Mujeres en roles públicos
Según el último Censo, más del 51% de las personas que habitan en Chile son mujeres, es decir poco más de la mitad. Sin embargo, esta paridad numérica no se ve reflejada cuando analizamos los porcentajes de participación de la mujer en el mundo público y, por consiguiente, en las decisiones que nos afectan a todos y a todas.
En más de 200 años de historia republicana, sólo una mujer ha ejercido la Presidencia, y recién en el año 2001 María Antonieta Morales se convirtió en la primera ministra de la Corte Suprema. Hoy son 8 de 21 ministros, pero ninguna de ellas ha presidido dicho Tribunal Superior. En el ámbito parlamentario, apenas el 23% de quienes ejercen roles en el Congreso son mujeres, y sólo el 10% de los directorios de las grandes empresas a nivel nacional son ocupados por mujeres.
En nuestra región la realidad no es muy distinta. En efecto, no hubo mujeres intendentas, y sólo contamos con una representante del género femenino en el rol de Ministra en la Ilustre Corte de Apelaciones de Puerto Montt y tres en la de Valdivia. En el año 2019, y luego de 16 años de iniciada la Reforma Procesal Penal, fui nombrada como la primera mujer fiscal regional de Los Lagos. Cabe hacer presente que durante la administración del actual fiscal nacional, el número de mujeres que lideran Fiscalías Regionales aumentó exponencialmente.
En los últimos años hemos sido testigos de diversos esfuerzos en la perspectiva de avanzar en una mayor incorporación de la mujer en espacios de decisión. La ley que fija cuotas de participación femenina para cargos de elección popular; el establecimiento cada vez más frecuente de políticas de género en instituciones públicas y privadas son una muestra de ello. Pero sin duda la máxima expresión en este ámbito se refleja en la instalación de una Convención Constituyente completamente paritaria.
Sabemos que históricamente la mujer ha sido relegada a los espacios privados, domésticos, reservándose el espacio público y de liderazgo de la sociedad a los hombres. Esto no sólo implica una desigualdad en el trato y valoración, sino que también una exclusión mayoritaria de la mujer del debate público y de las esferas de influencia y de toma de decisiones, privándose en consecuencia a la comunidad del aporte que puede efectuar más del 50% de la población.
Los espacios logrados hasta el momento han sido el fruto de incesantes esfuerzos protagonizados por movimientos de mujeres que, poco a poco, han ido conquistando, desde el derecho a voto, que hoy nos parece tan básico, hasta la posibilidad concreta de dirigir los destinos del país. Sin embargo, las dificultades para acceder a roles públicos también se extienden al ejercicio de los liderazgos. Lo anterior, porque se sigue esperando que las mujeres ejerzamos liderazgos masculinizados, incluso confrontacionales, como si la empatía y la capacidad para arribar a acuerdos fuesen señales de debilidad.
Así las cosas, aún distamos mucho como sociedad de que se comprenda la real valía de los aportes y características propias de los liderazgos de mujeres, los que siguen pasando por el escrutinio de miradas que responden a modelos culturales que ya no se condicen con la necesaria equidad de género.
Tenemos la convicción de que para erradicar las persistentes discriminaciones que afectan a mujeres para acceder y ejercer roles públicos, es imprescindible educar. Sería deseable que expertos en educación pudiesen diseñar programas que promuevan, desde la primera infancia, conductas de pleno respeto entre hombres y mujeres, y que reconocieran explícitamente las capacidades de ambos para desempeñarse en todos los ámbitos de la vida. Lo anterior, sin perjuicio de que se continúe avanzando en políticas públicas tendientes a eliminar, o al menos atenuar, las evidentes desigualdades que aún observamos.
Tenemos la convicción de que para erradicar las persistentes discriminaciones que afectan a mujeres para acceder y ejercer roles públicos, es imprescindible educar.