Imputada hizo más de 100 transacciones ilegales desde la empresa Cinel a su cuenta bancaria
INVESTIGACIÓN. El Ministerio Público de Osorno indaga a ex secretaria de la empresa constructora que fue formalizada por cuatro delitos, tras ser acusada de sustraer cerca de 2 mil millones de pesos. Doris González está recluida en la cárcel.
En prisión preventiva en la cárcel de Osorno se encuentra la ex secretaria de la empresa constructora e inmobiliaria Cinel Ltda., quien está siendo investigada por los delitos de hurto agravado, usurpación de nombre, espionaje informático y lavado de activos, tras ser acusada de sustraer mil 927 millones 553 mil 996 pesos.
La imputada, identificada como Doris González Valdeavellano, de 35 años, fue denunciada el pasado 20 de agosto por uno de los dueños de la firma en la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigaciones (PDI) de la ciudad, tras una auditoría que arrojó movimientos bancarios fraudulentos.
El fiscal del Ministerio Público de Osorno, Matías Montero, quien encabeza la investigación, indicó que "los dueños de la empresa, mediante una auditoría, se percataron que hubo varios movimientos de dinero que no calzaban con la contabilidad. Tras ello comenzó una revisión más exhaustiva, donde se determinó que desde 2017 y hasta el año 2020 hay transferencias electrónicas desde las cuentas de la empresa hacia las cuentas personales de la imputada. Eso ya está establecido".
Montero solicitó toda la información necesaria a los bancos, ya que se debe realizar una pericia contable. Precisó que entre 2017 y 2020 hizo más de 100 transacciones desde la empresa a su cuenta personal, lo que sería la defraudación más grande de este tipo que ha investigado el Ministerio Público local.
El pasado lunes 14 se realizó una audiencia de revisión de medidas cautelares en el Juzgado de Garantía de Osorno, solicitada por la defensa de la imputada, pero el tribunal determinó que la ex secretaria debe permanecer en prisión preventiva.
La mujer fue formalizada el pasado 27 de octubre de este año y se dio un plazo de 120 días para la investigación, no obstante, debido a la gran cantidad de información que existe por este caso, es muy probable que se pida ampliación.
Querellantes
La empresa inmobiliaria afectada contrató a la oficina Picand&Ríos Abogados de Santiago para tomar parte en la investigación y en la querella contra Doris González y todos los que resulten responsables por los delitos ya establecidos.
Uno de los abogados, Rodrigo Ríos, comentó que la investigación comenzó en agosto de este año tras la denuncia de sus clientes en contra de la secretaria por los depósitos que ella realizaba de las cuentas de la empresa a su cuenta personal, dado que manejaba las claves.
"Tomando conocimiento de ello presentamos una querella en el Juzgado de Garantía de Osorno, donde en primer término entendemos que, de acuerdo a la investigación, se constituye el delito de hurto agravado, a lo cual se suma la usurpación de identidad y fraude informático, porque el delito se cometió utilizando un dispositivo que es un Digipass. La investigación está completamente abierta y en desarrollo, lo que significa que nosotros presentamos la querella directamente contra la imputada y quienes resulten responsables", expresó Ríos.
Apuntó que el 17 de septiembre pasado amplió la querella en contra del marido de la imputada (Juan Pablo Osorio) y también en contra de Doris González, entendiendo que con esto se configura lavado de activos y asociación ilícita.
"De acuerdo a las diligencias que ha hecho la PDI y de la información del Servicio de Impuestos Internos (SII), el Conservador de Bienes Raíces y el Registro Civil, se logró establecer que Juan Pablo Osorio Vargas tiene una gran cantidad de vehículos y propiedades a su nombre que no puede justificar. Es imposible que una persona natural, que no tiene inicio de actividad en el Servicio de Impuestos Internos, tenga ese nivel de capacidad de adquisición de un momento a otro", indicó el abogado, señalando que en el caso de la imputada, percibía una remuneración de 650 mil pesos mensuales.
Por lo mismo, el querellante, ante los antecedentes que se manejan, solicitó al Ministerio Público de Osorno que el marido de la víctima también sea formalizado por asociación ilícita, lavado de activos y asociación ilícita para el lavado de activos.
En el documento de la querella aportado por el abogado se detalla la cantidad de propiedades, vehículos y de sociedades creadas a raíz de los dineros defraudados a la empresa osornina.
Ríos dijo que la imputada ya había sido investigada con anterioridad por tres delitos de este tipo. Una de ellas fue en 2010, cuando Doris González Valdeavellano fue denunciada por la tienda Corona y formalizada en el Juzgado de Garantía de Osorno por un delito similar al que se está investigando actualmente.
El Austral de Osorno intentó comunicarse con el marido de la imputada para tener su versión, pero no hubo respuesta.
"Se determinó que desde 2017 y hasta el año 2020 hay transferencias electrónicas desde las cuentas de la empresa hacia las cuentas personales de la imputada. Eso ya está establecido".
Matías Montero, Fiscal de Osorno
20 de octubre fue formalizada en el Juzgado de Garantía por cuatro delitos. Está recluida en la cárcel.