta el gas, la culpa es mía, pese a que yo suspendí el impuesto federal", agregó el jefe de Estado.

La declaración del presidente coincide con la del ministro de Economía, Paulo Guedes, un liberal de la escuela de Chicago, quien afirmó que el Gobierno considera vender parte de su participación de control en la petrolera estatal para financiar programas sociales a familias en condiciones de vulnerabilidad.

Bolsonaro, en el poder desde enero de 2019, se había mostrado contrario a la privatización de Petrobras, al considerarla "estratégica".

No obstante, ha visto su popularidad caer en picada en medio de los elevados costos de la energía eléctrica, gas y combustibles, que llevaron la inflación brasileña a alcanzar los dos dígitos en septiembre.

Pese a ello, el presidente defendió la "autonomía" de la petrolera, que es controlada por el Estado pero tiene acciones negociadas en las bolsas de Sao Paulo, Nueva York y Madrid, y dijo que no pretende "interferir" en la política de precios de la estatal.

"Petrobras tiene autonomía para ello, es una empresa de economía abierta, en la Bolsa de todo el mundo. Una interferencia aquí sería sentida allá", aseguró. También se manifestó respecto a la inflación y afirmó que si el Gobierno "no hubiera hecho nada, la inflación habría triplicado".

El partido marxista Perú Libre, que llevó a Pedro Castillo a la presidencia de Perú, anunció que no le dará el voto de confianza a su nuevo gabinete al considerar que representa un giro al "centroderechismo", un alejamiento que anticipa una ruptura del bloque.

Un comunicado difundido por el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, señala que "existe un inocultable giro político del Gobierno y su gabinete hacia el centro derechismo, donde incrementaron los representantes 'caviares'", como califican de forma despectiva a los políticos de izquierda progresista.

El quiebre entre Perú Libre y el Ejecutivo llegó a su clímax hace poco más de una semana, cuando Castillo decidió, a 68 días de haber asumido el poder, pedirle la renuncia al polémico exprimer ministro Guido Bellido, cercano a Cerrón, y a todo el gabinete ministerial.

Como nueva primera ministra asumió Mirtha Vásquez, quien ha dicho que no es una prioridad cambiar la Constitución, como propugnaba Bellido.

Perú Libre criticó también a las nuevas ministras de Trabajo, Betsy Chávez, y de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, vicepresidenta de la República, militantes a las que acusan de no representar al partido.