Desde el jueves los y las candidatas que participarán en el proceso electoral del 15 y 16 de mayo regresaron a las campañas. Podrán realizar propaganda hasta el jueves 13 y retomar de alguna forma el camino que ya habían avanzado antes del aplazamiento decidido en abril.

La misión que ahora asumen es volver a visibilizarse ante la comunidad, la cual en estas semanas desvió su atención hacia cuarentenas, tercer retiro de las AFP y una situación económica cada vez más compleja. No será sencillo. A nivel nacional hay 16.730 postulantes a los diferentes cargos. Un enorme abanico de opciones.

Para la ciudadanía tampoco se ve fácil el panorama. El día que las personas concurran a las urnas tendrán cuatro papeletas de distintos colores para llenar y, si bien otras veces sucede así -cuando se vota por Presidente, parlamentarios y core, por ejemplo- ahora habrá dos de ellas correspondientes a cargos totalmente nuevos, los gobernadores y los convencionales.

Por otra parte, se deberá emitir los sufragios en medio de máximas medidas de seguridad sanitaria; aún mayores que las presentadas en el plebiscito de octubre pasado. No se debe olvidar que desde el Colegio Médico ya han advertido que las cifras generales de contagios son menos favorables que el mes pasado.

Organización y logística también tienen tareas complejas. Realizar dos jornadas busca evitar aglomeraciones, pero nada garantiza que eso suceda. Tristemente la cultura nacional de "todo a última hora", incluso puede jugar en contra y será necesario entregar información constante sobre el flujo de personas para orientar la asistencia. Además, se requerirá máximo resguardo de urnas entre ambos días. Claramente las FFAA encargadas de la seguridad pueden dar garantía de ello; pero la inquietud existirá.

Todos son desafíos importantes ante pasos gravitantes en la democracia nacional. Por lo mismo, se requiere de colaboración, campañas políticas limpias, mensajes claros desde la autoridad y un espíritu republicano que invite a la participación ciudadana, aun en medio de una crisis tan severa como la actual.

Nadie puede discutir que el impresionante desarrollo de las tecnologías que hemos vivido en los últimos años abre múltiples horizontes para el desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida de las sociedades.

Sin embargo, se hace necesario normar los nuevos escenarios que se avecinan de la mano del cambio científico-tecnológico y de las implicancias que éste trae consigo.

En ese contexto, desde el Senado hemos impulsado la discusión de una reforma constitucional para proteger la integridad física y mental de las personas ante la intervención, alteración o modificación por medio de tecnologías que se vinculen directamente con nuestro cerebro.

Hoy, cuando existe ya la posibilidad de establecer conexiones entre el cerebro humano y tecnologías extracorpóreas con el fin de alterarlo o modificarlo, nos enfrentamos a un tema doblemente complejo, que no tiene que ver solo con las ciencias exactas y biológicas, sino también con cuestiones éticas, sociales y hasta políticas.

Es necesario un instrumento legal que ofrezca, cuando menos, un punto de partida para encarar un futuro cuya única certeza es el cambio, y donde las tecnologías ocupan, cada vez más, un lugar de trascendencia en nuestras vidas, en la ciencia, en la medicina, en la construcción de vínculos sociales, en la publicidad, en la seguridad y también, por cierto, en la política.

Los avances en neurociencia para generar inteligencia artificial, y la posibilidad de que estas tecnologías tengan incidencia a futuro en el comportamiento humano deben contar con determinados límites. Un tema que ocupa a muchos países en la actualidad es la participación de las grandes corporaciones tecnológicas en la segmentación de la sociedad y en la identificación de sus preferencias económicas, lealtades políticas y emociones para modificarlas o alterarlas.

No deberíamos esperar a que la realidad nos sobrepase y que en el futuro cercano la implantación de una microprótesis pueda otorgar a un tercero información y, sobre todo, poder para incidir en el comportamiento de una persona.

No estamos ya frente a un mero ejercicio de ciencia ficción. El desarrollo de nuestra sociedad y su avance tecnológico, nos propone dilemas que todavía no alcanzamos a dimensionar en su totalidad y que, de seguro, irá abriendo el campo para nuevos derechos y obligaciones.

Rabindranath Quinteros, senador Región de Los Lagos