"Estallido social": amnistía sacaría de la cárcel a sólo un condenado de la Región de Los Lagos
CONVENCIÓN. Felipe Santana es la única persona en prisión por delitos ocurridos durante la revuelta. Fue condenado a siete años de cárcel por el incendio frustrado de la catedral de Puerto Montt, con personas adentro. Ex fiscal regional criticó propuesta de indulto general.
Aunque la Fiscalía Regional declinó referirse al planteamiento realizado desde la Convención Constitucional, respecto a lograr una masiva amnistía de quienes están detenidos por delitos ocurridos durante el llamado "estallido social", sí se confirmó que en este punto del país no existen imputados en prisión preventiva.
En tal sentido se ratifica desde la instancia persecutora que sólo una persona permanece en presidio, en calidad de condenado a una pena de siete años, por tres delitos: incendio en calidad de frustrado de la catedral de Puerto Montt, hurto simple y daños a bienes nacionales de uso público.
Los ilícitos ocurrieron entre el 13 y 22 de noviembre en calle Urmeneta, entre San Martín y O'Higgins. Santana fue identificado, mediante fotografías y videos, provocando daños en los pilares de la Catedral, cuyo avalúo es de $10 millones; prendiendo fuego en la puerta de la Catedral -con fieles en su interior-, ingresando al templo para sacar las bancas y destruir objetos religiosos, lo cual representa unos $60 millones en daños.
Desde la Fiscalía Regional se indica que por instrucciones de la Fiscalía Nacional "hay reiteración en cuanto evitar pronunciamientos en esa materia".
Amnistía
Para el ex fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, los constituyentes tienen un solo trabajo: "Escribir una Constitución. ¿Lo están haciendo hoy? No. Y eso que están contra el tiempo. Con la declaración por el indulto general queda en evidencia que hoy tenemos dos congresos en Chile y el doble de políticos, todo lo que como ciudadanos no queríamos. ¿Quién controla a la Convención y sus integrantes?", remarcó el profesional
Sobre el indulto general explica "que en realidad es una amnistía, no tiene justificación alguna, salvo favorecer la delincuencia, la violencia y la impunidad como estrategia política. Ademas es una institución anacrónica, que de suyo pugna con la separación de poderes propias de la democracia. De esta forma, insistir en el perdón de quienes cometieron graves delitos equivale a debilitar aún más el Estado de Derecho".
En tal sentido, Emilfork descarta que en Chile existan "presos políticos, menos aún con un proceso penal marcadamente garantista y con una Fiscalía que ha sido débil en la persecución penal. Quien sostenga eso esta mintiendo en la cara", asevera.
El abogado Juan Cristóbal Grünwald es coincidente con Emilfork y señala que el órgano constituyente está formado para otra cosa, que es generar un proyecto para una nueva Constitución Política.
"Involucrarse en temas que no estén específicamente asociado a ello y que tienen que ver con reaccionar ante situaciones de la contingencia y que además implican intervenir en un poder del Estado autónomo, como lo es el judicial, es improcedente y transgrede el marco para el cual fueron designados para constituyentes", manifiesta Grünwald.
Impunidad
El 10 de julio, y en el marco del debate por la liberación de los presos e imputados por delitos durante el estallido social (ver cuadro), la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, rechazó la idea que el sistema judicial penal haya "criminalizado la protesta social".
Según la persecutora de la Región de Valparaíso, un preso político "no es quien destruye o ataque bienes públicos, incendia, saquea o roba".
Perivancich sostiene que "esta pretensión de impunidad generalizada no tiene sustento. El sistema actual cuenta con todas las garantías para revisar situaciones donde se pudieran ver afectados los derechos de una persona. El fiscal nacional ha señalado que se le indique cuáles serían las personas presas injustamente y nadie ha respondido a esa interpelación, que hacemos nuestra".
Según la fiscal regional de Valparaíso no se pueden confundir conceptos "un preso político es quien está privado de libertad por sus ideas, por expresarse en contra el sistema, las estructuras de poder o la autoridad. No es quien destruye o ataque bienes públicos, incendia, saquea o roba".
Defensoría penal
En diciembre de 2020, el ex defensor nacional Andrés Manhke señaló que los presos del estallido "están vinculados a determinados hechos ilícitos que se les han imputado y que dicen relación no con una persecución política, sino con una persecución penal". En esa oportunidad también anotó que, de los más de 72 mil casos que atendieron desde el 18 de octubre de 2019, sólo tres serían sujeto de indulto (en ese momento, además de Santana, había otros dos imputados presos, quienes hoy cumplen penas en libertad).
El Llanquihue consultó a la Defensoría Regional su postura respecto a este debate, sin embargo, y al igual que el ente persecutor, declinaron emitir comentarios.
Declaración sobre presos de la revuelta
El pleno de la Convención Constitucional aprobó por 105 votos a favor, 34 en contra y 10 abstenciones una declaración que aborda la situación de las personas detenidas por participar en hechos de violencia después del llamado "estallido social" y la "desmilitarización del wallmapu", publicó Emol. Según el acta de la votación, cuatro convencionales de la región aprobaron la instancia: Gaspar Domínguez (Ind.), Mario Vargas (PS), Julio Álvarez (PS) y Adriana Ampuero (Ind.).
El petitorio titulado "la Convención Constitucional a los órganos del poder constituido sobre la prisión política en Chile y la militarización del wallmapu", señala que "la revuelta social costó decenas de vidas, violaciones a los DD.HH. cometidas por agentes del Estado (…) que no podemos invisibilizar". "Miles de personas fueron detenidas y sometidas a condiciones ilegales, acusadas de manera injusta, arbitraria e inhumana, mientras que otro gran número nunca tuvo un debido proceso ni la aplicación de la presunción de inocencia", añade, junto con recalcar que a casi un año y medio de los hechos aún no hay juicio para ellos.
La solicitud de indulto, según detalla Diario Constitucional, se basa en un proyecto de ley presentado en diciembre de 2020, en el que se busca dar una solución política a las personas imputadas por delitos causados en el marco de las protestas sociales del denominado "estallido social".
"Con la declaración por el indulto general queda en evidencia que hoy tenemos dos congresos en Chile y el doble de políticos"
Marcos Emilfork, Ex fiscal regional de Los Lagos
18 de octubre de 2019 partió el estallido social en Santiago. Un día después comenzaron las movilizaciones en Puerto Montt.