De acuerdo a la última Encuesta Nacional de Salud del 2016-2017, existen en nuestro país cerca de dos millones de personas con diabetes. Lamentablemente, solo la mitad asiste a control, y apenas un tercio logra sus metas de glicemia. De las personas controladas, el 80% se atiende en el sistema de salud público, que es donde se concentran las personas con estados más complejos. Paradójicamente, en el sistema público no existen las nuevas terapias y su valor en farmacias es altísimo, lo que significa que no todas las personas puedan tener el mismo acceso a los tratamientos.

La diabetes es una patología muy vinculada a la obesidad, el sobrepeso y el sedentarismo. Así lo indican la totalidad de los estudios. Además, quienes padecen esta enfermedad, habitualmente, pertenecen a los sectores más vulnerables del país, ya sea por su edad y por la falta de recursos para recibir una atención de mayor calidad.

Las doctoras Cecilia Vargas, presidenta de la Sociedad Chilena de Diabetología; Karina Elgueta y Paulina Vignolo, ambas del comité de RRSS y difusión Sochidiab, han pedido a las autoridades actualizar el tratamiento de la diabetes en el sistema público de atención, "destinando los recursos para que nuestros pacientes tengan derecho a acceder a las nuevas terapias que han demostrado ser eficaces en cuanto al control metabólico, prevención de eventos cardiovasculares, renales y disminución del riesgo de mortalidad".

Sin embargo, hasta el momento no ha habido respuestas concretas.

La Sociedad Chilena de Diabetología ha insistido en la imperiosa necesidad de disminuir la inequidad que actualmente existe en el acceso a tratamientos efectivos para el manejo de esta enfermedad en el país.

De otra manera, seguirán existiendo grandes brechas entre quienes pueden acceder a tratamientos de mayor calidad y quienes deben conformarse con terapias menos efectivas, como ocurre con gran parte de las enfermedades en nuestro país.

El masivo respaldo recibido para elaborar una Nueva Constitución, abre posibilidades de desentrampar el proceso político en Chile. El plebiscito reveló que no hay polarización en la sociedad, sino un amplio acuerdo transformador de las actuales reglas de organización política. No hay "tres tercios", ni "dos sectores": hay una mayoría abrumadora en favor de los cambios. Una oportunidad histórica. ¿Cómo podremos participar en ella? La respuesta es a través de una Convención Abierta, donde la deliberación y acuerdos que se logren sean resultado de un amplio proceso de participación ciudadana, cercano a los territorios donde nos hemos movilizado a favor de un cambio constitucional.

La Convención deberá rehabilitar la política -transversalmente cuestionada- como productora de cambios y rehabilitar a las y los ciudadanos como titulares de derechos y participantes activos en las decisiones públicas. ¿Cómo hacerlo?

El reglamento de la Convención puede establecer Audiencias Públicas; Encuentros y Foros Temáticos; Rendición Territorial de Cuentas periódica, donde constituyentes se reúnen con la ciudadanía -reconociendo las dinámicas territoriales- para dar seguimiento al proceso. Recuperar los Encuentros Locales Autoconvocados de 2016 para hacer llegar pronunciamientos de múltiples grupos, aunque no estén organizados. Finalmente incorporar la Iniciativa Ciudadana de Norma, que en Brasil se llamó Enmienda Popular, por medio de firmas de apoyo que avalan la tramitación de una propuesta.

¿Cómo acercar la Convención al territorio? No tiene por qué funcionar en un palacio del centro de Santiago, perfectamente podría tener al menos tres sedes -por ejemplo Antofagasta, Santiago y Puerto Montt- conectadas telemáticamente, en todas las cuales se realice alguna plenaria. Y las comisiones podrían funcionar de forma itinerante, aprovechando también la comunicación a distancia. Sería una señal descentralizadora y de apropiación regional de este importante proceso que hemos comenzado a vivir.

Gonzalo Delamaza, Ceder Universidad de Los Lagos