Un informe publicado por la prestigiosa revista Science dio cuenta cómo las desigualdades económicas y sociales en Chile jugaron un papel importante en la propagación de la pandemia, y, así también, aseguró que la tasa de letalidad de las zonas vulnerables era tres veces mayor que la de las comunas de mayor nivel socioeconómico de nuestro país.

En la publicación de Science, una revista científica y órgano de expresión de la American Association for the Advancement of Science (AAAS), la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia, se explican cuáles son los motivos de estas grandes diferencias, que se deben al tipo de trabajo que tienen la mayoría de las personas de los sectores más vulnerables, que no les permite cumplir con las cuarentenas, ya que los trabajadores, deben salir día a día para ganarse el sustento, tanto en un trabajo informal o en ocupaciones presenciales que los obliga a salir de sus casas.

Según la especialista Alejandra Fuenzalida, directora ejecutiva de United Way Chile, la cantidad de secuelas físicas y muertes que deja esta pandemia es solo otro ejemplo palpable de la desigualdad que se vive en Chile, y que puede llegar a ser letal. Otros ejemplos que también han quedado aún más en evidencia debido a la pandemia son: la gran brecha tecnológica y educacional.

Por lo antes mencionado, dice Fuenzalida, y para mitigar estas brechas, cobra aún más importancia trabajar en una sociedad que asegure las mismas oportunidades para todas las personas, y que este trabajo se realice a través de la educación desde etapas tempranas.

Todo lo que hagamos para fortalecer el apoyo y la estimulación durante la primera infancia es crucial para el desarrollo social, cognitivo, físico y emocional, es el momento donde se forjan las herramientas necesarias para enfrentar el resto de la vida de una persona, que todos contemos con las mismas herramientas y oportunidades es el objetivo por el cual debemos trabajar como sociedad.

Aún recuerdo mi primera clase de Derecho Constitucional, la profesora que recién conocíamos nos instó a tener un debate sobre si el voto era un derecho o una obligación. Creo que fue la primera vez que vi esa dualidad sobre la elección de representantes o consultas ciudadanas, porque para mí no había diferencia: era, a mis 18 años, mi gran derecho y lo ejercía con deber y orgullo.

Hoy, este tema nuevamente cobra relevancia, pues en las elecciones pasadas bajó la participación ciudadana y se está discutiendo en el Congreso si el voto debe volver a ser obligatorio.

Fue el año 2009 cuando se modificó nuestra Constitución y se consagró el sufragio voluntario y la inscripción automática en los registros electorales. La primera elección con voto voluntario fue la municipal del año 2012, realizada el 28 de octubre de dicho año.

Y así, después de varios cambios de fecha, llegamos los comicios del 15 y 16 de mayo pasado, que tuvieron una participación de un 43,35%, (6.458.760 personas, de un total de 14.900.190 del padrón electoral), según datos del Servicio Electoral (Servel). Esta cifra es menor a la registrada en el plebiscito del 25 de octubre de 2020, en el que votaron 7,5 millones de personas (50,95%).

Muchos dicen que la democracia está en peligro, que necesitamos legitimar las próximas elecciones, y es por eso que este miércoles pasado se aprobó, en general, en la Cámara de Diputados, con 107 votos a favor, 16 en contra y 23 abstenciones, un proyecto sobre el restablecimiento del voto obligatorio.

¿Pero, basta con restablecer la obligatoriedad del voto en las elecciones populares para robustecer nuestra democracia y representación política? La verdad, el debate de los parlamentarios y de la sociedad debe ser más amplio y profundo, pues debemos ponderar y reforzar la libertad de los ciudadanos, junto a una renovación y acercamiento de la política, con una modernización de los partidos y legitimación de liderazgos, alentando e incentivando así, una alta participación ciudadana.

Concuerdo plenamente con que las elecciones no son un fin, si no un medio de la democracia, y para eso debemos fortalecer la educación cívica y recomponer la relación y confianza entre las personas comunes y los políticos, convirtiéndolos en nuestros representantes y promotores del bien común, a los que les creemos y damos nuestro voto.

Carola Seguel, Colegio de Abogados Osorno