Estados Unidos admitió haber cometido un "trágico error" cuando perpetró un ataque con drones en Kabul donde murieron 10 civiles, siete de ellos niños, el 29 de agosto pasado, lo que había sido denunciado por la familia de las víctimas.

La operación ocurrió después de un atentado suicida que dejó casi 200 muertos en el aeropuerto de la ciudad, mientras miles de personas intentaban huir del país en avión tras la toma del poder por parte de los talibanes y durante la caótica retirada de tropas extranjeras.

El "error" fue reconocido por el jefe del Comando Central (Centcom) de Estados Unidos, el general Kenneth F. McKenzie, quien admitió que "es poco probable" que el vehículo que fue atacado con un dron y sus ocupantes "estuvieran asociados con Isis-K o una amenaza directa para las fuerzas estadounidenses".

"Este ataque se tomó con la convicción de que evitaría una amenaza inminente para nuestras fuerzas y los evacuados en el aeropuerto, pero fue un error y ofrezco mis más sinceras disculpas", dijo Mckenzie, agregando que él es "totalmente responsable" de este ataque y el trágico desenlace.

El dron atacó un vehículo en el que las fuerzas estadounidenses pensaban que había militantes del grupo terrorista Estado Islámico (EI) cuando en realidad lo conducía Zemari Ahmadi, un trabajador de una ONG estadounidense.

"En un entorno dinámico de alta amenaza, los comandantes sobre el terreno tenían la autoridad apropiada y tenían una certeza razonable de que el objetivo era válido, pero tras un análisis más profundo posterior al ataque nuestra conclusión es que murieron civiles inocentes", añadió Milley.

"En nombre del Departamento de Defensa, ofrezco mis más profundas condolencias a las familias de quienes fueron asesinados, incluido el señor Ahmadi y al personal de Nutrición y Educación Internacional, compañía del señor Ahmadi", dijo el secretario de la cartera, Lloyd Austin.

Agregó que el departamento sabe que no había conexión entre Ahmadi y el EI, y que sus actividades eran completamente "inofensivas" y no estaban relacionadas con la "amenaza inminente" contra la que se dirigía el ataque.

"El señor Ahmadi es sólo una víctima inocente como lo fueron los demás que murieron trágicamente en este incidente", enfatizó Lloyd. El funcionario ordenó una investigación a fondo y prometió que los responsables rendirán cuentas.

La tensión abierta en el seno del Gobierno argentino entre el presidente Alberto Fernández y su vicepresidenta, la también peronista y líder del ala kirchnerista Cristina Fernández, mantiene en crisis y en vilo al país, mientras el jefe de Estado canceló sus viajes al exterior y prepara cambios en su gabinete después de que la expresidenta rompió el silencio en una desafiante carta al mandatario.

"Voy a ordenar el gabinete y terminar con esta discusión", mencionó Fernández tras conocerse públicamente la misiva de su vicepresidenta.

"¿En serio creen que no es necesario, después de semejante derrota, presentar públicamente las renuncias y que se sepa la actitud de los funcionarios y funcionarias de facilitarle al presidente la reorganización de su gobierno?", cuestionó Cristina en una extensa carta, el jueves en la noche, en la que aseguró había advertido la derrota electoral que sufrió el oficialismo en las primarias legislativas, previas a los comicios del 14 de noviembre.

"Creía que se estaba llevando a cabo una política de ajuste fiscal equivocada que estaba impactando negativamente en la actividad económica y, por lo tanto, en el conjunto de la sociedad y que, indudablemente, esto iba a tener consecuencias electorales", aseveró.

"No lo dije una vez, me cansé de decirlo, y no sólo al presidente de la nación. La respuesta siempre fue que no era así, que estaba equivocada y que, de acuerdo a las encuestas, íbamos a ganar "muy bien" las elecciones", arremetió Fernández de Kirchner.

En un desafiante tono, inusual para quien ejerce la vicepresidencia, advirtió que fue ella la que eligió a Fernández como candidato presidencial en 2019.

"Sólo le pido al presidente que honre aquella decisión, pero por sobre todas las cosas, tomando sus palabras y convicciones", zanjó con autoridad.

Además, defendió que la crisis institucional no es su culpa. "No, no soy yo. Por más que intenten ocultarlo, es el resultado de la elección y la realidad", arremetió. "No voy a seguir tolerando las operaciones de prensa que desde el propio entorno presidencial a través de su vocero se hacen sobre mí y sobre nuestro espacio político", aseguró.

En ese sentido, criticó frontalmente al vocero presidencial, Juan Pablo Biond, de quien dijo que "es un raro caso: un vocero presidencial al que nadie le conoce la voz. ¿O tiene alguna otra función que desconocemos? ¿La de hacer operaciones en off por ejemplo? Verdadero misterio".

Tras la arremetida kirchnerista, ayer en la tarde se conoció la renuncia de Biond, según reportó el diario La Nación de Argentina.

"Espero que mi alejamiento del cargo contribuya a pacificar, en parte, estos momentos difíciles", sinceró, mientras en la Casa Rosada continuaban -hasta el cierre de esta edición- las frenéticas reuniones del Gobierno que busca rearmarse.

El desarme de Fernández llegó solo un día después de que asegurara que tenía las riendas del asunto. "La gestión de gobierno seguirá desarrollándose del modo que yo estime conveniente. Para eso fui elegido", había dicho.

Cancelación de viajes

En medio de la incertidumbre política, fuentes oficiales confirmaron que ayer el mandatario decidió suspender sus viajes al exterior, incluida su visita a México por la cumbre de jefes de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que se realizará hoy, grupo que Argentina busca presidir en 2022.

La ausencia de Fernández era delicada dado que cuando viaja fuera corresponde a la vicepresidenta ejercer interinamente la jefatura de Estado.

Tras una semana de dudas, debates y complicaciones legales, Perú podrá finalmente incinerar el cuerpo de Abimael Guzmán, fundador del grupo terrorista Sendero Luminoso que asoló el país entre 1980 y 2000, después de que el presidente Pedro Castillo promulgó una norma que lo habilita.

El mandatario firmó la ley que el Congreso aprobó en la víspera para habilitar la cremación de los restos del mayor terrorista en la historia del país, quien falleció el sábado pasado a los 86 años en la prisión donde cumplía condena a cadena perpetua, y ordenó su publicación en una edición extraordinaria del diario oficial El Peruano para que pueda ser efectiva.

Con este paso se abre camino para que el Estado pueda disponer de los restos del criminal tras un complejo panorama legal en el que ninguna autoridad parecía poder tomar la decisión sobre qué hacer con el cadáver, que era reclamado por su esposa, Elena Iparraguirre, considerada la número 2 del grupo terrorista.

El pleno del Congreso votó el jueves, solo con los votos en contra de diputados del partido oficialista Perú Libre, una modificación a la Ley General de Salud para establecer que un fiscal puede disponer, "en decisión motivada e inimpugnable", la cremación de los restos de los sentenciados cabecillas o miembros de cúpulas de organizaciones terroristas que fallezcan en prisión.

La norma agrega que la autoridad sanitaria deberá ejecutar esta medida, en coordinación con los Ministerio de Justicia y del Interior, en un plazo máximo de 24 horas y que la cremación se realizará después de la necropsia de ley y en presencia de la Fiscalía.

La nueva ley fue objetada por varios diputados que advirtieron que la incineración de Guzmán, hacia quien específicamente se dirige la norma, no podría ser posible, pues no existen leyes con carácter retroactivo en Perú. Los promotores de la ley aseguraron, sin embargo, que sí se podrá aplicar porque aún está en la morgue del Callao el cuerpo del genocida que lideró 200 masacres que dejaron más de 30.000 muertos en Perú.