Detonaciones en las noches, ráfagas y fuegos artificiales se están volviendo algo común en las poblaciones de Osorno y otros puntos de la región. Los vecinos saben que se trata de grupos que anuncian ventas de drogas; las autoridades se comprometen a trabajar en ello. Sin embargo, no se detiene y hasta se ha "naturalizado". Lo ocurrido en Navidad es un ejemplo.

Estos grupos son de relativamente reciente aparición en la zona. Pero sus operaciones y el uso de armas crecen y se hacen cada vez más sofisticadas, tal como lo señala el informe 2020 del Observatorio del Narcotráfico del Ministerio Público. Por otra parte, no se puede negar que el comercio prolifera también porque existe demanda creciente.

Además de lo anterior las agrupaciones se articulan y generan cadenas de poder, miedo y recursos que no solamente amenazan los territorios donde se ubican, sino las estructuras y organizaciones sociales a través de la corrupción. Es decir, logran algún grado de protección que les permite seguir operando.

A esto se le denomina "crimen organizado" y, lamentablemente, no se verifica solamente en asuntos de drogas, sino en influencias, negocios ilícitos, impunidad para operar más allá de la ley, tráfico de personas, comercio de armas, entre otros que corroen las bases de la democracia.

Ante la evidencia de estos hechos en Chile, el fin de semana fue presentado un proyecto de ley que busca dar más herramientas para combatirlos y propone modificar la actual denominación de asociación ilícita, reemplazándolo por dos nuevas figuras: la asociación delictiva (bandas que se reúnen para cometer delitos) y la asociación criminal (grupos que delinquen, pero tienen los vínculos para evitar ser castigados).

"Estamos en un punto de inflexión que nos obliga a actuar ahora con decisión y urgencia", dijo el Presidente Sebastián Piñera al presentar la iniciativa y enfatizar que es preciso dotar de más atribuciones a la entidades que hoy enfrentan el tema. Es de esperar que esta propuesta legislativa tenga acogida y rápido trámite en el Congreso, especialmente, porque la comunidad requiere protección.

El 2020 ha sido, con toda certeza, uno de los años más difíciles que hemos debido enfrentar. La crisis social y económica ha golpeado con fuerza a nuestra comunidad, mientras la amenaza de la pandemia sigue presente, generando preocupación e incertidumbre.

La provincia de Osorno ha experimentado momentos especialmente complejos. La extensas cuarentenas y las restricciones sanitarias tuvieron un impacto incuestionable en su economía. Al igual que en otros sectores de la región, el empleo ha caído y las pymes, especialmente las vinculadas al comercio, el turismo y la gastronomía también han sufrido los embates de la crisis.

Repetimos hasta el cansancio que las medidas de ayuda eran insuficientes y que habían demorado demasiado. El propio ministro de Hacienda reconoció, hace pocos días, que las primeras medidas habían llegado tarde. De ello pueden dar cuenta no solo las miles de familias que debieron financiar la crisis con sus ahorros, sino también muchos pequeños y medianos empresarios que no encontraron en el Estado las ayudas que esperaban.

Hoy, ante la certeza de que la crisis está lejos de terminar, se habla de un nuevo Crédito Fogape. Pero esta nueva propuesta, para ser realmente útil, debe ayudar a las pymes a ganar liquidez, de otra forma será letra muerta y no evitará el colapso que ya están experimentando.

Hay que postergar los pagos de los créditos que ya existen, al menos hasta mediados del año 2022, y también flexibilizar el acceso a los nuevos créditos, ya que la vez anterior muchas pymes quedaron fuera por las exigencias inauditas que impuso la banca.

Para ser realmente efectivo, el Fogape 2.0 debe incluir rebaja a la mitad de impuestos de primera categoría de las pymes y facilitar el re emprendimiento otorgando plazo de 1 año para obtener los permisos de operación en lugar de exigir que estén listos antes.

Una buena medida también sería la de generar incentivos a la capitalización de empresas porque debido a la crisis muchas de ellas ya están descapitalizadas o con un alto nivel de endeudamiento.

Las pymes han visto erosionada su liquidez y sin capital es imposible que se vuelvan a poner de pie. Este Fogape 2.0 debe entregar ayuda concreta y no cosmética como ocurrió con el Fogape 1. Contar con una iniciativa de parte del gobierno de esta naturaleza sería una estupenda forma de comenzar 2021.

Rabindranath Quinteros, senador Región de Los Lagos