El domingo fue un día importante para el país en general y, especialmente, para quienes han luchado por décadas a favor de la descentralización. Por primera vez en la historia de Chile se pudo elegir democráticamente a quien liderará a los Gobiernos Regionales (Gore), dejando atrás las figuras de los intendentes designados desde La Moneda, quienes dirigían los territorios en representación presidencial.

Se trata de un paso significativo en el camino hacia una mayor autonomía. Una ruta que comenzó en 1990 con la estructuración de los primeros Gore que incluían a un intendente y a un Consejo Regional, Core (similar al que se conoce actualmente, pero con integrantes designados por los concejos municipales); siguió en 2013 cuando esos cores fueron electos de manera directa y ahora se completa con la figura del Gobernador Regional, que presidirá el Consejo y será -con legitimación popular en las urnas- la primera autoridad local.

Si bien las atribuciones de quien llegue a ese cargo todavía serán pocas y el presupuesto para su labor, escaso; su presencia marcará un hito, e incidirá en la toma de decisiones sobre el desarrollo y la planificación de largo plazo, cumpliendo un programa validado por la comunidad con su voto.

Según la Subdere, esta nueva autoridad, junto a su respectivo Consejo Regional, asumirán tareas relacionadas con la administración del presupuesto, planificación del territorio, la coordinación de las tres nuevas divisiones de los Gobiernos Regionales, -Fomento Productivo e Industria; Desarrollo Social y Humano; Infraestructura y Transporte-, y la elaboración de políticas públicas destinadas a potenciar el desarrollo equilibrado de los territorios.

La misma entidad sostiene que la figura del intendente regional, tal como la conocemos hoy, desaparecerá. Sin embargo, se crea el cargo del delegado presidencial, que será designado por el Presidente de la República y asumirá funciones asociadas a velar por la tranquilidad, el orden público y el resguardo de las personas, además de aplicar el auxilio de la fuerza pública, y situaciones asociadas a la Ley de Extranjería. Las atribuciones administrativas que tenía el intendente, como el proponer el destino de las inversiones regionales, ahora serán del gobernador.

Más que como la culminación de un proceso, la reciente elección de gobernadores regionales debe ser comprendida como el punto de partida para una nueva etapa -todavía extensa y compleja- en la construcción de una descentralización efectiva para nuestros territorios. En efecto, la figura del gobernador regional no es aún todo lo fuerte que hubiéramos querido y requiere todavía de mayores atribuciones y recursos. Pero su elección e instalación es un punto de inicio adecuado para avanzar en la consolidación de la autonomía regional.

La otra opción, la que defendían los que prefieren un poder rector centralizado y monolítico, era la de postergar sucesivamente las elecciones a la espera de que las condiciones fuesen ideales.

Las condiciones, sin embargo, nunca serán ideales. Por eso era necesario dar el paso de elegir al gobernador regional y poner en marcha la nueva institucionalidad. El proceso constituyente de seguro ofrecerá un marco futuro para el desempeño de los gobiernos regionales. Mientras, el trabajo legislativo que estamos desarrollando profundizará el fortalecimiento del rol de las nuevas autoridades.

Al Gobierno nunca terminó de agradarle la idea de los gobernadores regionales, por eso dilató el proceso de traspaso de competencias, por eso insistió en la figura del delegado regional y por eso, también, la ciudadanía se expresó de manera inapelable en las elecciones, entregando la responsabilidad de la gobernación a una inmensa mayoría de candidatos opositores.

La relación entre gobernador y delegado decantará más temprano que tarde en favor de los primeros, que son los depositarios del mandato popular y poseen por tanto, una fuerza política y una representación territorial indiscutibles.

Es cierto que esta segunda vuelta concitó menor interés entre los electores a nivel nacional. El temor a la pandemia, las cuarentenas vigentes, e incluso ciertos niveles de desinformación respecto del rol de este nuevo actor político, contribuyeron a un escenario de baja participación que no hace sino reforzar la idea de un cambio en el sistema electoral, devolviendo al voto su carácter de obligatorio. No obstante, mientras se mantenga el sistema de voto voluntario, y aunque la abstención sea alta, nadie puede poner en cuestión la legitimidad del proceso.

Rabindranath Quinteros, senador por la Región de Los Lagos