El Catastro Nacional de Campamentos 2020-2021 que realizaron Techo Chile y la Fundación Vivienda, dado a conocer hace unos días, mostró un retroceso en la situación de los campamentos que hay en el país. Los datos se recogieron entre octubre de 2019 y febrero de 2021, en plena pandemia, y revelaron que aumentaron en 74% las familias que viven en esos asentamientos irregulares, respecto del catastro que realizó con anterioridad el Ministerio de Vivienda.

De acuerdo con el último estudio, hay 81.643 grupos familiares que habitan en 969 campamentos en el Chile, que constituyen la cifra más alta en el último cuarto de siglo.

Los autores del catastro explican que en este deterioro de la situación social de familias viviendo en asentamientos de emergencia influyeron el estallido social y la pandemia de covid-19, que representaron un deterioro de la actividad económica, y la pérdida de empleos en Chile. De hecho, la mitad de las familias que llegaron a habitar esos asentamientos irregulares en estos dos años declararon que tuvieron que hacerlo por razones de índole económica o laboral, ya sea porque perdieron su trabajo, bajaron sus ingresos o subió el precio de su arriendo, lo que terminó agravando la situación de los campamentos.

El director de Techo Chile, Sebastián Bowen, ha señalado que es importante enfrentar la enfermedad y no solo sus síntomas.

En consecuencia, este es un tema que tiene raíces profundas y cuyas soluciones son complejas. Se requiere la coordinación de diversos ministerios para relocalizar a las familias, ojalá en una misma comuna, y la urbanización y radicación de terrenos que ya ocupan. Hay que considerar que muchos campamentos están en terrenos públicos o privados, por lo que se deben hacer estudios para determinar la ocupación irregular de esos predios y cómo buscar una solución. Se requiere una solución eficaz, porque la falta de una vivienda digna dificulta la cohesión de la familia y tiene una infinidad de derivaciones sociales negativas.

Hace 9 años (abril 2012) por convocatoria de la Presidencia de la República, se conformó una Comisión Asesora Presidencial con el encargo de formular una proposición de Política Urbana capaz de guiar el desarrollo futuro de nuestras ciudades y centros poblados. Más tarde (enero de 2014) se promulgó la Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU), donde se precisa que "una política no es una ley o un reglamento, sino un mandato compuesto por principios, objetivos y líneas de acción capaces de congregar voluntades, para luego concretarse en leyes, reglamentos y programas públicos orientados a lograr una mejor calidad de vida".

Por ende, podemos concluir que la política señalada, define su centro de atención en las personas y su calidad de vida, no sólo respecto de la disponibilidad de bienes o condiciones objetivas, sino también aspectos subjetivos, asociados a la dimensión humana, a valores, creencias y relaciones entre seres humanos.

Consecuencia inmediata de esta promulgación, fue la constitución del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, cuya misión es ser un órgano consultivo y asesor que de forma permanente (indefinida en el tiempo) haga propuestas de reformas y verifique el avance en la implementación y el cumplimiento de la PNDU.

En enero de 2018, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU) genera un informe con propuestas para implementar un sistema de planificación urbana integrada: en concreto, propone la metodología a implementar en el estudio y desarrollo de los Planos Reguladores Comunales.

Entre los aspectos a destacar está la conformación de Consejos Consultivos de Ciudad. Se propone que ellos participen en las definiciones de: 1. Elaboración de Diagnóstico Urbano Integrado 2. Elaboración de Visión de Ciudad o Imagen Objetivo de Ciudad, que integrará los objetivos y lineamientos estratégicos integrales y para cada uno de los nueve ámbitos de la Planificación Urbana Integrada, y 3. Elaboración de Planos Reguladores.

En línea con lo expuesto, sabemos que desde hace aproximadamente 8 años; en Chile se ha trabajado en generar lineamientos que permitirán el desarrollo de ciudades más amables, equitativas y justas, diseñadas y pensadas para aquellos que viven el espacio urbano. En la CChC, creemos que el trabajo en conjunto es el camino para alcanzar estos objetivos.

Andrés Angulo, arquitecto presidente CChC Osorno