Convención constitucional y educación
Chile está procesando una revolución socialdemócrata, con sentido histórico, que busca eliminar la inequidad y la desigualdad y promover una cohesión social en demanda de los derechos sociales, culturales y económicos que le ha negado el capitalismo salvaje de los últimos cuarenta años.
Los derechos sociales, el régimen político, los pueblos originarios, son solo algunos de los temas que deberá revisar la Convención Constituyente una vez que comience a trabajar.
Salud, vivienda, educación y pensiones. Antes del plebiscito, una de las mayores discusiones en torno a la nueva Constitución fue la inclusión de derechos sociales y que precisamente representaron las principales demandas en las manifestaciones que materializaron este proceso constituyente. No existe consenso en torno a cuestiones fundamentales, pues hay un sector que considera indispensable mantener ciertos derechos en el texto constitucional, agregar otros o convertirlos en metas solidarias.
Uno de los derechos más reclamados y anhelados por la ciudadanía es el acceso universal a la educación, que necesariamente deberá ser objeto de discusión al interior de la convención constituyente, toda vez que éste permite a cada persona alcanzar su pleno desarrollo, en todas y cada una de las distintas etapas de su vida. De manera que, por definición, este derecho tiene un carácter continuo y permanente, que acompaña a la persona a lo largo de toda su vida, con el objeto de ir perfeccionando sus capacidades, en vías de alcanzar su máximo desarrollo.
La educación tiene un valor intrínseco asociado al desarrollo personal, pero tiene también una dimensión instrumental que la hace clave para aumentar las capacidades de las personas para precisamente acceder y luchar por los demás derechos, incluyendo los civiles y políticos.
Además, la educación tiene un valor social, pues se espera que contribuya a la cohesión social y el bienestar colectivo.
Así las cosas, y en el marco de las elecciones, constituye un imperativo moral que toda la ciudadanía y particularmente la juventud, participe de este proceso histórico que nos convoca, con el propósito deliberado y consciente de expresar nuestra voluntad soberana, eligiendo a nuestros convencionales constituyentes de acuerdo a la oferta programática que más se adecue a nuestros intereses, con miras a ser artífices de nuestro futuro.