Gasto en pensiones
En la discusión sobre una pensión básica universal, la piedra de tope claramente es el financiamiento, pero la idea general va teniendo un consenso transversal.
La Dirección de Presupuesto estima que de establecer una pensión básica universal, el gasto en pensiones solidarias se duplicaría al año 2040, llegando a 3,1% del PIB.
Pero el gran pecado de la política es el constante incremento del gasto y no una eficiencia del mismo. En su momento el ex Ministro de Hacienda, Ignacio Briones, planteó el "Presupuesto base cero", evitando la inercia del gasto en el tiempo, pero finalmente quedó en nada.
Mejorar el gasto público es posible, movilizar recursos ineficientes y burocráticos hacia financiar pensiones básicas universales sólo depende de nuestras autoridades.
Por último, mencionar la eficiencia del gasto en pensiones, en primer lugar porque no es burocrático, y en segundo lugar porque cada peso que llega a nuestros pensionados es devuelto a la economía con sus gastos.
Eduardo Jerez Sanhueza
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En Chile ya existe un impuesto específico a la actividad minera. Este impuesto permite al Estado una mayor recaudación cuando el precio del cobre sube y mejoran los márgenes de la industria. Pero, además, corresponde a un tributo adicional por concepto de utilidades que no pagan el resto de las empresas del país.
Aumentar el impuesto puede traer grandes efectos en la competitividad. De hecho, la industria se ha visto fuertemente afectada en los últimos años por una menor estabilidad política, la pérdida del potencial mineral y el régimen tributario.
Esta última ha llevado a aumentar los costos de producción, dando una caída en la participación de Chile en la producción mundial de cobre, pasando de 36% en 2000 a 28% en 2019.
Introducir nuevos tributos puede seguir afectándola aún más, no sólo en el desempleo de zonas mineras, sino en todas las empresas que contribuyen en los procesos productivos de las mineras.Tomás Bardavid Orellana
La salud es un derecho
La pandemia ha hecho aún más evidentes las barreras de acceso a salud de las personas migrantes: discriminación producto de la falsa asociación entre migración y covid-19, el incremento del racismo y la xenofobia; falta de conocimiento de parte de los equipos de los modelos y sistemas de salud de los países de origen; y barreras idiomáticas, por mencionar algunas, son las dificultades que deben enfrentar quienes migran, evidenciando esta situación, la necesidad de generar marcos legales y normativos que protejan los derechos de las personas en movilidad y refugio.
Resulta especialmente preocupante que solo tres países -Chile, Perú y Guatemala- reconocen la protección de la salud de grupos vulnerables. Solo Honduras y Salvador cuentan con medidas para abordar la salud de las personas migrantes en tránsito. Esto es especialmente complejo si consideramos que, en América Latina debido a las crisis sociales, políticas y naturales, más de 8 millones de personas se encuentran en situación de desplazamiento forzado.
Como menciona el libro "Salud y migraciones: Relevancia, consideraciones generales y desafíos para el Chile de hoy" es fundamental elaborar estrategias y acciones con pertinencia cultural, abordar desde la interculturalidad, desde el reconocimiento del otro las condiciones y necesidades propias de la migración. Dialogar desde el reconocimiento para garantizar el acceso y uso del sistema de salud con adecuación cultural. Desde la política nacional y desde la normativa en materia migratoria debemos garantizar la salud como derecho.Andrea Avaria, doctora en Antropología e investigadora de la Universidad Autónoma de Chile
Legisladores "feudales"
El proyecto que aprobó la Cámara de Diputados, impulsado por los diputados del Frente Amplio Catalina Pérez y Diego Ibáñez, en cuanto a que bancos no cobren intereses por créditos a partidos y candidatos, es propio de sociedades estamentales donde ciertos grupos, sobre todo los ligados al poder político, tenían privilegios de todo tipo.
La misma diputada Pérez, que cree que las hogueras son medios legítimos de expresión, ahora impulsa una ley más propia de tiempos feudales. Eso denota la crisis jurídica que vive Chile a manos de personas que tuercen el sentido del derecho. Nuestros legisladores no son progresistas, en cuanto a promover reglas generales, son premodernos.
Jorge Gómez Arismendi
