Poco auspiciosos han sido los reportes sanitarios de la Región de Los Lagos entregados por la autoridad en los últimos días. A pesar de que Puerto Montt lleve ya más de 75 días en cuarentena, la presencia del coronavirus entre la población continúa alcanzando tasas preocupantes, no al nivel de lo que se observa en Punta Arenas, por cierto, pero sí lo suficiente para advertir que todavía se está frente a un momento complejo para la red asistencial regional, que ya la semana pasada tenía una mínima disponibilidad de camas UTI y UCI en el hospital de la capital regional y en el de Osorno.

El prolongado confinamiento al que se ha expuesto Puerto Montt ha instalado un debate acerca de la conveniencia de la medida, habida cuenta que en lugar de disminuir los contagios cuando se supone la circulación de las personas se restringe en las calles, ha experimentado un aumento notorio, con a lo menos tres récord diarios en la última semana desde que comenzara la cuarentena el pasado 29 de julio.

Frente a esto, los gremios de la salud, que de todos son los que más saben lo que está ocurriendo al interior de los hospitales y clínicas, han afirmado que es un error cuestionar la cuarentena como principio básico, precisando que su falla se origina no en la medida en sí, sino en la ausencia de acciones complementarias que debería tomar la autoridad.

Mayor fiscalización en los barrios, una intensificación del programa de trazabilidad y testeos y mejorar los canales de comunicación han sido propuestos por las agrupaciones de la salud, conscientes del impacto del covid-19 en la salud de las personas y en la tensión que está experimentando la red asistencial. En un momento en que la Región se encuentra sin sus jefaturas titulares en la Intendencia y en la Seremi de Salud, por situaciones médicas de ambas autoridades, sería conveniente que quienes toman las decisiones dialoguen con los gremios de la salud local para hacer más efectivo el combate contra el coronavirus.

Frenar el avance del covid-19 en las comunas de Los Lagos es claramente una prioridad que exige participación y compromiso de todos.

Una parte muy relevante del aumento de provisión de infraestructura hídrica en Chile se ha dado en el tratamiento y descontaminación de las aguas servidas. A principio de los 90, sólo se descontaminaban el 3%, mientras al inicio de este milenio era del 16%. Hoy Chile trata, depura y descontamina el 100% de las aguas servidas. No hay otro país que pueda exhibir ese logro en tan poco tiempo.

En Chile hay algo más de 300 sistemas de tratamiento de aguas servidas urbanas. Un 77% se descarga a cuerpos fluviales (principalmente ríos con un altísimo nivel de depuración). Otra parte va al mar (cerca del 22%). Aproximadamente la mitad de esas descargas son con agua que recibe un tratamiento primario y luego son transportadas al mar vía emisarios submarinos, para que el mar haga el resto del tratamiento. Así se pensó en los 90, pues era lo más eficiente atendiendo al nivel de desarrollo de Chile y el objetivo era descontaminar las playas, cosa que se logró. La introducción de estos tratamientos implicó incrementos de la boleta de hasta un 40%.

Hoy surgen voces que piden reemplazar los sistemas de tratamiento primario y emisarios por otros más sofisticados que permitan descargar agua más purificada. Es una discusión que debemos afrontar. Chile es hoy un país más rico y puede pensar en fijar una meta de política pública en esta materia. Por qué no pensar que al año 2030 o 2040 se hayan reemplazado todos estos sistemas por otros con un mayor nivel de depuración. Tal vez en algunas bahías no se justifique, pero en otras debe hacerse para cuidar las ciudades y sus actividades económicas como el turismo.

Pero esta es una decisión de políticas públicas que debe ser tomada con la más amplia participación e información, para que luego sea implementada por las empresas. Hoy las empresas cumplen con lo que les ha exigido la autoridad. Si queremos avanzar debe ser consecuencia de una decisión democrática tomada conscientemente en cuanto a los efectos económicos que ello implicará: las inversiones que hagan las empresas se tendrán que pagar por los que contaminamos. Será el sistema actual de tarificación u otro que concentre los costos en los mayores consumidores o en ciertos tipos de actividades, ya sea porque son más contaminantes o porque serán las más beneficiadas. Todo está por discutirse, pero debemos partir ya.

Juan Eduardo Saldivia, abogado y ex

Superintendente de Servicios Sanitarios