Confirman detención de obras en sitio declarado santuario de la naturaleza
EN ALTO MAULLÍN. La Superintendencia de Medio Ambiente realizó petición al Tercer Tribunal Ambiental, debido a trabajos de una inmobiliaria en Llanquihue.
La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) solicitó al Tercer Tribunal Ambiental la autorización para frenar las obras del loteo "Alto Maullín". El proyecto se ubica a cinco kilómetros de Puerto Varas, en el sector Línea Nueva Ruta V-580 de Llanquihue, a dos kilómetros de esa ciudad. Corresponde a un loteo de 87 parcelas, cada una de 5.000 metros cuadrados. Este requerimiento se establece considerando el riesgo para el medioambiente de las actividades llevadas a cabo por una empresa.
La SMA indicó que las instalaciones del proyecto también cuentan con agua y electrificación subterránea, acceso controlado, abastecimiento de agua mediante pozo profundo, caminos interiores asfaltados y áreas comunes como plazas, jardines y un mirador. Hasta ahora se han construido 200 metros de un camino con una extensión de 1.200 metros y 12 metros de ancho. Conaf verificó la tala ilegal de bosque nativo con el uso de maquinaria pesada en un sector de alta fragilidad y con peligro de deslizamiento de material. Estas obras se ejecutan a 45 metros de altura respecto del río Maullín, en una extensión de 12 hectáreas.
Detención de obras
El Tribunal Ambiental autorizó recientemente la solicitud de la SMA de detener el funcionamiento de las obras de construcción del loteo "Altos de Maullín", ubicado a orillas del río Maullín y cercano a la ciudad de Puerto Varas por el plazo de 15 días hábiles, el que concluirá la segunda semana de marzo.
El ministro del Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia, Jorge Retamal, comentó que "el fundamento para dar lugar a esta solicitud se basó en que el proyecto estaría emplazado en parte dentro de un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad que estaría pronto a ser declarado santuario de la naturaleza".
Emanuel Ibarra, fiscal de la Superintendencia del Medio Ambiente, declaró que el Tercer Tribunal Ambiental autorizó la detención de obras del proyecto "Alto Maullín". Ahora, ¿cuáles son los pasos a seguir? Con la autorización del tribunal, la SMA dictó la resolución que ordena la detención del proyecto. Es decir, la iniciativa no puede seguir adelante en estas condiciones. Si no se cumple lo ordenado, se estaría frente a una infracción. "La empresa no puede reanudar las obras sin contar con la respectiva autorización ambiental, de lo contrario, se arriesga a que se gestione una nueva detención con todas las implicancias que ello acarrea a nivel sancionatorio", explicó Ibarra
Acción ciudadana
Desde octubre de 2020 movimientos ciudadanos han evidenciado la destrucción de vegetación nativa arbórea, arbustiva, hábitat para especies nativas y endémicas que realiza la empresa inmobiliaria Alto Maullín Spa. En noviembre del año pasado las organizaciones realizaron denuncias formales ante las autoridades pertinentes exigiendo proactividad en la gestión para detener el avance del proyecto inmobiliario.
La municipalidad de Maullín es la institución representante del Santuario del río Maullín y los humedales. Este santuario no solamente comprende a la comuna de Maullín, sino que también está incorporado Llanquihue, Los Muermos, Puerto Montt y Puerto Varas. Están permanentemente en contacto junto con organizaciones de la sociedad civil y privados que tienen intereses relacionados con turismo o servicios afines.
Al ser notificados de la situación ocurrida en la parcelación de Alto Maullín, verificaron en el sector que existía destrucción dentro del santuario. Jorge Westermeier, alcalde de Maullín, explica que denunciaron a todas las instituciones que tienen competencia frente a la situación y comenzaron a organizarse y a coordinarse con gremios de la comuna y Puerto Varas para hacer causa común. Agregó que tuvieron una reunión con la SMA y también con el seremi de Medioambiente. "No permitan que cualquier privado haga lo que quiera en un lugar que está definido como Sitio Prioritario de Conservación. Conaf ya había notificado que ahí se había producido una tala ilegal de bosque nativo. Entonces no entendíamos cómo esto no paraba", comentó Westermeier.
El alcalde fue enfático al declarar que la resolución del tribunal de Valdivia es un triunfo ciudadano. "La presión social y la coordinación tiene efectos y rompe con la inercia. No basta con parar las obras y que se pidan los permisos correspondientes. Ahí hay un daño. Ya está hecho y es grave. Además de parar las obras tienen que haber compensaciones y reparar. En eso estamos ahora", detalló.
Mejorar la normativa
Tomás Gárate, co-fundador de Fundación Legado Chile, ingresó unas de las primeras denuncias y ha sido parte del proceso. Invita a mirar la situación como algo sistémico, como un hito importante que permite visibilizar y marcar un precedente para un problema de fondo que se viene agudizando y acelerando en la última década. Agrega que no se puede estar dictando fallos cada vez que ocurran estos problemas. Sostiene que se necesita planificación, estándares y certificación. "Lamentablemente en Chile aún no contamos con instrumentos de planificación territorial del suelo rural que tengan un carácter normativo".
¿Cuál es el problema? En regiones como la de Los Lagos hay una demanda habitacional importante. Las ciudades con el suelo urbano disponible no están siendo capaces de absorber esa demanda, por tanto eso está detonando un cambio en el uso del suelo desde lo rural. "Las leyes que tenemos son completamente insuficientes", dijo Gárate, quien es también candidato a alcalde (independiente) por Puerto Varas.
Casos en la región
Respecto de que en la zona otros proyectos estén en la misma situación, Emanuel Ibarra, fiscal de la Superintendencia del Medio Ambiente, comentó que en la misma área protegida no se ha identificado una situación similar. Sin embargo, en la región se han reconocido otros casos bajo investigación. "Los casos de elusión, es decir, proyectos que actúan al margen de la ley sin contar con su permiso ambiental, han sido priorizados por la SMA no solo a nivel regional, sino en todo el país, porque respecto de ellos no hay ningún tipo de manejo de sus impactos", aclaró el fiscal.
15 días hábiles estarán frenados los trabajos. Este plazo se cumpliría la segunda semana de marzo.