"El Minvu, además de otorgar subsidios habitacionales, también ha entregado subsidios de arriendo y de gastos de traslado transitorio, para que abandonen más rápido los campamentos, con el compromiso ante notario de desarmar sus viviendas. No obstante, nos encontramos cada cierto tiempo con este tipo de ofertas que obstaculizan nuestra labor y de otros organismos con quienes compartimos la tarea de entregar mejor calidad de vida a las familias que realmente lo necesitan", señaló Gunckel.

Desde el 2014 se concreta el cierre de 10 campamentos en la comuna, ya sea por la construcción de proyectos de erradicación completos, por subsidios individuales para comprar casas o con vivienda en proyectos integrados. Sin embargo, la problemática se mantiene, ya que la demanda de viviendas sociales en Osorno consideraba, hasta el 2019, a más de 2.500 familias agrupadas en 42 comités de allegados y 594 familias viviendo distribuidas en los campamentos Por un Futuro Mejor 3, Ladera Schilling, Buscando Futuro, Bienestar, Pedro Montt y Por un Futuro Mejor.

Esta realidad se incrementó explosivamente desde 2019, al aumentar las familias viviendo en 10 nuevos asentamientos irregulares, como son Chaurakawín, Dignidad, Los Pinos, Progreso a un futuro mejor, Luz y Esperanza, Nuevo Sueño, Folilche, Esperanza viva, Tierra Nuestra y Suyai. Todos representan un alza de 371 familias, llegando a un total de 965 que están a la espera de acceder a una mejor calidad de vida y cumplir el anhelo de la casa propia.

Reacciones

"Esto es un secreto a voces desde hace varios años y es una de las razones porque aumentan las tomas de sitios. Yo vivo en una porque espero acceder al subsidio y creo que uno de los factores que genera el aumento de tomas desde el 'estallido social', es porque ahora venden las mediaguas y los derechos en campamentos, y nada barato. Al final todo es un negocio y perjudica a quienes realmente lo necesitamos y no tenemos otra opción, porque yo no tengo $5 millones para comprar una mediagua en un campamento antiguo", indicó Rocío, quien prefiere omitir su apellido por seguridad.

Rubén Licán, histórico dirigente del llamado macro campamento de Rahue Alto (agrupa a más de 400 familias), explicó que los dirigentes no tienen ninguna atribución legal para realizar alguna intervención frente a este tipo de situaciones, que han sido conversadas con las autoridades. Enfatizó que cuando las personas llegan a vivir a las mediaguas no pueden ser expulsadas, "pensemos en las situaciones de las llamadas 'casas ocupa' o cuando los arrendatarios se quedan por años. Ahí hablamos de propietarios que no pueden recuperar sus viviendas, entonces, ¿qué herramientas tenemos nosotros?, ninguna. Sólo tratamos que no se sumen más, pero esto es responsabilidad de los dueños de los terrenos, en este caso del municipio", enfatizó Licán.

Agregó que se debe diferenciar entre quienes venden sus mediaguas para que sean retiradas de los terrenos, que es incluso un apoyo para avanzar en la erradicación de los campamentos, con quienes las venden para que otra familia siga en el mismo lugar.

"Como en tantas otras cosas que son irregulares, nadie hace nada. Los dirigentes no somos los responsables de fiscalizar ni regularizar estos actos. Es lamentable, porque es una forma de vulnerar el sistema y nosotros que llevamos muchos años esperando por la casa propia, hemos cumplido con todos los procesos. Es un tema muy complejo", precisó.

El alcalde Emeterio Carrillo señaló que no existe ninguna denuncia formal ingresada en la municipalidad respecto al tema, "es un tema extremadamente complejo. Veremos con el área jurídica si tenemos alguna facultad. Pero el llamado es a no caer en estas compras fraudulentas", dijo.

965 familias viviendo en campamentos se registran actualmente en la comuna, esto significa 371 más que antes de octubre de 2019 y la pandemia, cuando la cifra era de 594.

$6 millones es el precio de venta de una mediagua con espacio en campamentos ubicados en terrenos privados o fiscales tomados de forma irregular.

16 asentamientos irregulares hay en la comuna, 10 de ellos son tomas ilegales generadas a partir de octubre del 2019. Autoridades buscan solucionar el problema y frenar tomas y ventas de espacios en estos lugares.