Durante la semana pasada se inició el proceso de vacunación contra el covid-19 en todo el país, que es masivo, gratuito y se enfoca, en una primera etapa, a diversos grupos prioritarios, y que el miércoles tuvo un hito inicial con las personas sobre 90 años, quienes acudieron masivamente a recintos de salud municipal para cumplir con la inoculación. Uno de los puntos que el Gobierno ha remarcado es que el proceso de vacunación elaborado por el Ministerio de Salud se realizará de manera gradual y progresiva, avanzando de acuerdo a la cantidad de dosis que vayan llegando al país. También se estableció un calendario preciso, con el objetivo de ordenar el proceso y así evitar que haya aglomeraciones que compliquen la prevención de contagios y que, en el caso de la tercera edad, por tratarse de la población de mayor riesgo, debe ser manejado con gran cuidado.

Dentro de los grupos prioritarios se cuentan el personal de salud (comienza con la Unidad de Paciente Crítico - UPC), las personas residentes en Centros de Larga Estadía (que incluye Establecimientos de Larga Estadía del Adulto Mayor, centros del Sename, personas con discapacidad física o mental), el personal crítico de la administración del Estado y las personas con comorbilidades.

El compromiso gubernamental es vacunar a alrededor de 5 millones de personas y alcanzar el 80% de la población en el primer trimestre de este año, es decir, unos 15 millones de personas aproximadamente, a fines del primer semestre de 2021.

En los primeros días de este anhelado proceso ha sido fundamental la estratégica labor de los municipios de la provincia, que han desplegado diversas medidas con el fin de apoyar este proceso sanitario y cuyo personal ha demostrado la capacidad y vocación que requiere esta extensa labor. No sólo debieron coordinar procedimientos y equipos de trabajo en un corto plazo, sino que además han demostrado una actitud colaborativa y responsable, buscando la mejor forma de inmunizar a sus habitantes según sus realidades y a la necesidad de llegar a las distintas áreas del territorio comunal.

La labor realizada hasta ahora coincide con el significado que tiene un proceso de vacunación, como es proteger la salud propia y la de los demás.

32 mil 709 millones de dólares. Esa es la cantidad de dinero que, hasta hace pocos días, había sido retirada desde las AFP por los cotizantes que han accedido al 10% de sus fondos de pensión.

La tarea de inyectar recursos a nuestra alicaída economía ha recaído en los propios trabajadores y en sus ahorros.

Esos casi 33 mil millones de dólares -que equivalen a poco menos de la mitad del presupuesto fiscal del país para 2021- han dinamizado las actividades económicas locales y generado más consumo, mayoritariamente de tipo primario, pues muchas familias acudieron a estos fondos para subsistir, ante la tardanza y la precariedad de las ayudas ofertadas por el gobierno.

De no ser por esos recursos, la economía interna sería todavía mucho peor. Más todavía bajo la tutela de un gobierno que no logró aquilatar la magnitud de las necesidades de la población.

Con todo, las proyecciones al mediano plazo no son alentadoras ni para las pequeñas y medianas empresas, ni para el empleo, ni para el gasto público. Por lo tanto, también son malas las perspectivas para la inmensa mayoría de las familias chilenas. ¿Qué va a hacer el gobierno en los meses que vienen? ¿Se la va a jugar durante su último año de gestión por revitalizar la economía? ¿O va insistir en endosar el costo a los trabajadores?

Cada vez cobra más sentido y urgencia la modificación del sistema tributario. Particularmente en materia de exenciones y evasión. No es un tema menor. Las exenciones alcanzan los 9 mil 333 millones de dólares y la evasión promedia anualmente 21 mil millones de dólares. Rectificar esta materia es un paso necesario para mejorar la recaudación de recursos por parte del Estado.

En el fondo, los beneficios tributarios discrecionales, la concentración excesiva de la riqueza y las facilidades para eludir el pago de impuestos se ubican en la base de la desigualdad, que es uno de los problemas de fondo que sufre Chile y que limita su desarrollo.

Hace falta asegurar que el Estado tendrá recursos suficientes para enfrentar la contracción económica que de seguro rondará nuestra realidad durante los próximos dos o tres años, antes de regresar recién a un estado pre-crisis. Hasta ahora, los chilenos han puesto de su bolsillo 32 mil millones de dólares. ¿Qué está dispuesto a hacer el gobierno?

Rabindranath Quinteros senador por la Región de Los Lagos