Redacción

El Gobierno anunció que el presidente Sebastián Piñera presentará al Congreso Nacional un proyecto de ley que busca endurecer las penas a quienes cometan el delito de robo con homicidio contra ciertos grupos de la población, llegando incluso al presidio perpetuo calificado.

"La iniciativa legal se dio a conocer luego de los hechos ocurridos las últimas semanas, tras la muerte de dos menores de edad en medio de hechos delictuales que han involucrado robos de vehículos", comunicó la Subsecretaría de Prevención del Delito, aludiendo a los decesos de una niña de 5 años en Huechuraba y de un niño de seis años en Maipú, ocurridos la noche del domingo 28 de febrero. "Hemos visto que esos delitos han aumentado", complementó el ministro secretario general de Gobierno, Jaime Bellolio.

Modificaciones

El proyecto contempla que la pena para el delito de robo con homicidio o con violación, cuando se trate de menores de 14 años, mayores de 65 o personas con discapacidad, sea el presidio perpetuo calificado, esto es, 40 años.

Si alguna persona de esos tres grupos es objeto de robo con lesiones gravísimas, la pena será de presidio perpetuo, es decir, 20 años. Y si se trata de robo con lesiones graves, la pena es de presidio mayor en su grado medio a máximo: 15 años y un día a 20 años.

La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, destacó que el proyecto busca "aumentar las penas del robo con homicidios" y así "eliminar la pena de presidio mayor en su grado máximo y sustituirla por el presidio perpetuo simple hasta el presidio perpetuo calificado".

La otra modificación propuesta por el Ejecutivo al Código Penal considera la incorporación de un tipo penal que describe la "encerrona", como figura de robo sin violencia o intimidación, con una pena equivalente al "portonazo", esto es, presidio menor en su grado máximo (3 años y un día a 5 años), como inciso final nuevo del artículo 436 del mencionado cuerpo legal.

Máxima urgencia

La iniciativa anunciada contempla que si la "encerrona" se realiza con violencia o intimidación, la sanción que se aplicará será la del inciso primero del artículo 436, esto es, la figura residual de robo con violencia o intimidación, cuya pena es de presidio mayor en su grado mínimo a máximo (5 años y un día a 20 años).

La subsecretaria Martorell solicitó a los legisladores que aprueben este proyecto a la brevedad. "Esperamos que en el Congreso se tramite con la máxima urgencia, dadas las situaciones de violencia que lamentablemente hemos visto en el último tiempo", dijo.

Gendarmería anunció que buscará sanciones para el exfrentista Mauricio Hernández Norambuena, recluido en Unidad Especial de la Cárcel de Alta Seguridad (CAS) de la Región Metropolitana, luego de la entrevista que concedió por videollamada al programa "Mentiras Verdaderas" del canal La Red y que se emitió el lunes en la noche.

"Significa un grave incumplimiento a la normativa penitenciaria", dijo la institución carcelaria en un comunicado y agregó que la entrevista no fue solicitada ni autorizada.

Gendarmería "rechaza categóricamente" el "abuso y grave falta", agregó sobre Hernández Norambuena, quien está condenado por el asesinato en 1991 del senador de la UDI, Jaime Guzmán, y por el secuestro de Cristián Edwards.

También se dispuso un sumario administrativo para "establecer las circunstancias de la videollamada" y "determinar responsabilidades funcionarias". Gendarmería dijo también que Hernández Norambuena ya antes ha cometido "graves faltas al régimen disciplinario".

El Gobierno rechazó categóricamente que Hernández Norambuena diera la entrevista, donde dijo que el crimen del exsenador se trató de "un ajusticiamiento", "una operación justa desde un punto de vista ético" y donde también se definió como un "preso político".

Consultado por la situación, el ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, afirmó que "el señor Norambuena es un delincuente a sueldo, asesino, terrorista y torturador (...) La justificación de asesinar a una persona por pensamientos políticos, es una cuestión absolutamente inaceptable". A su juicio, "no es posible que una persona esté durante dos horas una entrevista sin que nadie se dé cuenta, cuando teóricamente los teléfonos celulares se han entregado a quienes están presos para que puedan tener algún contacto familiar".

El Consejo Nacional de Televisión recibió más de 180 denuncias por la entrevista, mientras que el gremialismo expresó su dolor y "repudio" por lo ocurrido.

El presidente del Partido Republicano, José Antonio Kast, manifestó en sus redes sociales online que dio positivo a covid-19 y contó que tuvo los primeros síntomas el domingo, por lo que se aisló en su hogar.

"He tenido algunos síntomas, fiebre, molestia nasal, pero en términos generales me siento bien", dijo Kast ayer tras ser notificado. "Cuídense, se vienen semanas difíciles para Chile antes de que podamos derrotar esta enfermedad", añadió.

El exdiputado aprovechó de llamar al Gobierno a "hacer un esfuerzo adicional para apoyar a aquellas personas que están en cuarentena y con más fuerza a los trabajadores de comercios e industrias", así como a "apretarse más el cinturón y reducir los gastos, y con ese ahorro apoyar a las personas en estos momentos de emergencia".

El ministro de Educación, Raúl Figueroa, informó que "sólo 680" establecimientos educacionales de comunas rurales están desarrollando actividades presenciales en todo Chile.

El secretario de Estado dijo que la cifra se da en un universo de 2.090 colegios que podrían estar trabajando de manera presencial, dado que se encuentran en comunas que están en la fase 2 o una superior del plan "Paso a Paso".

Figueroa precisó, asimismo, que existen 3.317 establecimientos en las comunas rurales del país, los que representan cerca del 30% del total país. De ellos, "cerca de 1.800 son escuelas unidocentes o multigrado, que no tienen más de 50 alumnos".

El jefe del Mineduc entregó dicho balance al visitar, junto a la ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga, una escuela de la comuna de Paine, en la Región Metropolitana. En la ocasión, anunciaron la entrega de recursos impresos para hacer un diagnóstico integral de aprendizajes post pandemia a más de 200 mil alumnos de 3.200 escuelas rurales con menor conectividad a lo largo del país.

En las escuelas rurales, la matrícula total es cercana a los 300 mil estudiantes.

"El esfuerzo que han hecho en Paine para dar presencialidad a todos sus alumnos y particularmente a los alumnos del mundo rural es fundamental. Este esfuerzo permite que los efectos de la pandemia, que han sido tremendamente duros duros en el sistema educativo, se mitiguen con mucha mayor fuerza", dijo Figueroa, quien agregó que "creemos que es un ejemplo que deben seguir el resto de los municipios del país".

Para la ministra Undurraga, "la educación rural es no solamente un pilar para el desarrollo de cada persona, sino también, en el ámbito de la ruralidad, tiene la función de construir comunidad, desarrollar tradiciones y cultura".

La Sociedad Nacional de Minería (Sonami) planteó su rechazo al proyecto de ley que busca fijar un royalty al cobre y litio.

Ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el presidente de la Sonami, Diego Hernández, afirmó: "Nosotros creemos que un royalty a las ventas perjudica el desarrollo de la minería y, finalmente, no va a recaudar más". Agregó que "con una visión de largo plazo, como la que tenemos que tener, creemos que es preferible mantener el modelo vigente en la actualidad".

Hernández expuso que si el proyecto fuere aprobado, aumentará la carga tributaria del sector, que ya es una de las más altas del mundo, lo cual "equivale a subir la ley de corte. Esto es grave, pues transforma en antieconómicos los yacimientos de leyes más bajas".