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en la medida provisional dictada por la SMA a fines del 2020, donde estos dos últimos cargos se clasificaron preliminarmente como leves.
Sanciones
De acuerdo a la Ley Orgánica de la SMA, los cargos graves pueden ser objeto de revocación de la Resolución de Calificación Ambiental, con clausura o multa de hasta 5.000 Unidades Tributarias Anuales, es decir más de $3 mil millones.
En el caso de las leves, podrán ser objeto de amonestación por escrito o multas de hasta 1.000 UTA, lo que significa más de 600 millones de pesos.
Al respecto, el superintendente del Medio Ambiente, Cristóbal de La Maza, explicó que este procedimiento tiene directa relación con el riesgo ambiental que ameritó la dictación de medidas provisionales por parte de la SMA y las medidas cautelares del Tercer Tribunal Ambiental, en el contexto de la demanda por daño ambiental que está en tramitación.
"El titular debió cumplir con las exigencias establecidas en su RCA, en atención a que en el ejercicio de sus actividades de extracción de áridos ha afectado el cauce del río Rahue. Los efectos derivados de las obras se realizaron al margen de la normativa ambiental produciendo riesgos al medio ambiente y a terceros," indicó De La Maza.
Tras la formulación de cargos, la empresa cuenta con 10 días hábiles para presentar un programa de cumplimiento o bien con 15 días hábiles para formular los descargos.
Presentarán pruebas
Desde la empresa, a través de un comunicado, señalaron que hasta hoy no existe una información distinta a la que dio a conocer la SMA hace algunos días, la cual da cuenta únicamente de una investigación en curso.
Frente a estos hechos, la firma de áridos responsabilizó también a una firma que posee una piscicultura en el lugar.
"Lo que ha ocurrido hoy es que la empresa Aquafarms, utilizando para ello los servicios de una conocida empresa de comunicaciones de la capital, como es Extend, ha buscado dar mayor visibilidad mediática a un caso sobre el cual somos muy claros: Aquafarms tiene decretadas medidas por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente y por la DGA por sus actuales intervenciones en el río, que a la fecha no ha querido respetar", indica el texto.
Además, afirmaron que a diferencia de la empresa acuícola, Dowling & Schilling cuenta con los permisos para operar.
"Tal es nuestra tranquilidad, que responderemos en las instancias legales, ya que eso es lo que corresponde. Los procesos recién se han iniciado y falta aún nuestra defensa donde podremos acreditar que actuamos correctamente. No hay ninguna sanción a la fecha. La pregunta obvia es ¿qué busca Aquafarms al contratar una empresa de comunicaciones de Santiago para influenciar a la opinión pública respecto de un proceso en curso como éste?", concluyó la misiva.