Defensoría asumió más de 7 mil causas vinculadas a la pandemia en la provincia
BALANCE. En su cuenta pública, la abogada Soledad Llorente explicó que del total regional de causas covid, Osorno representó el 30%. De paso, indicó que la ciudadanía pudo apreciar mejor el rol de dicha repartición.
El pasado 1 de octubre el país dejó atrás el estado de excepción aplicado por las autoridades y que contemplo 528 días bajo toque de queda, medida que buscó que las personas permanecieran en sus hogares y no se expusieran al contagio del coronavirus.
Dicha acción fue acatada por muchos ciudadanos, pero hubo un importante número de casos en los que no lo hicieron, siendo algunos reincidentes en más de 10 ocasiones.
Fueron ellos los que comenzaron a hacerse conocidos como infractores del Artículo 318 del Código Penal, que facultaba a las policías y militares a tomarlos detenidos por ser transgresores a las normas sanitarias, por lo que eran acusadas de cometer un delito.
Delito a falta
Sin embargo, desde mayo pasado un instructivo modificó el actuar de los funcionarios, ya que la transgresión a las normativas comenzó a ser considerado sólo como falta, y los tribunales disminuyeron la presencia de detenidos por estos hechos, que fueron parte de la reciente cuenta pública de la defensora regional, la abogada osornina María Soledad Llorente, quien expuso los principales hitos del trabajo que desarrollaron en las provincias de Los Lagos.
En la oportunidad, la autoridad confirmó que durante 2020, la Defensoría Penal Pública asumió la representación de más 22.700 causas penales, de las cuales un 30% correspondieron a la provincia de Osorno, es decir, poco más de 7 mil.
Delitos sanitarios
"El trabajo desplegado por la defensa permitió que la comunidad en general conozca mejor la importancia del derecho a defensa penal pública, porque como nunca antes en la historia del sistema penal aumentó la cantidad de personas que eran imputadas de un delito por primera vez en su vida, precisamente por hechos como circular fuera de horario o sin permiso sanitario", precisó Llorente.
La mayoría de las causas asumidas por la institución en la provincia de Osorno, un 30% del total regional, correspondían a personas que fueron detenidas o notificadas por el Ministerio Público de haber cometido alguna vulneración a las cuarentenas o a las distintas restricciones de movilidad impuestas por la autoridad en contexto de pandemia.
Asimismo, destacó los fallos obtenidos por la defensa osornina, que sentaron un precedente como por ejemplo el de inicios de este año, cuando la Corte Suprema estableció como ilegales las detenciones por delitos sanitarios de dos personas que vivían en situación de calle; incluso, uno de ellos ya había sido detenido 14 veces por la misma razón.
"Son casos que muchas veces pasan desapercibidos, pero no por eso son menos graves, sobre todo cuando el tribunal más importante del país declara que hechos como éstos son vulneratorios. Esto último cobra mayor importancia cuando comprobamos que, según un estudio encargado por la Defensoría, el 63% de las personas considera que el sistema penal chileno no respeta ni garantiza los DD.HH., lo que agrava aún más el uso abusivo de la prisión preventiva", señaló la profesional osornina.
Añadió que dentro de los principales delitos se ubicaron las lesiones, delitos contra la libertad e intimidad de las personas y aquellos originados en una infracción a la ley de tránsito.
Inteligencia Artificial
En su cuenta destacó que la Región de Los Lagos fue la primera en Chile en implementar la Inteligencia Artificial para la defensa en todo su territorio; en paralelo, obtuvo el premio a la innovación.
"Gracias al proyecto desarrollado en conjunto con la Universidad Santo Tomás, nos ha permitido contar con representantes para aquellos imputados inimputables, y además trabajar con las familias de las personas que por primera vez ingresan a prisión preventiva, para acompañarlos en el proceso de conocer, entender y sobrellevar los efectos que una imputación penal significa", explicó.
A su juicio, este programa tiene un fuerte foco de género, que busca minimizar el impacto del proceso penal en las mujeres y sus familias, "sean imputadas o cónyuges de quienes son investigados", precisó la defensora.