Crece condena internacional a la junta militar de Myanmar
GOLPE DE ESTADO. Human Rights Watch y Save the Children denunciaron la desaparición forzosa de opositores y muerte de niños en sus domicilios.
Redacción
Cada día la crisis política e institucional en Myanmar parece tocar un nuevo fondo. Ayer viernes, en una jornada marcada por los funerales de nuevas víctimas a manos de personal del Ejército y por nuevos episodios de violencia, la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) denunció la desaparición forzosa de cientos de personas desde el 1 de febrero, fecha en que asumió la junta militar en ese país tras un golpe de Estado.
"El extendido uso de arrestos arbitrarios y desapariciones forzosas por parte de la junta parece diseñado para provocar el miedo en los corazones de los manifestantes contra el golpe", reflexionó Brad Adams, director de HRW en Asia, entidad que -junto a la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP) de Birmania- contabilizó en más de 2.500 las personas detenidas desde la acción militar, de las cuales solo se conoce el paradero de una pequeña parte.
El director de la organización llamó a que la comunidad internacional "exija la liberación de todos los desaparecidos e impongan sanciones económicas dirigidas contra los líderes de la junta".
CIVILES Y NIÑOS
La denuncia de HRW se suma a la enérgica condena que emitió el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, apuntando a la toma de poder de los militares y la muerte de centenares de civiles luego del golpe de Estado en Myanmar.
"Los miembros del Consejo de Seguridad expresan su profunda preocupación por el rápido deterioro de la situación y condenan con firmeza el uso de violencia contra manifestantes pacíficos y la muerte de centenares de civiles, incluidos mujeres y niños", dijo el organismo a través de un comunicado, en el que además pidieron la inmediata liberación de la depuesta líder del gobierno birmano y Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, y del presidente Win Myint.
Al gesto de la entidad internacional se sumó el Gobierno del Reino Unido, que anunció la aplicación de duras sanciones económicas al conglomerado Myanmar Economic Corporation, mientras que Estados Unidos retiró a su personal no esencial del país y anunció el cese del intercambio comercial.
Ayer, mientras tanto, uniformados volvieron a disparar contra manifestantes, registrándose la muerte de una persona en Rangún, la mayor ciudad del país, en una oleada de marchas contra la junta militar que se dio en otras ciudades como Mandalay o Meikhtila.
Se estima que al menos 543 personas, incluidos 43 menores, han fallecido en enfrentamientos debido a la represión de policías y soldados desde el golpe de Estado del pasado 1 de febrero, según la AAPP y la ONG Save the Children.
Esta última ha señalado su repudio por la muerte de 15 niños menores de 16 años -incluido uno de seis años- en medio de la represión.
"Resulta chocante que los niños figuren entre las víctimas de estos fatales ataques, pese a los llamados a protegerlos", señalaron en un comunicado, en el que califican como "aterrador" que hayan sido asesinados en sus propios domicilios.
La escalada de violencia aumenta, mientras la ex líder Suu Kyi, Premio Nobel de la Paz, fue acusada por un tribunal de violar la Ley de Secretos Oficiales, imputándosele delitos como la importación ilegal de radios, amenazas a la seguridad nacional y aceptación de soborno, por lo que arriesga una pena de 14 años de prisión.
Los uniformados justifican el golpe por un supuesto fraude electoral en los comicios de noviembre pasado, en los que arrasó el partido de Suu Kyi, igual que en 2015, y que fueron considerados legítimos por observadores internacionales.
Suman el wi-fi al apagón tecnológico en la exBirmania
La junta militar decidió profundizar el apagón de las redes para la población de aquel país, y que ya lleva 45 días aplicándose. Al corte de la red móvil, a partir de esta semana de sumó la supresión de la red inalámbrica de internet, dejando disponible sólo la conexión por fibra óptica, de muy baja penetración en las ciudades birmanas. La junta de facto había bloqueado inicialmente el acceso a Twitter y Facebook, sin embargo, la población seguía accediendo a ellas a través de programas VPN.