Efe

En una nueva jornada de violencia en Colombia, una turba intentó incendiar el Palacio de Justicia y una sede de la alcaldía donde estaban almacenadas vacunas contra covid-19 en la ciudad de Facatativá, en el departamento de Cundinamarca, centro del país, informó Nicolás García, gobernador de Cundinamarca.

La madrugada del domingo, las fachadas de ambos edificios ardieron en llamas causadas por bombas incendiarias, pero el fuego no provocó daños estructurales como sí pasó con el Palacio de Justicia de la ciudad de Tuluá que fue quemado por una turba la semana pasada.

El gobernador explicó que los atacantes no dejaron pasar a los bomberos, por lo que tuvieron que enviar al Ejército para actuar.

"Insistimos, la vía del diálogo siempre encontrará en nosotros un interlocutor. No había Esmad (Escuadrón Antidisturbios) en la ciudad, no había confrontación, fueron hechos unilaterales los de querer vandalizar edificios públicos", dijo García.

Espiral de violencia

Junto a Cali, epicentro de las protestas y donde, según reportes que recibió ayer la ONU, hubo 14 muertos y 98 heridos (54 por disparos) durante los enfrentamientos que ocurrieron desde el viernes en la noche, las ciudades de Madrid y Facatativá, ambas en Cundinamarca, ahora también están militarizadas.

El presidente de Colombia, Iván Duque, ordenó "el mayor despliegue" de "asistencia militar" el viernes por la noche, cuando se cumplió un mes de protestas que dejan 60 muertos, según organizaciones sociales, y 43 según la Fiscalía.

Ese día en varias ciudades hubo fuertes enfrentamientos entre la fuerza pública y los manifestantes e incluso escenas de civiles armados disparando a los manifestantes, ante la inacción de la policía.

En Madrid y Facatativá, dos municipios cercanos a Bogotá, también hubo disturbios el viernes, incluyendo agresiones de la policía a periodistas en la primera ciudad, y el intento de quemar estaciones de la policía en la segunda.

"Situaciones como las que se presentaron en Facatativá no tienen justificación y requieren la intervención inmediata de la fuerza pública", alegó el gobernador de Cundinamarca en relación a los ataques de la madrugada del domingo.

Golpeado hasta morir

Las protestas en Colombia comenzaron el 28 de abril contra un intento de reforma tributaria, ya retirado, y continúan desde entonces con una multiplicidad de reclamos, centrados en la violencia policial y la pobreza, sobre todo en Cali.

Por su parte, la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, expresó su preocupación por el estallido de violencia en la ciudad de Cali y pidió una investigación "independiente" sobre las 14 muertes de las que fue informada su oficina.

"Es esencial que todas las personas que presuntamente causaron lesiones o muerte, incluidos funcionarios del Estado, estén sujetas a investigaciones rápidas, efectivas, independientes, imparciales y transparentes, y que los responsables respondan ante la ley", aseguró.

Bachelet enfatizó que entre los muertos habría un policía que "fue golpeado hasta morir por la muchedumbre" en Cali. "Estos hechos son muy preocupantes tras el progreso que se estaba haciendo para resolver la revuelta social a través del diálogo", lamentó.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al Estado colombiano "a investigar pronta y diligentemente estos hechos y sancionar a los responsables" e hizo un llamado "urgente" a fortalecer el diálogo entre las partes, al que se dijo dispuesto a contribuir.

El tablero político en Israel tuvo un revés para el primer ministro en funciones, Benjamín Netanyahu después de que el líder ultranacionalista, Naftali Bennett, cuyo partido Yamina es clave para inclinar la balanza de la formación de Gobierno, anunció su apoyo a crear Ejecutivo con el bloque opositor que lidera Yair Lapid.

"En este momento decisivo, debemos asumir responsabilidades. Pretendo hacer todo lo que está en mi poder para formar un Gobierno de unidad nacional con mi amigo Yair Lapid", anunció Bennett.

Después de que Israel tuvo cuatro comicios en solo dos años, en medio de un largo bloqueo político y con Netanyahu que no consiguió formar un Ejecutivo con el bloque de derecha, los únicos escenarios actuales son "unas quintas elecciones" o crear "un Ejecutivo de unidad" que lo evite.

Bennett ayer rechazó de nuevo formar una coalición de derecha liderada por Netanyahu, que lleva más de una década en el poder en Israel y que enfrenta varios casos judiciales por corrupción.

"Ese intento falló, porque no nos creímos las promesas que nos ofrecieron", aseguró Bennett.

Según medios locales, Benett y Lapid estarían negociando un Ejecutivo de alternancia en la jefatura de Gobierno. El primero desempeñaría el cargo de primer ministro los primeros dos años y Lapid en los dos últimos.

Tras el anuncio, Netanyahu condenó la decisión de Bennett y lo acusó de "traicionar" a la mayoría de ciudadanos que votaron por partidos de derecha y alertó del "peligro" de un Ejecutivo izquierdista.

"En lugar de crear un Gobierno de izquierdas peligroso, podríamos conformar un Ejecutivo de derecha" con rotación en la jefatura de Gobierno junto al mismo Benet y el derechista Guidéon Saar, manifestó el premier en funciones.

"Esto es muy poco convencional y bastante retorcido, pero la posibilidad de un gobierno de izquierda es aún peor", aseguró Netanyahu.

Argentina enfrenta hoy al fin del plazo para saldar toda su deuda de 2.400 millones de dólares con el Club de París, sin que haya logrado un acuerdo de refinanciación, pero el Gobierno de Alberto Fernández confía en avanzar con las negociaciones para no llegar a un cese de pagos.

El plazo vence hoy y, de no saldarse la deuda antes de que caduque el periodo de gracia de 60 días, el foro de 22 países podría declarar a la nación trasandina en cese de pagos.

El Gobierno de Fernández, ha insistido en reiteradas ocasiones que Argentina, en severa recesión desde hace tres años, no está en condiciones de afrontar los pagos al Club de París y al Fondo Monetario Internacional (FMI).

Sin embargo, el Gobierno confía en avanzar en negociaciones que le permitan esquivar un "default" y para ello sumó importantes apoyos de líderes mundiales.

La actual deuda que Argentina mantiene con el Club de París proviene de un acuerdo de pagos sellado en 2014, durante el Gobierno de Cristina Fernández (2007-2015), cuando se renegociaron los vencimientos que el país tenía pendientes tras haber caído en cese de pagos a finales de 2001.

El acuerdo de 2014 estableció un periodo de pago de cinco años, hasta mayo de 2019, que podría extenderse por dos años más.

Negociaciones

Sin embargo, hace un año el Gobierno de Fernández pidió negociar una extensión del vencimiento y una reducción de la tasa de interés, pero aún no hay acuerdo.

El Club tiene entre sus condiciones para conceder una reestructuración de deuda que el país solicitante tenga un programa vigente con el FMI, algo que Argentina, que busca refinanciar deudas con ese organismo por unos 45.000 millones de dólares, negocia desde el año pasado y tampoco ha tenido éxito.

El acuerdo de 2014 establece que si Argentina "incumple con los pagos", el foro "puede declarar públicamente, a partir de los 60 días", que Argentina "se encuentra en cesación de pagos con respecto a sus acreedores del Club del París".

Fernández apuesta a conseguir dentro de este "período de gracia" un pacto con el FMI que le sirva, a su vez, como garantía para acordar con el Club de París o, al menos, algún tipo de auditoría de las cuentas de Argentina por parte del Fondo que le permitan dar una señal al foro de países acreedores.