Marcelo Galindo

El Ministerio Público determinó abrir una causa penal contra la Municipalidad de Puerto Montt por la denuncia de negociación incompatible en la licitación y adjudicación a la empresa Patricia Riquelme, para las labores de aseo en los edificios municipales.

Aunque en la Fiscalía no hubo vocería sobre este proceso, sí confirman que ya se solicitaron diligencias a la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI.

El mismo caso fue denunciado por el concejal del Partido Ecologista Verde, Juan Carlos Cuitiño, en la Contraloría Regional. Desde la Fiscalía se indica que la causa abierta es por la denuncia interpuesta por negociación incompatible y otros hechos que serán parte de la acumulación de antecedentes, para posteriormente determinar cuál será el proceso a seguir o si es que se descarta algún delito.

Aparte de la denuncia por negociación incompatible en la adjudicación de dos licitaciones por 6 mil 500 millones de pesos, se acusa también que familiares del alcalde y de concejales estarían trabajando en esta empresa.

Esta instancia de las diligencias aún no considera declaración de testigos, "pero se trata de una etapa en la que se busca recoger los antecedentes dispuestos en la denuncia y agruparlos en la carpeta", se detalla.

Otro punto relevante, señalan en el Ministerio Público, es que las investigaciones posteriores iniciadas y esta nueva que está dando sus primeros pasos, son desformalizadas.

Son cuatro las indagatorias que está llevando adelante el Ministerio Público de Puerto Montt en la Municipalidad.

La primera corresponde a la licitación y posterior construcción de la Pileta de Aguas Danzantes de la Plaza de Armas, por un monto superior a los mil 100 millones de pesos. La segunda se refiere a la denuncia por enriquecimiento ilícito, ante la adquisición del alcalde Gervoy Paredes de cuatro propiedades.

La tercera da cuenta de la investigación preliminar llevada adelante por el ente persecutor por el mitin organizado en apoyo al jefe comunal frente a la Municipalidad, lugar hasta donde llegaron unas 150 personas y que responde a una actividad que está prohibida en pandemia y sancionada en el art. 318 del Código Penal.

La cuarta indagatoria da cuenta de la posible negociación incompatible en las dos licitaciones por $6 mil 500 millones de la empresa Patricia Riquelme para servicios de aseo en los edificios municipales y que también es indagada por Contraloría.

Político

De acuerdo al alcalde Gervoy Paredes, candidato a la reelección por el Partido Socialista, todo lo que está pasando es un tema político en época electoral: "Curiosamente todas las cosas están saliendo ahora, porque cada vez que hay una campaña se hace esto".

Explica que todas las licitaciones que pasan por la Municipalidad, "incluida la empresa de Patricia Riquelme pasan por las comisiones del Concejo Municipal". Posteriormente, dice Paredes, "tenemos la obligación, de acuerdo a la ley orgánica de municipalidades, de entregar esa información, al menos cada tres meses, al Concejo. Y, además, hay que agregar que es revisado por Contraloría".

Paredes insiste que "lo de la Fiscalía (que empezó a investigar) es un tema mediático, porque esto es lo mismo que la pileta. Aquí la PDI citó a toda la comisión, pero no encontraron nada, absolutamente nada, porque esto está basado en la ley de compras públicas y después lo revisa Contraloría. Incluso las personas que auditan, en la Municipalidad, no se arriesgarán ante la posibilidad de un juicio de cuentas, por lo que cuando ven que algo no funciona no lo firman".

Fiscalización

Juan Carlos Cuitiño, concejal (PEV), reafirma la denuncia efectuada en el organismo contralor y asegura que va a continuar fiscalizando.

"Se entregó la denuncia a Contraloría por el contrato a la empresa en cuestión (Patricia Riquelme) por presunta negociación incompatible y conflicto de interés", detalló.

Explica que "más allá de los hechos y vinculaciones de los familiares del alcalde y de algunos concejales, el tema es sobre el requisito a los oferentes, donde sólo podía cumplir la empresa adjudicada. Por ejemplo, los años de experiencia que certificaron los mismos entes del municipio, la experiencia requerida, que sólo mantenía con el municipio y que esta Municipalidad sea la única contratante".

Remarca el edil que es pertinente que se sumen otras instituciones del Estado en la fiscalización "porque son los recursos de todos los puertomontinos y, por eso, mi interés, como concejal, y desde que asumí mi cargo, es velar por el buen uso de los recursos municipales aunque a la autoridad comunal le incomode".

Cuitiño lamenta que el alcalde "me demandara por el caso de las luminarias LED. Un caso gravísimo a nivel nacional por corrupción y simplemente por cumplir mi rol de concejal como fiscalizador, que es lo que mis votantes y la ley me llamaron a ejecutar. Seguiré con mi rol de fiscalizador y colaborando con todos los antecedentes a la Fiscalía".

Comisión

Para la abogada de la Municipalidad de Puerto Montt, María Verónica Martínez, el concejal (Juan Carlos Cuitiño) "es libre de presentar todas las denuncias en todas las instancias que estime pertinente".

Agrega que, sin embargo, "nosotros rechazamos cualquier clase de irregularidad porque el proceso de licitación con Patricia Riquelme, para el suministro de mano de obra, en primer lugar, se efectúo en un proceso de licitación pública y se dio a conocer a través de la plataforma de Mercado Público. Todo el proceso estuvo a la vista de los interesados y los concejales y el ciudadano que hubiese querido revisar el proceso, porque esto es público".

Según Martínez, tras ello se constituyó una comisión de evaluación de las ofertas "que sugirió la contratación de la propuesta de Patricia Riquelme porque se ajustaba a las bases y al presupuesto y el proceso y propuesta no fue objetada por ningún otro oferente o interesado en la licitación y menos por los concejales u otro ciudadano".

Argumenta que se sometió a votación del cuerpo colegiado la contratación "y fue el Concejo, el que aprobó el contrato. Se advierte que existen diversas instancias en la contratación y si hubiese existido alguna irregularidad se habría detectado en forma oportuna".

El objeto del contrato es un suministro de mano de obra, señala la abogada. "El contrato es celebrado por la Municipalidad con la proveedora, que es Patricia Riquelme, quien con el alcalde no tiene vínculo ni de parentesco, ni de amistad y menos de carácter patrimonial, porque el alcalde no tiene participación en la empresa de doña Patricia Riquelme y no hay inhabilidad y menos incompatibilidad entre el alcalde y la proveedora del servicio".

Asevera que la proveedora contrata a los trabajadores y trabajadoras y se encarga de pagar remuneraciones "en el contexto de un contrato de trabajo, en el cual el municipio no tiene participación".

Insiste que no resulta entendible "el objeto de la denuncia que se realiza y si es que la Fiscalía estimara que existe algún antecedente que necesite y que el municipio aporte, se le va a entregar".

La concejala (independiente) Marcia Muñoz sostiene que es mejor que se investiguen estos hechos, especialmente cuando surgen dudas.

"Estamos hablando de una cuarta investigación que se realiza en la Municipalidad desde la Fiscalía de Puerto Montt, lo que es preocupante y, por tanto, se hace necesario aclarar todas las dudas que se presenten en la administración".

Muñoz anota que "no nací siendo concejala, he tenido que aprender mucho en el camino, sola y de manera independiente; pero mi foco y el de todas las autoridades; creo, debe siempre estar puesto sobre el bien común en todas las necesidades y problemáticas aún no resueltas de nuestros vecinos y vecinas, de manera de mejorarles la vida, por lo que si la Fiscalía está investigando, todo se tiene que aclarar y la información de tiene que transparentar".