Un bien jurídico es un objeto apreciado por la sociedad, y que por su importancia, la ley sanciona su vulneración elevando ciertas infracciones a categoría de delito. En los delitos de tráfico de drogas, el bien jurídico protegido es la salud pública. Se trata de un bien jurídico colectivo y no personal, es decir, lo que protege no es la salud de una persona determinada, sino la salud de la sociedad, favoreciendo a los ciudadanos en su conjunto.
El tráfico de drogas es un negocio lucrativo para quienes cometen estos delitos y muy dañino para quienes se ven atrapados en la drogadicción, causando un deterioro importante tanto para la salud física y mental de los afectados, como para sus relaciones sociales, implicando, en muchos casos, la destrucción de las personas y sus familias e incidiendo directamente también en la comisión de otros delitos que afectan a toda la sociedad, como son los delitos violentos, homicidios, asaltos y robos, cometidos bajo los efectos de estas sustancias, con el objeto de acceder a ellas o con el objeto de asegurar el éxito del delito y del negocio.
De lo anterior deriva la importancia de la persecución penal de este tipo de ilícitos y la adecuada coordinación con los diferentes actores que colaboran en la misma.
De esta forma, durante el año 2020, gracias al trabajo tanto de la Fiscalía, como de la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile, se han llevado a cabo con éxito procedimientos en los que se ha incautado más de $150 millones en efectivo a propósito de estas investigaciones, logrando además evitar, hasta fines de octubre, la circulación de más de 98 kilos de droga, distribuida especialmente entre cocaína, pasta base y marihuana, la que ha sido decomisada en diversas causas en la Región.
Estas investigaciones han permitido a la Fiscalía de la Región de Los Lagos, lograr la identificación y formalización de un 15% más de personas por delitos vinculados al tráfico de drogas, en relación al mismo período del año 2019, solicitar y obtener la imposición de más de 148 medidas cautelares de prisión preventiva y la condena de, hasta el momento, más de 300 responsables por delitos de esta naturaleza.
La pandemia de coronavirus y las restricciones a la movilidad producto de ella, junto con los decomisos ya mencionados, han incidido en una disminución en la disponibilidad de sustancias para la venta y consumo, lo que va de la mano con un aumento en los precios de este mercado ilícito y con nuevas manifestaciones de este fenómeno delictual, nuevas formas de comisión, utilización de innovadoras y el avance en la presencia de drogas sintéticas, en especial éxtasis, lo que implica nuevos desafíos para la investigación, para los cuales sin duda, tanto la Fiscalía como los organismos colaboradores, estamos preparados.
Este año no ha sido un año cualquiera y con un sistema de salud pública altamente exigido por el coronavirus, debemos extremar los esfuerzos de persecución penal para evitar que sustancias nocivas para la salud puedan llegar a la población, afectando la salud física y mental de un número preocupantemente elevado de personas, presionando aún más la actual situación sanitaria del país y la afectación para la vida de los ciudadanos de nuestra Región.
En esa línea, la Fiscalía ha tenido y seguirá teniendo criterios de alta exigencia investigativa y persecución penal, lo que se concreta en la realización de juicios orales con múltiples acusados y condenas, lo que constituye una señal clara de repudio ante estas actividades delictivas.
"La pandemia de coronavirus y las restricciones a la movilidad producto de ella, junto con los decomisos ya mencionados, han incidido en una disminución en la disponibilidad de sustancias para la venta y consumo, lo que va de la mano con un aumento en los precios de este mercado ilícito y con nuevas manifestaciones de este fenómeno delictual"