Altamente preocupante ha sido el reporte que la Unidad de Control del Gobierno Regional entregó esta semana en la sesión del Consejo Regional, donde se especificó que actualmente hay 16 obras de infraestructura pública paralizadas en Los Lagos, lo que implica tanto un retraso en iniciativas que van en directo beneficio de las personas, como una pérdida inmediata de numerosos puestos de empleo, materia muy sensible en estos días de pandemia y declive de la actividad económica. De acuerdo al informe proporcionado a los consejeros regionales, y que generó la alarma entre ellos por los efectos ya citados, figuran 13 proyectos que cuentan con financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (Fndr) y 3 del Fondo Regional de Inversión Local (Fril), totalizando una inversión frenada que asciende a poco más de 30 mil millones de pesos.

Aunque el abandono de obras financiadas por el erario público por parte de empresas privadas no es nada nuevo en el país, en el actual escenario adquiere todavía mayor gravedad, en particular por el negativo impacto en un mercado laboral que lleva meses reflejando las consecuencias de una economía que se ha ralentizado por las restricciones de movimiento a que ha obligado el covid-19. Las razones apuntadas para explicar el congelamiento de las obras son las mismas que se han venido repitiendo en los últimos años en determinadas iniciativas de infraestructura pública: incumplimiento de contratos, diferencia en el costo de los proyectos y retraso en la ejecución; además de otras propias de una época de crisis sanitaria, como la falta de stock de los materiales de construcción y la ausencia de protocolos de salud para el personal.

Dejando de lado las variables sanitarias que han incidido en la paralización de las obras, hay otras, casi recurrentes, que ya deberían ser objeto de un análisis más profundo de parte de los órganos estatales para evitar estos contratiempos. Por más que pueda haber boletas de garantía, es hora de revisar los procesos de diseño y licitación, a fin de que la iniciativa no termine entrampándose en el camino.

Así como hay responsabilidad de los privados que abandonan las obras, también la hay en los convocantes que seleccionan a los ejecutantes.

Fue el 23 de junio de 2016 cuando la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno (Sago) denunció cifras alarmantes dentro del informe técnico de Inia sobre la calidad de fertilizantes fosfatados en Chile, insumo clave para la actividad agrícola, razón por lo cual llamó a sus asociados a estar en alerta, al tiempo que encargó el inicio de una serie de estudios independientes para confirmar los resultados entregados por la institución estatal.

Las autoridades reaccionaron y ese mismo año, por una amplia mayoría de 99 votos a favor y sólo cuatro abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó la resolución que buscaba dotar al país de una nueva normativa para la importación y rotulado de fertilizantes.

Como gremio planteamos desde un inicio la necesidad de entender que se debe regular no sólo a los componentes fundamentales de los fertilizantes, sino también otras características de mucha importancia, como es la capacidad de solubilidad de los productos, todo lo cual debe ir correctamente rotulado en los envases, de tal manera que el agricultor tenga certeza absoluta.

Este 20 de abril de 2021, por unanimidad, el Senado respaldó en particular el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece normas sobre composición, etiquetado y comercialización de los fertilizantes y bioestimulantes, incluido esto último luego de varias enmiendas durante el tiempo que duró la tramitación.

Entre los aspectos abordados por el proyecto que ahora será analizado por la Cámara de Diputados en tercer trámite Constitucional, donde seguirá siendo perfeccionado, están la definición de diversos conceptos para precisar el ámbito tratado en la presente iniciativa legal, cuando ellos son mencionados en ella; así se señala, entre otros, los Bioestimulante; Fertilizante; y Etiqueta.

Entre otras cosas, crea un Registro Único Nacional, administrado por el SAG, en el cual deberán inscribirse los fabricantes, formuladores, productores, comercializadores, envasadores, importadores y exportadores de fertilizantes y bioestimulantes, y aquellas personas que en el ejercicio de su actividad los utilicen para fines distintos al uso agrícola.

Creemos que esta es la forma institucional de abordar mejoras para sectores específicos de nuestro país y estamos convencidos de que cuando hay disposición, se pueden alcanzar acuerdos que apunten al bien común.

Christian Arntz Mac-Evoy presidente de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno (Sago)