Sostenidamente el país se va acercando a la meta que se ha propuesto de tener con cobertura de la vacuna para prevenir el covid-19 a 15 millones de chilenos, lo que permitiría alcanzar lo que se ha denominado "inmunidad de rebaño". Según la planificación de la campaña, se ha obtenido una muy buena respuesta de parte de los adultos mayores de 60 años. Pero si bien la reacción de este segmento etario ha sido digna de destacar, no ha ocurrido lo mismo mientras se avanza en los llamados a la población más joven, pues a medida que baja la edad convocada para recibir la inyección, desciende la cantidad de personas que llega a los vacunatorios.

El plan de inmunización chileno ha sido reconocido y destacado por diversos organismos internacionales. De hecho, desde el Banco Mundial se señaló que "la vacunación del país ha sido por lejos la más rápida de América Latina y una de las más veloces del mundo, una experiencia que demuestra que para responder a una epidemia no se puede hacer simplemente al último momento, sino que es el producto de un trabajo de años". De acuerdo con esta entidad, la herramienta de evaluación y preparación para la introducción de la vacuna aplicada por la Organización Panamericana de la Salud durante 2020 evaluó las naciones de Latinoamérica en diez áreas y Chile alcanzó el 100% en nueve de ellas, lo que lo situó como el país de América Latina con la mejor preparación.

Hay que considerar que los pilares de la campaña chilena han sido una negociación bastante anticipada con los laboratorios internacionales para la compra de vacunas, la asesoría técnica del Comité Asesor en Vacunas y Estrategias de Inmunización junto a otras instancias, y la logística, coordinación y planificación interministerial, en la que participan varias secretarías de Estado.

También el fortalecimiento de la infraestructura de recursos humanos y la cadena de frío para su distribución en todo el país, llegando incluso a los lugares más remotos, una cultura favorable para la vacunación y la historia del plan nacional de inmunizaciones que beneficia a la población desde hace décadas y que ha sido una política de Estado cumplida por todos los gobiernos.

El seis por ciento de la superficie chilena corresponde a terrenos aptos para la producción agropecuaria. Son 5 millones de hectáreas, de las cuales apenas unas 800.000 no tienen impedimentos físicos, de relieve y anegamientos.

Así las cosas, en este exiguo 6% de la superficie nacional, conviven explotaciones agrícolas, forestales, ciudades que crecen y recientemente (y en preocupante aumento), parcelas de 5.000 metros cuadrados, utilizadas con fines habitacionales.

Como veíamos anteriormente, del total de la superficie cultivable, apenas 800 mil hectáreas son de excelente calidad. El resto son suelos con limitaciones tanto físicas, como de relieve, que hacen aumentar considerablemente los costos del trabajo agrícola. Y en el desierto del norte y las enormes superficies de bosques, montañas y estepas del sur, se hace difícil y caro proyectar la producción de alimentos para los chilenos.

Por ello, es de suma importancia una preocupación mayor por proteger estos suelos; y por otro lado, generar los incentivos suficientes para mantener una actividad agropecuaria competitiva y sostenible en el tiempo.

El problema es que en este último aspecto, nuestro país ha tenido una política más bien tibia, permitiendo que al margen de la ley se formen verdaderos "condominios" de parcelas de media hectárea. Y en ciudades como Osorno se privilegie el crecimiento a lo largo y lo ancho, y no en altura, destinando suelos de alta calidad para la agricultura a propósitos habitacionales.

Lo anterior no debe leerse como una negación al derecho de disponer de un bien propio, pero sí debe ser un llamado de atención a la falta de acción de las instituciones encargadas de velar por el correcto uso del escaso recurso suelo que tenemos.

En materia de planificación, el desarrollo lateral de las ciudades, además de ejercer una enorme presión sobre la superficie agrícola, implica mayores costos de infraestructura y un permanente conflicto campo-ciudad, donde los basurales y perros abandonados se transforman en un paisaje común en el límite urbano-rural.

Es claro que nuestra sociedad debe empezar a asumir que la conservación de los suelos tiene una importancia estratégica para el país.

José Antonio Alcázar, gerente de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno (Sago)