La larga historia reciente de hechos de violencia en la Macrozona Sur del país vivió la madrugada de ayer jueves un nuevo y complejo episodio tras registrarse un ataque incendiario en la costera comuna de Tirúa, en la Provincia de Arauco de la Región del Biobío, que dejó dos víctimas fatales como lamentable saldo, entre ellas presuntamente una menor de edad.

En circunstancias que investiga la Policía de Investigaciones (PDI), cerca de las 5 de la madrugada desconocidos armados irrumpieron en un complejo de cabañas en el sector de Manquechue, en la ruta P72S, donde han tenido lugar decenas de ataques, entre ellos la emboscada a un equipo periodístico de TVN .

Indagación

Según los antecedentes en ese lugar, una decena de sujetos efectuó algunos disparos, amenazó a las personas que había, y luego prendió fuego a tres cabañas y a un vehículo, hechos en los que dos personas perdieron la vida.

El jefe de la Brigada de Homicidios (BH) de Concepción, presente en el lugar por requerimiento de la Fiscalía de Cañete, subprefecto Óscar Alvarado, confirmó que uno de los cuerpos corresponde a una persona de sexo femenino, pero que aún no se ha podido determinar la identidad de ambas víctimas, a la espera de pericias científicas.

Presente en el lugar del lamentable hecho, el delegado presidencial de Biobío, Patricio Kunh, aseguró que de acuerdo con la información y antecedentes disponibles "este hecho estaría vinculado al narcotráfico". Según agregó, se infiere el nexo con ese tipo de crímenes "por el modus operandi" de la situación y además "porque había una persona que está vinculada y tiene antecedentes".

Críticas

En tanto, el gobernador regional de Biobío, Rodrigo Díaz, apuntó derechamente a La Moneda. " Es grave lo que está pasando ya que no hay estado de derecho en esta zona del país, y esto es porque el Gobierno no hace su trabajo mediante el Ministerio del Interior", sostuvo en radio Biobío, donde emplazó al ministro: "si (Rodrigo) Delgado tuviera la suficiente hombría, debería presentar su renuncia", espetó, asegurando que ha sido "incapaz de dar el ancho en los problemas de seguridad de nuestra zona".

Pero las críticas no sólo llegaron desde la oposición. Parlamentarios oficialistas fueron también duros con el manejo del Ejecutivo en la conflictividad en la zona sur.

Una declaración conjunta del senador Felipe Kast y los diputados Andrés Molina y Sebastián Álvarez, todos de Evópoli, instó al Ejecutivo a "reconocer la incapacidad estructural del Estado que, una vez más, ha fallado en garantizar la seguridad de los ciudadanos"

El diputado Miguel Mellado (RN) también apuntó al gabinete. "Espero que de una vez por todas entienda el Gobierno, que esto es algo serio y que sube de tono todos los días y que no hace nada para combatir este narcoterrorismo que existe en la Macrozona Sur", dijo, señalado que la situación "ya es algo dantesco".

"Este hecho estaría vinculado al narcotráfico. Por el modus operandis y por una persona vinculada".

Patricio Kuhn, Delegado presidencial

"No hay estado derecho en esta zona del país, porque el Gobierno no hace su trabajo mediante Interior".

Rodrigo Díaz, Gobernador Regional Biobío

Durante la jornada de ayer la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados dio inicio al análisis y discusión del proyecto de ley que propone modificar el Código Civil y otros cuerpos legales para regular, en igualdad de condiciones, el matrimonio de parejas del mismo sexo, también conocido como "matrimonio igualitario".

En la instancia, sus integrantes acordaron votar la idea de legislar el próximo 9 de septiembre, luego de desarrollar sesiones de audiencias con organizaciones de expertos y de la sociedad civil -que iniciaron ayer- y de discusión general de la moción.

La iniciativa, inicialmente ingresada en 2017 bajo el gobierno de Michelle Bachelet, ha dado importantes pasos en el Congreso luego que el Presidente Sebastián Piñera anunciara urgencia a la discusión de la moción en su cuenta pública de junio, y a fines de julio ya fue despachada por el Senado, que lo aprobó en general.

En la jornada de ayer, la comisión que preside el diputado Marcos Ilabaca recibió a la subsecretaria de Derechos Humanos y vocera del Ejecutivo en la discusión de la norma, Lorena Recabarren; a Ramón Gómez, encargado de DD.HH. del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh); a Isabel Amor, de la Fundación Iguales; a Elisa Walker, de la Comisión de Diversidad e Inclusión del Colegio de Abogados de Santiago

Según la subsecretaria Recabarren, la importancia de la iniciativa es que permite llevar al país a los estándares internacionales de DD.HH, "garantizando la igualdad ante la ley y el derecho de todas las personas al matrimonio", situación hoy insuficiente con el Acuerdo de Unión Civil, que tiene efectos jurídicos distintos al matrimonio.

Objeción

Durante la discusión iniciada ayer, parlamentarios de la UDI anticiparon que presentarían una indicación que estableciera una suerte de "objeción de conciencia" para que las iglesias no estén obligadas a celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo, pese a que la moción busca no legislar lo relativo a los credos, sino al ámbito civil.

Según explicó el diputado Manuel Fuenzalida a Canal 13, "esta opción nos permite votar a favor de este proyecto de ley ya que protegemos a ambas sensibilidades presentes en la sociedad".

En el debate, los organismos convocados coincidieron en que la modificación va en contra de las ideas matrices del proyecto que regula el matrimonio civil.

El Movilh, a través de su vocero Rolando Jiménez, aseguró que "se trata de una maniobra dilatoria y homofóbica, que no tiene ninguna posibilidad de éxito". En tanto, la directora ejecutiva de Fundación Iguales pidió rechazar la indicación señalando que va en contra de la esencia de un "proyecto que permite habilitar el acceso de las parejas del mismo sexo al matrimonio civil, y lo que tiene que ver con matrimonio religioso es algo que no les es competente".