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La cueca en pelotaLa declaración con la que inició su funcionamiento la Convención Constitucional, a través de la cual se hizo un llamado a los poderes constituidos a aprobar con celeridad la ley de indulto general -que dicho sea de paso es más bien una amnistía-, revivió la polémica respecto de esa cuestionada iniciativa legal que buscar favorecer penalmente a quienes cometieron delitos en el marco del mal llamado estallido social, pero al mismo tiempo generó también un debate público en torno a la competencia que se arrogaron los constituyentes.
En cuanto a lo primero, se ha sostenido que se funda en el carácter político que tienen los delitos o imputados, idea que se ha tratado de instalar con un discurso tan repetitivo como falaz. No sólo el derecho penal proscribe esa posibilidad, sino que en nuestro país tenemos además un modelo de enjuiciamiento penal acusatorio de corte garantista, que tiene como uno de sus pilares el respeto y vigencia de los derechos fundamentales. El sistema penal sólo conoce de "hechos" y no de "ideologías", hechos que son además "constitutivos de delito" y que, en este caso, son tan graves como homicidios, lesiones, incendios e infracción a la Ley de Control de Armas, entre otros.
Por otra parte, insistir el perdón en base a ese argumento lleva a una conclusión tan falsa como inaceptable, desde que implicaría sostener que la Fiscalía ha perseguido y los tribunales han juzgado a personas por sus ideas políticas, lo que además es absurdo. Y si para justificar la tesis se amplía el concepto de delito o imputado "político" vinculándolo al móvil o motivación que tuvo el sujeto para delinquir, entonces lisa y llanamente hoy en nuestro país se pasaría a validar y legitimar la violencia (delito) como método de acción política, así de simple, pero nadie lo dice.
Sobre lo segundo, la declaración de la Convención es una muestra más de la improvisación que marca desde su génesis todo el proceso constituyente y de su uso político. La pega es redactar una nueva Carta Fundamental y lo que vemos es un Congreso paralelo, con el doble de políticos. Inmiscuirse en las atribuciones de los órganos constituidos del Estado por cierto que daña la separación de poderes, base de la democracia y el Estado de Derecho. Hoy cabe preguntarse entonces: ¿Quién controla a la Convención y a los constituyentes?
Pero en Chile parece que de un tiempo a esta parte todo da lo mismo y ya ni siquiera esperamos el mes de septiembre para bailar la cueca en pelota.
Marcos Emilfork, ex fiscal regional de Los Lagos
Aprovechamiento político
Si hay alguien que ha sacado réditos políticos con el actual momento político del país es Yasna Provoste.
La actual presidenta del Senado ha aprovechado instancias como la extensión del pago del IFE y el bono alivio pyme para hacer apariciones públicas con los beneficiados. Tampoco olvidar sus reuniones con el Colmed para generar propuestas para el Plan Paso a Paso, o su reunión con la mesa directiva de la Convención Constituyente para autorizar el uso de la biblioteca del Senado. Además, no se puede obviar que se ha puesto como cara visible del proyecto de indulto a los presos del denominado "estallido social", siendo que ella fue una de las que rechazó tajantemente la declaración de La Lista del Pueblo que exigía la liberación de ellos.
Es momento de que Provoste defina su posición, para que deje de utilizar su cargo en el Senado como una plataforma para impulsar su candidatura presidencial.
Francisca Herrera, cientista político
Alimentación para todos
Las recientes noticias entregadas por la FAO en torno a un crecimiento de la desnutrición y el hambre a nivel global, el avance de los precios de los alimentos y la pandemia de la obesidad que vendría posterior a la del covid-19, deberían alertar a autoridades y líderes de opinión.
Si bien Chile no ha sufrido grandes problemas de desnutrición, ya hay voces que advierten el avance que ha tenido el problema a nivel infantil. Un escenario que se podría agravar debido al alza en los precios de ciertos alimentos, como el pollo, el pan o los huevos, que distan de la realidad económica de la mayoría de las familias del país, llevando a suplirlos por otros de peor calidad. Esto podría repercutir y acrecentar la obesidad y sobrepeso que, de acuerdo a cifras de la Federación Mundial de Obesidad, sufren más de diez millones de personas en Chile.
Para hacer frente a estos problemas, debemos unir fuerzas, tanto el sector público como el privado, para que cada hogar de Chile pueda contar con una alimentación de calidad, ya sea a través de la entrega directa de beneficios, como impulsando políticas públicas que permitan asegurar una alimentación saludable y al alcance de los chilenos.
No podemos dejar de seguir avanzando en esta materia y relegarla a un segundo plano.
Francisco Droguett