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Países OCDE con bajo nivel escolar perdieron más clases

PANDEMIA. Alemania, Dinamarca y Nueva Zelanda pararon apenas 20 días en 2020 por el covid-19. Otros cerraron hasta por 180 días. Chile se ubicó sobre el promedio.
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Agencias

Los países cuyos alumnos tienen un bajo nivel escolar son los que más tiempo tuvieron cerradas las escuelas durante el 2020 por el covid-19 al margen de la incidencia de la pandemia.

Así lo estableció un estudio sobre el impacto de la epidemia en la educación elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que advirtió e que el fenómeno aumentará las desigualdades.

"Pocos grupos son menos vulnerables al coronavirus que los escolares, pero pocos grupos han sido más afectados por las respuestas de la política para contener este virus", reflexionó el director de Educación de la OCDE, el experto Andreas Schleicher.

El trabajo destacó que el año pasado Costa Rica y Colombia fueron los países donde los alumnos se quedaron durante un periodo más prolongado sin clases presenciales.

De la treintena de estados cubiertos por el informe, Costa Rica registró cerca de 180 días lectivos perdidos en primaria y secundaria. Le siguieron con poco más de 150 Colombia y, algo por debajo de 120, Eslovaquia, Turquía y Polonia.

En la mitad inferior de la tabla aparecieron también Italia, Lituania, Austria, Eslovenia, Israel y Suecia.

Todos quedaron muy lejos de los menos de 20 días que se perdieron en Dinamarca y de los poco más de 20 en Alemania y Nueva Zelanda.

En promedio, los alumnos de preescolar en los 30 países analizados estuvieron ausentes 42 días, los de primaria 54, los del primer ciclo de secundaria 63 y los del superior 67.

Chile se situó por delante del conjunto de la OCDE, aunque sus alumnos superaron la marca de las 60 jornadas sin acudir a sus establecimientos educativos.

Relación con la pisa

Los autores del estudio constataron que hubo una fuerte relación entre los países cuyos estudiantes habían obtenido peores resultados en la evaluación de lectura en la prueba PISA de 2018 y el número de días de clase perdidos en 2020 por el cierre ante la epidemia.

En concreto, la nota de PISA explica en 54% la variación en el número de jornadas con las escuelas cerradas.

La situación cambia si se relaciona el cierre de los centros escolares con el número de contagiados por cada millón de habitantes entre el comienzo de la pandemia y diciembre de 2020.

Más desigualdad

El diagnóstico de la OCDE de cara a las futuras fracturas a partir de esa constatación es concluyente.

"Los cierres no solo han amplificado las desigualdades en las oportunidades de aprendizaje dentro de los países, ya que los menos privilegiados tienen pocas alternativas para compensar las pérdidas, sino que los datos sugieren que la pandemia ha incrementado las desigualdades en las oportunidades de aprendizaje entre los países", señaló.

La organización recordó que con los cierres de escuelas por el coronavirus quedaron claros "los muchos beneficios que los estudiantes obtienen de aprender en contacto próximo con sus profesores y con sus compañeros, y con acceso a la variedad de servicios que les ofrecen las escuelas".

Aunque es difícil predecir el efecto futuro, los economistas Eric Hanushek Ludger oessmann estimaron que por cada tres meses de aprendizaje perdido las expectativas de reducción de los ingresos durante toda su vida serían de alrededor del 3%.

También proyectaron pérdidas a largo plazo de entre 504.000 millones de dólares (Sudáfrica) y 14,2 billones de dólares (Estados Unidos).

Llaman a buscar salida colectiva y sistemática

Durante 2020, 1.500 millones de estudiantes en 188 países estuvieron sin ir a clases, según los cálculos de la OCDE. "Muchos permanecieron excluidos, en particular los alumnos de los grupos más marginados, que no tuvieron acceso a recursos digitales de aprendizaje o carecían del apoyo o la motivación para aprender por sí solos", analizó. La situación ensombrece el bienestar económico de las personas y las naciones, por lo que la entidad urgió por respuestas "colectivas y sistemáticas".

La novia de Floyd afirma que era adicto a los opiáceos y que tuvo coronavirus

JUICIO. Testimonio durante el proceso contra el expolicía Derek Chauvin.
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Courtney Ross, la novia del George Floyd, afirmó ayer que el fallecido tuvo covid-19 y era adicto a los opiáceos, en un emotivo testimonio en el juicio contra el expolicia Derek Chauvin, acusado de asfixiar y asesinar al afroamericano cuando lo arrestó.

"Floyd y yo sufrimos de adicción a los opiáceos", dijo Ross, en respuesta a una pregunta de la fiscalía en el cuarto día del proceso, que se desarrolla en Mineápolis.

Acto seguido la testigo explicó que la experiencia de ambos con las drogas es "la clásica historia de muchas personas adictas a los opiáceos".

"Ambos sufríamos de dolor crónico -detalló-, el mío era en el cuello y el suyo en la espalda, ambos teníamos recetas, pero una vez que se acabaron, nos volvimos adictos, y realmente intentamos duro acabar con esa adicción muchas veces".

La fiscalía fue la primera en preguntar sobre el consumo de opiáceos por parte de Floyd, aunque son los abogados de la defensa de Chauvin los interesados en este aspecto de su vida, ya que quieren argumentar que falleció por problemas de salud previos y por tomar drogas.

Floyd perdió la vida en mayo pasado cuando cuatro agentes intentaron detenerlo por haber utilizado un billete falso para pagar en una tienda. Durante su arresto, Chauvin lo inmovilizó en el suelo presionando la rodilla contra su cuello hasta que dejó de respirar.

En la vista de ayer, Ross reveló que meses antes de su muerte, en marzo, Floyd fue hospitalizado por sobredosis, cuando fue interrogada por el abogado defensor Eric Nelson.

Acto seguido, Nelson le preguntó si supo más tarde que se debía a una sobredosis, a lo que la testigo respondió que sí.

Ante la estrategia de la defensa de centrarse en la adicción de Floyd, la familia del afroamericano emitió un comunicado para criticar esta táctica.

En otro momento, Ross señaló que su novio dio positivo en la prueba de covid-19 a finales de marzo pasado y que tuvo que hacer cuarentena.

La novia de la víctima es la décimo tercera testigo citada por la fiscalía en el juicio que comenzó el lunes.

Piden intervención extranjera a dos meses del golpe en Myanmar

CONFLICTO. Delegado civil pidió que una fuerza militar extranjera intervenga.
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Cuando se cumplen dos meses desde el golpe de Estado del 1 de febrero, la junta militar de Myanmar no consigue estabilizar al país bajo su mando, asediada por las protestas y el gobierno civil paralelo, el resurgimiento de los conflictos con las guerrillas étnicas y la presión internacional contra su brutalidad.

En un ambiente cada vez más tenso y desolador, las protestas continúan por todo el país en contra del levantamiento militar del pasado 1 de febrero, que depuso al gobierno de facto de la ganadora del Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi y acabó con una frágil transición democrática.

Mientras las fuerzas de seguridad continúan con una brutal represión a los manifestantes y la población en general, que ha dejado más de 530 muertos, el movimiento de desobediencia civil ha conseguido parar prácticamente la economía del país con sus huelgas.

"Más allá de permanecer en el poder indefinidamente, no creo que haya una estrategia planificada. Sospecho que (los militares) subestimaron el nivel de descontento que provocaría su golpe a nivel nacional e internacional", explicó el especialista en regímenes autoritarios en el Sudeste Asiático Lee Morgenbesser.

El profesor de la Universidad Griffith de Australia sostuvo que la del Tatmadaw (ejército birmano) es "una historia de represión y guerra, lo que significa que tiene la fortaleza y la energía para seguir aplastando las manifestaciones independientemente del daño económico o de reputación que pueda resultar".

Apoyo EXTerno

Ante esta situación, un representante del "gobierno civil" pidió la intervención militar extranjera.

"Necesitamos algún tipo de protección inmediatamente. Es importante actuar rápido porque están matando en las calles. Yo diría francamente que es necesaria una intervención militar", dijo Htin Linn Aung, del Comité de Representantes de la Asamblea de la Unión (CRPH).

Este grupo formado por parlamentarios electos que viven en su mayoría de manera clandestina en la exBirmania actúa como autoridad "legítima" o "civil".