Constitución y pobreza: Conceptos claves
El estallido social de 2019 es un hito crucial en la historia sociopolítica Chile, al poner en primer plano las necesidades y demandas de las poblaciones en exclusión social. Al estallido, se sumó la crisis sanitaria y económica generada por la pandemia, que ha relevado las numerosas formas de pobreza y vulnerabilidad que han impactado directamente en la contención del covid-19: el hacinamiento, la masificación del empleo informal y precario, la prevalencia de enfermedades asociadas al consumo de alimentos baratos y nocivos para la salud, entre otras.
Esta pandemia ha demostrado que logros aparentemente consolidados escondían una vulnerabilidad demasiado grande como para volver a ocultarla, cuyos efectos seguirán haciéndose sentir durante los próximos años.
Por lo mismo, la pobreza está lejos de ser un problema superado en Chile, de hecho, ha aumentado. Y existe una suerte de "lógica de la postergación" de los grupos más pobres y vulnerables, a quienes no se les hace partícipes de la solución de sus problemas. No se les pregunta, no se les oye, no se les considera.
Una convivencia social armónica requiere reducir las enormes brechas entre los estratos socioeconómicos más privilegiados y los más desventajados, lo cual hace imprescindible que los grupos especialmente vulnerables descritos en el documento "Constitución y Pobreza", que redactamos nueve organizaciones de la sociedad civil -Techo-Chile y Fundación Vivienda, Fondo Esperanza, Emplea, Súmate, Infocap, Espacio Mandela, Servicio Jesuita a Migrantes, Centro Vives de la Universidad Alberto Hurtado, Comunidad Jesuita de Tirúa y Hogar de Cristo- y que presentamos ayer a la Asamblea Constituyente, sean parte de las discusiones en pos de la Nueva Constitución, y puedan ocupar un lugar dentro de esta nueva carta magna.
La convivencia armónica entre las personas no se alcanza sólo en base a decisiones racionales, las que pasan por alto acciones guiadas por la solidaridad, el bien común y la justicia social. La justicia social implica reconocer la igualdad de las personas como seres dignos, lo que les permite ejercer sus libertades básicas y acceder a bienes económicos, sociales y culturales necesarios para alcanzar tanto el bienestar individual como el desarrollo social.
Si bien creemos indispensable que muchos bienes pueden ser intercambiados libremente en el mercado, todo acuerdo social debe estar construido en base a derechos que garanticen a todas las personas, sin excepción, las condiciones para vivir de manera digna, lo que nos conduce a enfatizar la situación de quienes se encuentran en contextos de exclusión y pobreza.
Para alcanzar la inclusión plena y efectiva de las personas en situación de pobreza, vulnerabilidad y exclusión se requieren cambios sociales en distintos niveles y con diferentes grados de profundidad, consagrando el reconocimiento de las personas como titulares de derechos en relación a recursos imprescindibles.
Proponemos además reconocer el derecho a prestaciones específicas de determinadas poblaciones vulnerables, como el acceso a terapias de rehabilitación en el caso de las personas en situación de discapacidad, o el de servicios de largo plazo en el de las personas mayores y de las que viven en situación de calle.
Esta protección, nuevamente, debe considerar un mandato específico al Estado: ser garante de principios como la dignidad y la justicia social. Esperamos que así sea.
Proponemos además reconocer el derecho a prestaciones específicas de determinadas poblaciones vulnerables, como el acceso a terapias de rehabilitación en el caso de las personas en situación de discapacidad, o el de servicios de largo plazo en el de las personas mayores y de las que viven en situación de calle.