Preocupantes datos reveló el balance anual de reclamos y denuncias en contra de las instituciones de educación superior del país, entregado por la Superintendencia de Educación Superior (SES). Según el reporte, en 2020 se ingresaron 4.148 casos, es decir, un promedio de 346 reclamos mensuales. Esta última cifra representa un alza de más del doble de casos respecto del año anterior y da cuenta de las dificultades adicionales que ha significado para las casas de estudio responder a las inquietudes expresadas por sus alumnos.

Es fundamental que las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica incluyan esta información como un indicador de gestión y que, en base a ello, evalúen mejoras en las áreas donde concentran mayores problemas". En específico, los factores que explicarían esta importante alza serían dos. El primero se vincula a la pandemia y las restricciones que obligaron a las instituciones de educación superior a implementar modalidades alternativas a las clases presenciales para cumplir con la entrega del servicio académico, situación que generó un alza importante de reclamos. También influye el mayor conocimiento que existe sobre la SES, que ya cumple 20 meses de gestión.

El principal foco de las preocupaciones sigue siendo la situación académica -asociada a la calidad del servicio educativo y resoluciones en el área- que generaron el 42,6% del total de las denuncias. En ese sentido, es importante insistir en la necesidad de que se mejoren los procesos internos de los planteles y sobre todo se entregue una información clara a los estudiantes acerca del por qué de las decisiones.

Las materias de financiamiento (26,3%) y administrativas (22,6%) también representaron importantes porcentajes de las inquietudes. En este último punto, evidentemente, los problemas de la educación a distancia, que han derivado en el retraso de algunos procesos como la entrega de certificados o el desarrollo de la titulación, son factores que han engrosado el volumen de las denuncias.

Frente a estos antecedentes y la mantención de muchos procesos por la vía remota este año, es evidente que se requiere todavía avanzar bastante para disminuir las denuncias recogidas por la Superintendencia de Educación Superior.

La mitad de las comunas de la Región de Los Lagos se encuentran en cuarentena. Algunas de ellas han pasado circunstancialmente y de manera temporal al paso 2 y luego han retrocedido nuevamente, sumando ya varios meses en estado de confinamiento.

En los breves momentos de transición, muchas pymes que habían estado cerradas pudieron retomar sus actividades bajo esta nueva normalidad; y con la llegada de la época estival vislumbraban la posibilidad de reponerse de este duro golpe.

El turismo, la hotelería y la gastronomía son los rubros más afectados. Desde el principio solicitamos al Ejecutivo, en varias comisiones y en la misma sala, mecanismos especiales para estos sectores, para entregar ayudas directas a las pequeñas y medianas empresas, esas a las que no les ha llegado ningún apoyo y que han visto perder su esfuerzo de años.

Si bien existió una primera versión del Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (Fogape), a todas luces fue insuficiente, tal como pasó con el IFE en sus diferentes versiones.

Muchos de los empresarios que obtuvieron estos créditos debían empezar a pagar ya las primeras cuotas, ¿cómo podrían hacerlo si sólo tuvieron abiertos sus locales un poco más de un mes? La realidad nos golpea en la cara una vez más. Las medidas no han estado a la altura de las necesidades ni de las expectativas generadas por el propio Gobierno, pues entregaban a los bancos la discrecionalidad de la evaluación del riesgo, lo que beneficiaba directamente a las empresas más grandes y con mayor solidez económicas; y las cifras de cobertura han estado lejos de las que se dijeron por parte del Ejecutivo en su oportunidad.

La segunda versión de esta herramienta contiene algunos cambios, pero éstos no aseguran resultados más efectivos ni lograrán el propósito de salvar a una buena parte de las pymes.

Hubiésemos esperado que en esta nueva versión del Fogape, el Ejecutivo realmente hiciera cambios significativos para las pymes, por ejemplo, un subsidio a las tasas de los créditos a las empresas más pequeñas, así como también incluir un subsidio directo para empresas que no son sujetas a crédito, porque muchas de ellas no son elegibles por los bancos, pues no tienen una solidez económica que las haga sujeto del crédito.

Rabindranath Quinteros, senador por Los Lagos