Chile tiene una de las tasas de penetración de internet más altas de Latinoamérica, con un 80% de la población conectada y que ha sido una gran ventaja durante esta pandemia, sobre todo para el teletrabajo y el teleestudio. Pero a la vez representa un desafío frente a los ataques informáticos.

Un informe de la empresa de seguridad Symantec ubicó a Chile en el quinto lugar de los países latinoamericanos más propensos a los ciberdelitos. El estudio dice que Brasil encabeza el listado, seguido de México, Venezuela, Argentina y luego Chile. El ataque más recurrente en el país ha sido el ransomware, técnica utilizada por los hackers para bloquear dispositivos y exigir un rescate a cambio de recuperar el acceso. En ello, Chile se ubica en el tercer lugar en Latinoamérica y es número 10 del mundo. La segunda amenaza recurrente en Chile es el phishing o robo de información personal, como contraseñas o datos de tarjetas de crédito, que perjudica principalmente actividades y clientes del comercio mayorista, multitiendas y empresas de servicio. En tercer lugar están los ataques web, en los que Chile ocupa también el tercer lugar en Latinoamérica y 40 en el ranking global.

Hace unos días, el senador Kenneth Pugh dijo que es prioritario en este nuevo escenario de amplitud y dependencia digital la protección de los datos personales y la generación de la confianza digital. Para esto último, se están tramitando dos proyectos relacionados con la seguridad informática que conforman un gran sistema nacional de ciberseguridad: la ley de delitos informáticos y la ley que protege los datos personales. Además, se propone crear una Agencia Nacional de Protección de Datos, que será una entidad que fiscalizará el cuidado de la información, como también la fundación del Instituto Nacional de Ciberseguridad. Además, es necesario seguir enfatizando que las personas tomen más conciencia de los peligros que se generan al estar más expuestos a las redes digitales, ya que la mayoría de los ciberataques ocurren por responsabilidad de los usuarios. Según reportes y estudios de IBM y consultoras internacionales, más del 90% de los incidentes de ciberseguridad se producen por un error humano.

Desde el año 2010 la Ley 20.412 estableció por 12 años un sistema de incentivos para fomentar la recuperación de suelos degradados para uso agropecuario a través de un cofinanciamiento público-privado. Los orígenes de esta ley se remontan a mediados de los años noventa, época en la cual nuestro país firmaba acuerdos de complementación económica con cada uno de los miembros del Mercosur. En ese entonces, y a solicitud de los productores agrícolas del sur, el gobierno de la época estimó necesario generar un instrumento que incentive la inversión en fertilidad de suelo, habida consideración de las importantes brechas que en materia ganadera y agrícola existían entre nuestro país y sus nuevos "socios" comerciales.

Gracias a esta ley, 1.300.000 hectáreas han alcanzado niveles de fertilidad que permiten sustentar una cobertura vegetal permanente, evitando así procesos erosivos y por consiguiente la pérdida del recurso suelo. Además de lo anterior, debe destacarse que este incentivo ha ido focalizado de manera muy eficiente a miles de productores agrícolas de tamaño medio (38%) y pequeños (60%), estos últimos sin considerar a los usuarios del Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (Indap).

Gracias a la creación de instancias regionales, han sido los propios usuarios los responsables de priorizar las prácticas a bonificar, resultando así que las más relevantes han sido la corrección de la fertilidad fosfatada, el uso de enmiendas calcáreas y el establecimiento de cubiertas vegetales permanentes.

En el caso de los usuarios del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), la demanda por estos recursos supera con creces los $10 mil millones, generándose una demanda insatisfecha superior al 40%. Una situación inversa se genera anualmente en el Indap, donde los recursos asignados normalmente superan las necesidades del sector.

El desafío para recuperar los niveles de fertilidad de los suelos agropecuarios está lejos de terminar y requiere con urgencia que el gobierno inicie la discusión inmediata de una nueva ley de recuperación de suelos, oportunidad en la que deberá velarse por mantener el criterio productivo de este incentivo y, por otro lado, velar porque los recursos que se asignen se destinen a la inversión en fertilidad.

Christian Arntz Mac Evoy, presidente de la Sociedad Agrícola y ganadera (Sago)