El "populismo, la demagogia y la xenofobia" reinaron en el primer cara a cara entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori, un improvisado debate al que los dos candidatos de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú se habían retado y emplazado en los días previos, informó ayer la agencia Efe.

Este duelo callejero y lleno de ataques personales entró en la historia política de Perú por ser el segundo debate presidencial que se celebra fuera de Lima y el primero en una zona rural, dado que tuvo como escenario Chota, un pequeño pueblo de los Andes peruanos de cuya provincia es oriundo Castillo y donde obtuvo en la primera vuelta 66% de los votos frente al 5% de Fujimori.

En la plaza principal de Chota era la cita, organizada en tiempo récord y de manera paralela a los dos debates presidenciales que espera celebrar el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). "Si Fujimori quiere debatir, le espero en Chota", dijo Castillo esta semana, un reto que no asustó a Fujimori, quien aceptó la propuesta.

La jornada generó gran expectación durante la semana y el ministro del Interior, José Elice, confirmó la autorización para su realización, a pesar de las restricciones por la emergencia sanitaria y ordenó reforzar la seguridad.

Debate frontal

El debate se realizó ante la expectación de toda la población de Chota, que se aglomeró sin respetar las medidas sanitarias, aunque solo un pequeño grupo pudo entrar a la plaza.

"Después de poner tantas excusas, finalmente tuve que venir hasta aquí para intercambiar ideas", dijo Fujimori.

El cara a cara reforzó la contraposición de ideas que tienen ambos candidatos sobre el futuro del país, especialmente sobre la continuidad del modelo económico liberal que se ha mantenido en Perú desde el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

Castillo, candidato del partido de extrema izquierda Perú Libre, apuesta por una nueva Constitución y la nacionalización de los recursos, mientras Fujimori representa a la derecha autoritaria de su padre y la continuidad de la Constitución vigente desde 1993, surgida tras el "autogolpe" de Estado de su padre.

"Esta Constitución hecha por la gran corrupción ha saqueado al pueblo peruano", dijo Castillo.

El candidato recordó que el expresidente Fujimori fue reelegido en el 2000 a pesar de que lo impedía la Constitución, antes de ser condenado a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad.

Por su parte, la candidata del partido Fuerza Popular prometió "un país reconciliado y sin lucha de clases" porque el país "necesita un cambio, pero no un cambio hacia atrás ni un salto al abismo".

Populismo

Poco a poco los dos candidatos se enzarzaron en un intercambio de propuestas populistas, como conseguir una vacuna peruana contra covid-19, algo en lo que coincidieron.

Fujimori sugirió reducir los impuestos a los combustibles y entregar directamente a la gente el canon de la explotación de hidrocarburos que ahora reciben los gobiernos regionales.

En respuesta, Castillo afirmó que invertirá el 10% del Producto Interno Bruto (PIB) en educación y otro 10% en salud, dará su sueldo a los más vulnerables, los jueces serán nombrados por elección popular y firmará un decreto para que "en 72 horas se vayan del país todos los extranjeros que han venido a delinquir".

En educación, Fujimori prometió construir en cinco años 3.000 escuelas y dar mejores condiciones "a los profesores que enseñan, no a los que están con licencia sindical y dejaron abandonados a los niños", en referencia a Castillo.

El candidato en respuesta le recordó que ella llegó a Chota con un permiso judicial, pues afronta una acusación de 30 años de cárcel. Las últimas encuestas para la votación del 6 de junio, dan a Castillo el 44% de la intención de voto, con al menos diez puntos de ventaja sobre Fujimori.

Más de 20 de los 45 muertos que dejó el viernes en la noche una estampida humana en Israel, fueron enterrados la tarde de ayer, antes del inicio del Shabat (día de descanso judío), aunque 15 fallecidos aún no se habían podido identificar.

Tras una trágica avalancha durante una masiva celebración de la festividad judía de Lag Baomer, en el Monte Merón de Galilea, 32 de los fallecidos fueron identificados el viernes y algunos fueron enterrados antes del inicio de Shabat, cuando no se permite realizar funerales.

Sin embargo, parte de las víctimas -en su mayoría judíos ultraortodoxos- seguían sin ser identificada cuando se detuvo el proceso de reconocimiento por el comienzo de Shabat al atardecer.

La estampida se generó cuando finalizó la fiesta judía a la que llegaron más de 100.000 personas, pese a que el recinto tenía capacidad sólo para 25.000. El hito marcaba el retorno a las celebraciones religiosas masivas por la pandemia, sin embargo, la festividad se transformó en catástrofe al ser sobrepasada con creces la capacidad del recinto y la salida se transformó en un cuello de botella que dejó 150 heridos, con personas que fueron aplastadas por la multitud.

El desastre marca la peor tragedia en la historia reciente de Israel y el primer ministro, Benjamin Netanyahu, declaró hoy como día de luto nacional.

La policía abrió una investigación y la Fiscalía General anunció la apertura de pesquisas ante posible negligencia policial en la gestión de la seguridad y las autoridades se comprometieron a investigar con detalle lo sucedido.

"No me quedaré callado hasta que se aclaren las circunstancias", declaró el jefe de la Policía, Kobi Shabtai.

Según medios locales, funcionarios y organismos públicos habían alertado años antes que las instalaciones donde ocurrió la tragedia no estaban preparadas para acoger la cantidad masiva de personas que suelen recibir anualmente por Lag Baomer.

Congresistas opositores y organizaciones de la sociedad civil pidieron ayer al presidente colombiano, Iván Duque, detener la violencia en las protestas que sumaron cuatro días contra el proyecto de reforma fiscal y que han dejado varios muertos en Cali (suroeste), según versiones no confirmadas.

"Al día de ayer, 30 de abril, según organizaciones sociales, sindicales y defensoras de derechos humanos reportan al menos cuatro víctimas de homicidio, presuntamente por el accionar de la policía y siete muertes más, ocurridas (...) al oriente de la ciudad de Cali", señala un comunicado firmado por 17 congresistas de partidos de izquierda.

Decenas de miles de personas en todo el país han expresado su rechazo a la iniciativa del Gobierno porque consideran que afectará con más y mayores impuestos a los pobres, especialmente afectados por la pandemia del coronavirus, así como a la clase media.

Cali, la tercera ciudad en importancia de Colombia, ha sido la más afectada por las protestas ya que vándalos han bloqueado vías, saqueado comercios, atacado edificios del Gobierno e incendiado autobuses y estaciones de transporte público, entre otros desmanes. También fueron cerrados los cinco grandes centros de vacunación contra covid-19 de la ciudad.

Saqueos y repudio

De otro lado, organizaciones sociales como la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo condenaron los "hechos de violencia estatal".

Aseguran que la reforma fiscal del Gobierno y otras acciones provocaron las protestas del pasado 28 de abril e indican que las marchas han dejado un saldo parcial de 105 personas heridas por el accionar de la policía, seis de ellas con lesiones oculares y cuatro supuestamente con armas de fuego. También hablan de cuatro fallecidos.

Por su parte, la alcaldía de Bogotá informó que en las jornadas de protesta han ocurrido saqueos y que un vehículo particular fue incinerado. Igualmente hubo bloqueo de varias vías y en Suba, una popular zona de Bogotá, fue atacada la fuerza pública.

En un intento de aplacar las protestas, el presidente Duque ordenó el viernes al Ministerio de Hacienda construir junto con el Congreso un nuevo texto de la polémica reforma fiscal.

El Gobierno asegura que necesita cerrar el déficit creado por la pandemia en las finanzas del Estado y con la reforma tributaria espera recaudar unos 6.302 millones de dólares).