Redacción

Chile registró 1.718 nuevos casos de covid-19, la cifra más alta de contagios en tres semanas, y las autoridades sanitarias mostraron su preocupación por el aumento de infectados en algunas zonas.

"Estamos preocupados por el aumento de casos", advirtió el ministro de Salud, Enrique Paris, en un nuevo balance sobre la evolución de la pandemia en el país.

A la preocupación se sumó la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza: "En las últimas semanas hemos tenido un incremento de casos y estamos con una situación compleja en las regiones del sur, pero también en la Región Metropolitana, que en los últimos meses había avanzado positivamente, hasta la última semana, (en) que hemos visto incremento (de contagios) en algunas de las comunas".

Por ello, Daza recalcó que "no podemos bajar los brazos" y reforzó el llamado a que se respeten tanto las restricciones sanitarias como las recomendaciones de autocuidado: "El uso de mascarilla, de alcohol gel, mantener el distanciamiento físico, evitar las reuniones con grupos grandes, es la única vacuna que tenemos hoy. No podemos flaquear".

En esa línea, la subsecretaria presentó la campaña "Respuestas. Paso a Paso Nos Cuidamos", del ministerio, cuyo material comenzó a ser emitido en los distintos medios de comunicación y que busca resolver dudas de la ciudadanía sobre lo que se puede o no se puede hacer en diferentes actividades y contextos de la vida, según el plan "Paso a Paso" y las recomendaciones sanitarias para evitar la propagación del virus.

Esta campaña, según explicó Daza, ha sido elaborada y construida a través de las preguntas, inquietudes y necesidades expresadas por los ciudadanos y extraídas mediante un "social listening" en diferentes redes sociales, que recoge lo que se dice, se hace, se siente y se valora, en este caso, sobre el plan "Paso a Paso", junto al análisis de las palabras claves más buscadas en Chile que arroja Google Trends.

Decesos y positividad

La capital lleva desde agosto desconfinada, aunque las comunas de Lo Espejo, San Joaquín y La Granja retrocedieron ayer a la fase 2 (transición) del plan "Paso a Paso", mientras que Pudahuel y Melipilla lo hicieron a la fase 3 (preparación).

Los infectados a nivel nacional se elevaron a 548.941, de los cuales 9.519 están en la fase activa, 2.096 de los cuales está en la Región Metropolitana, que además registró 420 infecciones nuevas. En cuanto a los decesos, se informaron 44, elevando el total a 15.322.

La tasa de positividad se mantuvo y se situó en el 4,35%, tras reportarse 39.462 exámenes en las previas 24 horas. Con 5.253.183 test PCR desde el inicio de la pandemia, Chile es el país con la mayor tasa de testeo en América Latina.

Las autoridades informaron, además, que hay 703 hospitalizados, de los cuales 65 están críticos y 554 se encuentran conectados e ventilación mecánica.

El ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, afirmó que diversas autoridades del país han recibido amenazas muy recientemente.

Se refirió al tema tras dar cuenta de los detenidos el viernes en una nueva jornada de protestas y desórdenes.

"En las últimas horas han recibido amenazas distintas autoridades. No sólo la fiscal (Ximena Chong), han recibido amenazas parlamentarios, ministros, subsecretarios y no lo vamos a permitir", sostuvo.

Consultado por quiénes han sido los amenazados, el jefe de Interior respondió: "Las amenazas están en investigación, prefiero mantenerlo en ese contexto, pero sí tengo la certeza de que hay amenazas a distintas personas que ejercen cargos públicos y que todas son igual de condenables, igual de repudiables y vamos por supuesto a seguir en esa línea". Agregó que "si las investigaciones arrojan que las personas que están detrás de esas amenazas tienen algún armamento asociado, vamos a hacer exactamente lo mismo, no hay ningún tipo de miramiento, de dónde venga, de quién sea".

Delgado también se refirió a los dichos del subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, quien definió como "utensilios" algunas armas incautadas a los detenidos por amenazas contra la fiscal Chong. "Por lo que se vio, los utensilios que tenían no eran de gran importancia, salvo esa subametralladora UZI que es un arma prohibida", expresó Galli anteayer.

Ante ello, el ministro defendió al Gobierno: "No sólo fuimos, también estuvimos en el punto de prensa y, si se recogen mis palabras, se ve que condenamos, que lo calificamos como un hecho de máxima gravedad y el mismo subsecretario Galli presentó una querella por ley de control de armas. Aquí nadie le ha bajado el perfil, palabras más, palabras menos, concentrémonos en lo importante. Repito, es un hecho de máxima gravedad".

Detenidos

Al referirse a las 74 personas detenidas el viernes, 56 en Santiago, Delgado declaró que "estas 74 personas detenidas vienen con un set muy extenso, muy nutrido de pruebas. No es que se detienen porque van pasando o van caminando; estas personas vienen acompañadas de fotografías, de videos, de seguimiento por cámaras, de seguimiento por drones".

"No vamos a descansar hasta que estas personas entiendan que no es gratis delinquir. Aquí estamos en presencia de delincuentes (a los) que no les interesan las pensiones, no les interesa la salud, no les interesa la educación", dijo.

El agua del mar se ha convertido en una fuente alternativa de uso debido a la demanda hídrica por parte de distintos sectores productivos como la minería, la agricultura e incluso para consumo potable.

Esta situación abre una pregunta con respecto a la actividad extractiva de este recurso, su desalación y desalinización para el consumo humano, la utilización en procesos productivos y su impacto en el medioambiente.

A diferencia de lo que ocurre con el agua dulce -donde existe un ordenamiento jurídico que parte por la definición de este recurso como un bien nacional de uso público, donde se concede su uso y goce a particulares mediante un título que se denomina derecho de aprovechamiento de aguas-, en el caso de las aguas marinas existen vacíos legales, lo que se ha traducido en una discusión social, legal y política que lleva a lo menos 15 años.

La dificultad técnica, administrativa y política que existe para regular el uso y goce las aguas del mar, ha conducido a que los particulares que desean aprovechar este recurso se sometan a un régimen extractivo complejo que utiliza o presupone el empleo de ciertas figuras jurídicas anómalas que justificarían la adquisición de un título para su aprovechamiento y que se traduce en la obtención de una concesión marítima temporal y sujeta a caducidades.

Debido a lo anterior, es necesario llevar a cabo la investigación que se propone sobre la base de la conceptualización jurídica y económica de las aguas del mar para dar cuenta de sus aspectos positivos (aprovechamiento extractivo) y negativos (incidencias ambientales).

Las aguas terrestres son bienes de uso público, así como las plazas, los parques o las calles, y su aprovechamiento está regulado legalmente mientras que no existe un marco jurídico referente al uso y goce de las aguas del mar. Esta situación hace necesario avanzar hacia un marco regulatorio especial que tenga incidencias medioambientales y que regule tanto la actividad extractiva, como su uso e incorporación al régimen público hidráulico y, en consecuencia, a las fuentes naturales de abastecimiento.

Lo que se necesita es que se generen los mecanismos necesarios y suficientes para que quién explote las aguas del mar, lo haga cumpliendo los estándares normativos adecuados para evitar su contaminación y que su infracción conlleve las sanciones y las penas establecidas en el ordenamiento jurídico, para lo cual esperamos aportar a través de la investigación Fondecyt de Iniciación, sobre el libre acceso a las aguas del mar y las limitaciones de carácter ambiental en torno a su aprovechamiento.

"A diferencia de lo que ocurre con el agua dulce, en el caso de las aguas marinas existen vacíos legales, lo que se ha traducido en una discusión social, legal y política que lleva a lo menos 15 años".

Tatiana Celume es abogada y académica Facultad de Derecho y Gobierno de la Universidad San Sebastián.