Hasta el sábado eran 739 los casos de la variante Delta del covid-19 que se habían detectado en el país, según la información del Ministerio de Salud.

Esta cifra ha causado preocupación entre las autoridades, además de motivar acciones como la búsqueda activa de eventuales contagios, así como el reforzamiento de la inmunización en la zona donde viven los positivos a la mutación identificada de forma inicial en India.

Sobre la proyección de los contagios del linaje considerado de preocupación por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la autoridad asegura que al detectarse más casos se pueden encontrar contagios comunitarios y en viajeros, según las muestras que se tomen.

La inquietud es absolutamente justificada, debido al nefasto efecto que ha traído la variante en países que ya creían controlado el avance de los contagios.

Es el caso de Israel, país que si bien llegó a poner los contagios casi a cero tras una exitosa y rápida campaña inicial de vacunación, ha registrado esta semana tres máximos de infecciones diarias, por encima de las 11.000. Además, la tasa de infección se sitúa en el 8,4%.

Se debe enfatizar que la variante delta es muy contagiosa, con un potencial que llega a duplicar la capacidad de contagio respecto a otras variantes anteriores. No obstante, es también importante recalcar que para protegerse de ella se pueden seguir empleando medidas ya conocidas, como usar adecuadamente las mascarillas, evitar espacios concurridos y mantener la distancia física. En el caso de estas últimas recomendaciones, parece necesario reforzar el mensaje, considerando el avance del desconfinamiento local y también que nos aprontamos a vivir un periodo de conmemoración de Fiestas Patrias.

Otro mensaje importante es que el avance de esta mutación no significa en absoluto un cuestionamiento a la importancia de la vacunación. Mantener este proceso es clave para convivir con una pandemia que se mantendrá aún un periodo indeterminado.

El lunes 23 de agosto Cristina Dorador solicitaba a la Comisión de Reglamento la creación de la Comisión sobre Sistemas de Conocimiento, Ciencia y Tecnología, la que fue aprobada por unanimidad.

Esta propuesta es un gran primer paso en materia de generación de nuevo conocimiento en el campo de las ciencias, tecnología, artes, cultura, patrimonio. No obstante, se deben tener algunas consideraciones relevantes con respecto al funcionamiento de este espacio que podría significar un cambio sustantivo del modo en cómo se investiga, para quién se investiga y quién financia estas investigaciones o podría quedarse en una declaración servil al mismo sistema hegemónico en el que estamos inmersos.

Lo anterior ameritará un debate ético-político importante donde los convencionales participantes de esta Comisión tendrán que ser capaces de definir para quién y cómo se crea conocimiento. Se trata de escapar de la visión antropocéntrica donde el concepto de utilidad atendido hasta ahora supone poner al ser humano en el centro de todo y, por tanto, invisibiliza a los otros seres vivientes de la biosfera. Por otro lado, abrazar un nuevo lenguaje de valoración donde se consideren valores inconmensurables mucho más allá de la crematística de los precios.

El derecho a conocer, a la creación y las ciencias, así como también a la relación entre la producción de conocimiento y el desarrollo integral, sin duda tiene un carácter territorial por esencia. Se trata de ir en contra del centralismo imperante.

Los convencionales están llamados a articularse con los gobiernos regionales considerando el diseño del sistema de traspaso de competencias actualmente en desarrollo que permita, en el caso de esta Comisión, generar las políticas regionales de investigación e innovación del conocimiento, desarrollo y transferencia de tecnologías, necesarias para el desarrollo regional, en el marco de la planificación nacional.

La responsabilidad de la conformación y de su modo de operar es imperativa y estará siendo seguida por una gran comunidad de científicos, artistas y comunidades locales y ancestrales que esperan un nuevo contrato social para sostener y proyectar un sistema de producción y circulación de conocimiento para un Chile del futuro.

Sandra Ríos, investigadora del Ceder-ULagos