Marcelo Galindo

Para evitar que se continúen dañando los humedales y el bosque nativo del sector de Alto La Paloma, el Tribunal Ambiental de Valdivia dispuso la paralización de las obras de una empresa inmobiliaria que ha sido duramente cuestionada por los vecinos, dada la forma cómo se han llevado adelante estos trabajos que buscan levantar un edificio de departamentos.

Desde la inmobiliaria Alto Volcanes argumentaron que no han sido notificados de la resolución judicial, que busca evitar un deterioro irreparable de componentes ambientales o que dicha reparación sea difícil de materializar.

El Tribunal Ambiental de Valdivia acogió parcialmente la solicitud de medida cautelar realizada por el Comité de Trabajo Alto La Paloma Oriente, en el marco de la demanda interpuesta contra las inmobiliarias Alto Volcanes SpA y Aconcagua Sur S.A., por el presunto daño que sus obras generarían en humedales y en el bosque nativo de sus inmediaciones.

La resolución ordenó "el cese de toda actividad de disposición de tierra, materiales o residuos, construcción de caminos y de relleno, secado o drenaje, que desarrolle la demandada en los humedales Alto La Paloma y la Wuiña en la comuna de Puerto Montt" y "la prohibición de tala, corte, poda o destrucción de bosque nativo existente en los humedales referidos y predio objeto del proyecto inmobiliario, mientras no se cuente con el correspondiente plan de manejo otorgado por la autoridad competente".

Sobre esta materia, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) ha denunciado en dos oportunidades a la inmobiliaria en el Juzgado de Policía Local.

El tribunal concluyó que los antecedentes aportados por la demandante permiten afirmar, en modo preliminar, que la inmobiliaria Alto Volcanes SpA, se encuentra desarrollando un proyecto inmobiliario en el sector Alto la Paloma y que dicha empresa "habría procedido a la corta no autorizada de bosque nativo correspondientes a Luma, Canelo, Ulmo, Avellano y Tepa. Adicionalmente, se habría cortado un ejemplar de Alerce, especie protegida de acuerdo al decreto supremo 490 de 1977, que lo declara monumento natural".

El ente jurídico medioambiental sostiene que existiría "un ecosistema que está siendo intervenido por el desarrollo de un proyecto inmobiliario sin que se hayan obtenido, en el caso de la corta de bosque nativo, las respectivas autorizaciones".

Según la resolución, "las acciones indicadas, a su vez, son potencialmente aptas para generar un daño ambiental, esto es, la pérdida, disminución o menoscabo significativo en los componentes ambientales. Ello, en atención a que el movimiento de tierra y construcción de zanjas en zonas con características de humedal puede generar el desagüe de dichos cuerpos de agua, con la eventual pérdida de todos sus servicios ecosistémicos, tales como el suministro de agua, la purificación y secuestro del agua, el desarrollo del turismo, la recreación, la educación y la investigación, entre otros".

De acuerdo al ministro Iván Hunter, presidente (s) del Tribunal Ambiental, se trata de una demanda por reparación ambiental interpuesto por el Comité Alto La Paloma Oriente. Revela el ministro Hunter, que "el tribunal ha determinado que existen antecedentes suficientes para entender que al menos de modo preliminar los dos ecosistemas que están en el lugar donde se ejecuta el proyecto inmobiliario, se encuentran en una situación de riesgo".

Pulmón verde

David Hinostroza, de la agrupación cultural por los humedales y entornos naturales "Gayi", agrega que se trata de una medida que estaban esperando desde hace mucho tiempo.

Hinostroza critica a los organismos que no apoyaron la demanda de los vecinos.

"Esperábamos que esto naciera desde los organismos públicos locales, como la Municipalidad, la DOM (Dirección de Obras Municipales), Seremi de Medio Ambiente y Superintendencia de Medio Ambiente. Recurrimos a todos y golpeamos muchas puertas, pero la soberbia y oídos sordos no llevó a nada. Los consideramos cómplices pasivos en este gran daño ambiental".

El dirigente ambientalista tuvo palabras de agradecimiento para la abogada Orieta Llauca, "quien ha llevado esto a tribunales con valentía", asegura.

Puntualiza Hinostroza que se trata de proyectos que no deben continuar, porque "están destruyendo un ecosistema importante, que afecta a la comunidad, a la vida y salud de los residentes. Este bosque es el último pulmón verde que nos queda dentro de la zona urbana de Puerto Montt y en conjunto con los humedales son un importante sumidero de GEI (gases de efecto invernadero), herramientas importante para enfrentar el calentamiento global".

Consultados por este Diario, desde la inmobiliaria indican que no han sido notificados de una nueva detención de las obras. "Queremos informar que hace más de un mes nuestras faenas de corta se encuentran paralizadas", dice un comunicado.