Desde 2013, Naciones Unidas ha invitado a conmemorar el 1 de marzo como el Día de la Cero Discriminación y propone cada año un tema en particular para reflexionar. Este 2021 fue el de la exclusión de la personas que viven con VIHSida, quienes -en pandemia- han sufrido mayor aislamiento y baja en la continuidad de tratamientos.

Su situación es muy seria, porque también se ve cruzada por otro tipo de estigmas que provocan postergación, malos tratos y hasta temores fundados sólo en desconocimiento.

Esta es una realidad que enfrentan 71 mil personas en el país (Onu-Sida, 2019) y, desde ella se convocó también a visibilizar otras causas de segregación: discapacidad, género, orientación sexual, raza, nacionalidad, apariencia, situación económica, tipo de trabajo, pensamiento, edad u otros.

En Chile existe hace dos años la Ley 21.015 de Inclusión Laboral y, hace ocho, la Ley 20.609 (Ley Zamudio), además se ha suscrito varios convenios internacionales en la materia; pero aún se está lejos de erradicar casos.

Un 73% de la población nacional declara haberse sentido discriminado alguna vez, principalmente por edad (Visión Humana.Chlescopio); y un 68% refiere haber sufrido esa discriminación en servicios públicos , por color de piel (48,9%), pobreza (42,8%), por la orientación sexual (36,9), el lugar donde se vive (26,8%), la forma de vestir (25,3%), la forma de hablar (24,5%), ser migrante (22,5%), indígena (18,5%), discapacitado 12,7%, (etnograficaresearch).

Por otra parte, la VIII Encuesta Nacional del Injuv, señaló que un 30,1% de los jóvenes locales indica haber sido víctima de discriminación en sus lugares de estudio.

En 2019 se anunció la realización de una encuesta para conocer cifras regionales. Además, se dio acceso al sitio web www.yoterespeto.cl , en el cual hay guías para evitar que las palabras que se usan a diario también dañen. Ese es un aporte muy potente, pues los nuevos vocabularios permiten ampliar visión del mundo y el pensamiento. Por eso, son la primera puerta hacia cambiar acciones con efectividad.

El país ha sido testigo de la horrible muerte del menor Tomás Bravo (Tomasito). Todos sufrimos los días de incertidumbre rogando a Dios que el niño fuera encontrado sano y salvo. Tristemente Tomás fue encontrado muerto en un predio cercano a los pocos días de su desaparición.

Lo que vino de aquí en adelante fue una serie de eventos desafortunados protagonizados por el fiscal José Ortiz, quien sin esperar los resultados de los peritajes de rigor, se aventuró en afirmar el mismo día del hallazgo que; "no se trata de un accidente, claramente hay intervención de terceros". Sin embargo, esta aseveración, muy antojadiza a nuestro juicio, no pudo ser sustentada en la audiencia de formalización y de este modo el Juzgado de Garantía de Arauco tuvo que rechazar la petición de prisión preventiva del único imputado en el hecho, el tío abuelo del menor, dejando una sensación de frustración muy grande en la familia de la víctima y también en la comunidad. Este duro revés significo que el fiscal nacional se vio obligado a designar a la fiscal regional del Biobío para continuar con la investigación.

Esta situación es grave y refleja que algunos fiscales, más allá de investigar con celo y objetividad, ceden a la presión mediática y con tal de encontrar luego a un culpable, se encandilan con las cámaras y pierden la ecuanimidad.

Nada costaba mantener al sospechoso como testigo en espera del resultado de las pericias técnicas y con el mérito de sus resultados recalificar procesalmente su estatus.

El Ministerio Público tiene la misión de investigar los hechos constitutivos de delitos y para ello los fiscales dirigen la investigación, ejercen la acción penal pública con arreglo a la ley y otorgan protección a las víctimas y testigos, pero conforme al principio de objetividad que gobierna su actuar.

Precisamente este vital principio faltó en el actuar del fiscal Ortiz y por eso la formalización del único imputado se acercó peligrosamente a una formalización arbitraria forzada por la presión mediática, pero alejada del estándar que exige la ley para sustentar la medida cautelar más gravosa que es precisamente la prisión preventiva.

Los chilenos necesitamos confiar en nuestras instituciones y es precisamente por esta razón que demandamos objetividad en las actuaciones del órgano persecutor, con arreglo a los estándares internacionales de un debido proceso legal.

José Manuel Baquedano, presidente Colegio de Abogados, provincia de Osorno