El año pasado fue complejo para los estudiantes de todos los niveles, pero especialmente para quienes cursaron cuarto medio, pues enfrentaron las inquietudes del egreso en pandemia y hasta debieron tener las tradicionales ceremonias de graduación de manera virtual. Es decir, los "ritos de pasaje" totalmente diferentes a las anteriores generaciones escolares.

A esa presión se suma ahora la rendición -esta semana- de la prueba de ingreso a las universidades con las restricciones del covid-19 y en una modalidad distinta. Se dividió en dos grupos (4-5; 7-8 de enero), salas con metros de separación, mascarillas y alcohol gel.

Además, debutó con ellos la Prueba de Transición Universitaria (PTU) que tiene varios cambios en relación a la antigua PSU. Considera contenidos desde séptimo básico y los específicos pasados durante los meses de clases a distancia.

Además ofrece cambios para facilitar acceso a la enseñanza universitaria: la ponderación del puntaje baja a 30%; el mínimo de postulación es 450 puntos o que las notas de Enseñanza Media ubiquen al estudiante dentro del 10% de mejor rendimiento de su establecimiento educacional de egreso. Esto -según los esperado- permitirá que ingresen muchos más jóvenes que no podrían hacerlo en condiciones anteriores.

La cantidad de inscritos para rendir la prueba ahora es la más baja en los últimos trece años a nivel nacional. En total suman 262.377, 12% menos que el examen de 2020. La mayoría de ellos son mujeres (55% del total) y de recintos científico-humanista (73%). También un dato importante es que aumentó la cantidad nacional de postulantes que presentan algún grado de discapacidad (auditiva, física, intelectual, psíquica y visual). Son 2.300 y antes fueron 1.500.

Sin dudas se trata de jornadas complejas, que deben contar con un máximo de colaboración y resguardos de seguridad. En primer lugar para evitar contagios; pero también para prever problemas como los que hubo el año pasado, cuando se produjeron protestas que obligaron a suspender algunas partes del proceso.

Las crecientes iniciativas asociativas en el mundo lechero han generado un interés especial por un concepto que se menciona mucho, pero del que se sabe muy poco. Me refiero al capital social en la cuenta lechera del sur de Chile. El capital social es aquel que permite que la gente se asocie para lograr objetivos en común, constituyéndose en un componente fundamental para el desarrollo económico de cualquier sector productivo. Para que esta asociación tenga lugar, deben existir relaciones de confianza, cooperación y reciprocidad entre los participantes de un modelo de negocio y con su entorno.

Recientemente se ha publicado el estudio de ODEPA denominado "Estudio para la caracterización de los modelos asociativos de los productores de leche bovina y productos lácteos en Chile", el que se transforma en el primer esfuerzo en el país en cuantificar los distintos tipos de capital social existentes en este sector productivo.

Este estudio informa de resultados relevantes y que podrían explicar los fracasos que ha tenido la implementación de políticas públicas impuestas, que no consideran variables relacionales, al momento de explicar el éxito o el fracaso de este tipo de modelo asociativo de negocio.

En el 66,7% de las asociaciones comerciales, en el 54,5% de las asociaciones gremiales y en el 40% de las cooperativas estudiadas, el capital social es bajo o inexistente, lo que deja una gran interrogante con respecto a las erosiones en los resultados organizacionales que genera este comportamiento.

Importante es considerar, por tanto, herramientas de fomento a la generación de capital social que movilicen recursos para fortalecer las relaciones entre los socios de una organización asociativa, entre distintas organizaciones asociativas y entre la organización asociativa con actores del sector público y privado.

Si queremos potenciar la asociatividad láctea, se hace necesario generar estudios de competitividad económica regional que consideren la caracterización y funcionamiento del capital social existente. Lo anterior permitirá mejorar el diseño de políticas públicas, y apoyar modelos asociativos actualmente en desarrollo o en proceso de creación.

Sandra Ríos, Ceder ULagos