La corrupción es un fenómeno que ataca de preferencia a los países latinoamericanos y a las democracias jóvenes, y que genera un impacto negativo en el desarrollo, por la desconfianza en el sistema institucional y por el mal uso de recursos que podrían utilizarse en áreas deficitarias.

Por años, Chile ha sido reconocida como una nación alejada de los excesos y la corrupción, sin embargo, esa imagen se ha ido perdiendo progresivamente, mientras se conocen hechos delictivos en gran parte de la sociedad.

El problema se presenta no solo a nivel de las instituciones, sino también personal. Hace unas semanas se conoció que 437 mil chilenos mintieron para obtener un bono estatal para la clase media, entre los cuales hay unos 37 mil funcionarios públicos, en un hecho que si bien no es homologable a los casos anteriormente mencionados, parece revelador de la laxitud con que se aborda lo correcto y lo ético.

Según un estudio realizado en 2018 por la ONG Transparencia Internacional, casi un tercio de los latinoamericanos pagó sobornos para acceder a servicios públicos, concluyendo que existe un alto nivel de corrupción en Latinoamérica. Chile ha tenido un desempeño con altibajos en los últimos años. En 2018 descendió un puesto, pasando del 26 al 27 (en lo que fue el cuarto retroceso consecutivo desde 2014) y se recuperó el año pasado al regresar al 26.

Es cierto que los rankings internacionales no son demoledores; sin embargo, el problema existe y cada cierto tiempo un nuevo escándalo nos recuerda que el deterioro del comportamiento es real, porque para muchos, todo vale con tal de conseguir sus objetivos. Lo bueno es que nos sorprendemos, pero lo malo es que hacemos poco por erradicar esa conducta. También es cierto que no son las instituciones las corruptas, sino algunas personas que trabajan en ellas, por lo que no se puede generalizar ni estigmatizar. Ante estos casos, como falsear datos para obtener beneficios, la toma de acciones es urgente y debe venir de las propias instituciones, que son las encargadas de dar respuesta para corregir tal realidad.

Los efectos de la pandemia están aún en pleno desarrollo en todas las regiones del país. El mercado laboral es la evidencia inexorable del impacto que ha tenido la pandemia producto de la estrategia sanitaria que se ha debido aplicar. Las cuarentenas controlan los contagios, haciendo viable la capacidad de atención dada la infraestructura sanitaria disponible, pero generan un impacto colateral que tiene como principal consecuencia la entrada a la UTI del mercado laboral.

Los indicadores tradicionales del mercado laboral se han construido para dar cuenta de la capacidad de absorción de la fuerza de trabajo que muestra la economía nacional o regional. Así, la tasa de desempleo tradicional nos muestra a las personas que buscan trabajo y no logran encontrarlo, que al compararla con la fuerza de trabajo dará como resultado el índice de desempleo. Así, cuando a un trabajador se le despide, las estadísticas laborales lo presentan como desempleado, incrementando el índice de desempleo, complemento perfecto de la disminución de la ocupación.

Sin embargo, en la crisis actual, y dado que la menor ocupación tiene sus raíces en la matriz productiva porque muchas actividades se encuentran cerradas e impedidas de operar mientras no se avance de fase sanitaria, las personas perciben que no habrá demanda para sus servicios laborales, no saldrán a buscar trabajo y no serán contabilizadas como desempleadas, sino que fuera de la fuerza de trabajo, pero con elevado potencial de activarse según la categorización que aplica el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en sus mediciones.

La región presenta una tasa de desocupación de 10.5% en julio, menor que la de 11,5% de junio, y podríamos pensar que lo peor ya pasó. La crisis aún no toca fondo en la región, porque la destrucción de empleos sigue avanzando, llegando a más de 108 mil puestos perdidos, con 36.000 personas desempleadas y 67.000 que han salido del mercado laboral a la espera de mayor demanda de servicios laborales. Así, el desempleo aparente no ha disminuido, sino que ha aumentado, pasando del 29,5% en junio a 30% de la fuerza de trabajo en julio.

Hernán Frigolett, Ceder de la Universidad de Los Lagos