María Consuelo Ulloa

Es un hecho el que las hidroeléctricas no gozan de alta popularidad en los últimos años. Y es por esto mismo que Colbún, que cohabita en el Lago Chapo con lugareños, se ha esmerado en los últimos años en ser un buen vecino. La última de sus acciones, sobre todo, podría traer un enorme beneficio al mediano y largo plazo al sector.

Son 430 hectáreas que la firma privada entregará a perpetuidad a la Fundación Tierra Austral para que se haga cargo del cuidado medioambiental de un espacio que la eléctrica define como "áreas de alta pristinidad, las cuales son escasas en nuestro país".

Acuerdo al cual se llega firmando un contrato -el que estaría próximo a sellarse- que consagra el Derecho Real de Conservación para estos terrenos ubicados entre el Parque Nacional Alerce Andino y la Reserva Nacional Llanquihue, en la comuna de Puerto Montt. Es la primera vez en Chile que un privado entrega los terrenos para fines exclusivos de protección.

Derecho Real de Conservación es una herramienta jurídica que trata sobre un mandato a perpetuidad entre dos partes, en donde el propietario de las tierras destina el uso de ellas para protección ambiental y la otra parte es la encargada de garantizar el cumplimiento de dicho compromiso. El terreno, eso sí, sigue en poder del propietario original a diferencia de otras iniciativas en que los terrenos son cedidos a un ente público. Este punto es una de las principales dudas que el acuerdo le genera, por ejemplo, a la organización "Salvemos el Lago Chapo", que históricamente ha sido un opositor de la empresa eléctrica en la zona.

Juan Carlos Cuitiño, concejal puertomontino, quien además es parte de la directiva de "Salvemos Lago Chapo", pese a no conocer en detalle el acuerdo, cree que "pudo ser distinto, como lo que hizo Douglas Tompkins, que donaron esas hectáreas. Porque perfectamente puede que esa fundación tenga intereses económicos ocultos en un futuro".

¿Por qué no el Estado?

Para evitar los recelos, desde la fundación, su directora ejecutiva, Victoria Alonso, aclara que ellos son un grupo de personas y organizaciones que están "empujando para que el sector privado tenga un rol en la conservación".

Precisamente explica que "históricamente es el Estado el que está a cargo de la creación de áreas protegidas, pero tiene limitaciones múltiples. Una de ellas es que solo puede proteger lo propio. Entonces nosotros generamos condiciones para que privados puedan protegerlo también". De hecho, fue la propia fundación la que promovió el Derecho Real de Conservación en el Congreso hace algunos años.

"Tompkins tenía una visión súper potente de estimar que el Estado es el mejor garante. Eso es ideal, pero no es factible, entonces en lo que nosotros trabajamos en es generar nuevos garantes si el Estado no puede en todo Chile", argumenta Alonso.

Daniel Gordon, gerente de Medio Ambiente de Colbún, explica que "al árbol le da lo mismo cómo está sostenido esto, si es del Estado, de los privados o un híbrido. De ese punto de vista, nosotros somos una empresa con presencia en el territorio, tenemos un negocio a largo plazo, tenemos una central que está cerca y otras iniciativas en el Lago Chapo y nos interesa entregar valor al territorio, tener presencia".

Asegura que "el móvil de esto es el convencimiento, una genuina preocupación de que los territorios donde nosotros estamos tienen que ser sostenibles. Las comunidades tienen que estar mejor con nosotros que sin nosotros". Junto con ello espera que "otros podrían hacer una donación, pero el Estado hoy tiene muchas limitaciones de recursos para continuar recibiendo y cargándose la mochila de donaciones para ellos. No nos interesa entregarle esto a otro e irnos para la casa, nosotros estamos ahí y lo conversamos con la mesa de turismo del Lago Chapo".

Propósito

Según el propio Gordon, Colbún partió con centrales hidroeléctricas desde 1930 y la relación de esas unidades con el entorno y territorio ha ido evolucionando mucho. "Hay que estar a la altura de los tiempos y de lo que espera la ciudadanía es fundamental en la sostenibilidad del negocio, para ser el mejor vecino posible, legitimizándose y valorizándose", dice.

En esta lógica entra lo que está realizándose en el entorno de la central Canutillar. "Así es como nos encontramos con terrenos que tenemos en la ribera del Lago Chapo y las empezamos a mirar con un poco más de detalle y nos encontramos que tenían atributos bien especiales, entonces podía haber una alternativa atractiva para la conservación", agrega.

Esos factores interesantes, dice Alonso, son "primero ir conectando las áreas (protegidas) que existen, si tenemos solo islas de conservación, la flora y la fauna no lo van a lograr y esta iniciativa se trata de eso. Hay muchas especies en categoría de conservación como pudús, pájaros carpinteros, alerces, especies que necesitan ser protegidas. Llegar a este momento ha llevado a que Colbún tenga que comprometerse a perpetuidad y a nosotros hacer una alianza con la empresa privada. Hemos ido construyendo puentes".

Todo esto, según ambos, para proteger un terreno que en un futuro podría ser "presionado" por inmobiliarias o la industria forestal y que ahora se puede mantener en estado prístino que es muy difícil de proteger. Es una señal muy relevante para que otros lo puedan tomar.

Según Alonso el proyecto busca conectar las áreas públicas con sus tierras alrededor, que la mayoría son propietarios privados. La idea es que las áreas que están protegidas por el Estado sean un corazón de conservación y que la actividad se desarrolle fuera de las áreas protegidas.

"La gracia es que es una herramienta que permite planificar un poco el uso del territorio. Por ejemplo, hay 200 hectáreas, y habrá 10 donde se va a poner un hotel y el resto va a ser conservación, y eso es una manera de ir conectando las áreas públicas que están protegidas con las áreas privadas y formar un corredor (…) la idea es conectar con un cierto uso, siempre que sea compatible", detalla Victoria Alonso.

Desde el territorio

Pese a la desconfianza de "Salvemos Lago Chapo", la visión desde quienes viven ahí es positiva, así como desde los organismos públicos.

Susana Gómez, presidenta de la Junta de Vecinos Lago Chapo cree que, pese a que ellos están acostumbrados a vivir con la belleza del sector "está bueno que esos terrenos no pasen a terceros".

Mirando más allá cree, incluso, que esto permitiría que "después se puede abrir a que universidades o grupos de conservación puedan hacer estudios".

"Todo lo que ellos entregan es un maquillaje para mantener su sistema de extracción y destrucción ambiental", dice Cuitiño sobre lo que está planteando Colbún. Sobre esa desconfianza, Gómez asegura que "Salvemos Lago Chapo, pese al nombre para nosotros es un movimiento político, cuando se empieza con las campañas aparecen. El tema es que nuestro problema (de desconfianzas) no es con Colbún, sino con Endesa, que hizo el estudio y rompió el cerro en un primer momento. Colbún es parte de esta red y hemos decidido conversar con ellos, eso sí, les planteamos nuestras necesidades y hay cosas que se están haciendo".

Punto que refrenda Gordon, quien asegura que "con la gente tenemos conversaciones bastante fluidas y periódicas, porque nosotros estamos en el territorio".

Por lo pronto, el acuerdo ya está y solo faltan las firmas. El tiempo dirá -piensan los habitantes de Lago Chapo- si esta solución medioambiental para estos terrenos se convertirá en un ícono del nuevo trato de los privados al ecosistema en el país o queda en una solo en una voluntad aislada de responsabilidad social empresarial.

"Tompkins tenía una visión súper potente de estimar que el Estado es el mejor garante. Eso es ideal, pero no es factible, entonces en lo que nosotros trabajamos es en generar nuevos garantes si el Estado no puede".

Victoria Alonso, Fundación Tierra Austral