El desplome de la confianza en las instituciones que reflejan distintas encuestas que se han realizado en los últimos años, habla de una tendencia y de una crítica social sistémica, que no solo está vinculada a los partidos políticos -que generalmente es donde se concentra la caída de la imagen-, sino que en el conjunto de instituciones, por distintos factores.

Los casos más notorios y mediáticos fueron las colusiones de precios de los pollos, los papeles higiénicos y de los medicamentos, cuyas repercusiones siguen conociéndose, ya que hace unos días se ha anunciado que dos cadenas pagarán compensaciones a algunos de sus clientes. También los escándalos financieros en Carabineros, donde aparecieron involucrados alrededor de un centenar de funcionarios y civiles, y prosiguen las indagaciones por presuntos delitos económicos de un ex comandante en jefe del Ejército. Se revelaron hace unos años las denuncias contra sacerdotes de la Iglesia Católica por abusos sexuales y por el mal manejo de investigaciones realizadas por la jerarquía eclesiástica, o el uso fraudulento de beneficios para exonerados políticos, mediante certificados entregados por parlamentarios, falseando esa condición. O el mal uso que algunos parlamentarios han hecho de sus cargos, o los pagos indebidos que recibieron en campañas electorales. La lista de casos podría ser muy larga.

Tras el plebiscito del 25 de octubre, el desafío es resolver temas pendientes que generan malestar ciudadano y que en el último tiempo se han traducido en protestas callejeras. Las instituciones en general deben estar atentas con el fin de proyectar una imagen positiva a la ciudadanía, que se encuentra especialmente sensible a diversos temas que explican su creciente malestar, porque existe la percepción de que los sucesivos escándalos no han terminado necesariamente con sanciones ejemplares.

Para construir el futuro debe tenerse muy presente que la legitimidad es clave. La autoridad está vestida de honorabilidad, pero no basta decirlo, sino que debe ser real. Cuando eso no sucede, la legitimidad retrocede, el terreno cambia y pasa a ser material fecundo para los populismos, el deterioro del debate y de la democracia.

Una desafortunada coincidencia se registró esta semana, cuando al mismo tiempo que los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente lanzaban el nuevo plan de adaptación al cambio climático en el sector agropecuario al 2035, la Contraloría General de la República daba a conocer que el mismo plan lanzado en 2013 registraba importantes fallas en su ejecución.

La iniciativa presentada hace siete años y hoy cuestionada por la Contraloría, estableció 21 medidas de adaptación al cambio climático orientadas a temas de manejo de agua, investigación, manejo de cultivos agrícolas y bosques, gestión de riesgos y seguros e información. Sin embargo, de las 11 medidas auditadas hasta mayo de 2019, ninguna registraba progresos y es altamente probable que las ocho restantes estén en las mismas condiciones.

En materia de gastos, el informe de Contraloría tampoco es tranquilizador: "no se dispone y no se tiene conocimiento sobre la existencia de manuales o instructivos que haya emitido el Minagri que establezcan los requisitos mínimos para la identificación de gastos asociados a cada una de las medidas".

Es preocupante constatar que mientras la Contraloría establece que desde 2018 no se trabajó de una forma homogénea y estandarizada que asegurara la generación de información fidedigna y confiable, los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente hayan decidido en paralelo que estaban en condiciones de financiar y lanzar la actualización del plan gracias a "los avances y aprendizajes de estos años".

En vista de que el costo de la actualización del plan alcanzó casi los $400 millones, justo en momentos que la Contraloría cuestionaba los avances del plan original, no queda más que señalar que existió una falta de prudencia por parte de las carteras de Medio Ambiente y Agricultura ante este tema, más aún cuando no está clara la forma en que se han ejecutado los recursos públicos desde el año 2013 a la fecha.

Se mencionó en el lanzamiento de la actualización del plan que cada 10 años el sector productivo se corre 100 kilómetros, lo que hace del agua el elemento central. Lo cierto es que ese diagnóstico está claro hace al menos cuatro décadas y las medidas a adoptar también, razón por la cual el sector silvoagropecuario sólo puede pedir que no se lancen más costosos fuegos artificiales y que nos concentremos en sacar adelante las medidas a implementar con urgencia.

Christian Arntz Mac-Evoy, presidente de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno (Sago)