La Superintendencia pone en duda caducidad de Essal tras la venta a una empresa canadiense
EXTENSO CORTE EN 2019. El superintendente (s) Jorge Rivas expuso en la comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados, donde expresó que la transacción comercial "pospuso o alargó más el análisis".
La venta a la firma de capitales canadienses Algonquin Power & Utilities Corp. (APUC) de la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A. (Essal) pone en duda concretar el proceso de caducidad de la concesión que posee la sanitaria en Osorno iniciado hace más de un año por la Superintendencia de Servicios Sanitarios (Siss), por el extenso corte de agua potable que provocó durante 11 días en julio del año pasado y que impactó a unas 200 mil personas tras la contaminación, por un error humano, con petróleo la planta de producción en el sector de Caipulli.
Así lo esbozó el superintendente (s) Jorge Rivas durante la presentación que realizó en la comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados, realizada el martes, con el objetivo de conocer y analizar la venta que realiza el actual controlador Aguas Andinas del 100% de su participación, que asciende al 53,51% de las acciones suscritas en Essal, firma que opera en 32 localidades ubicadas en las regiones de Los Ríos y Los Lagos.
La decisión de Aguas Andinas de vender su paquete accionario en Essal se conoció a principios de año, mientras que la materialización de la transacción fue pública los primeros días de septiembre, cuando se enviaron a la Comisión del Mercado Financiero (CMF) los detalles del acuerdo alcanzado con la firma de capitales canadienses por US$92,3 millones por el paquete accionario que involucra la participación directa de Aguas Andinas en Essal (2,51%) y del 51% de su participación indirecta a través de Iberaguas Limitada.
Caducidad en duda
El superintendente Rivas comentó ante la comisión parlamentaria que cuando formalmente asuma el dueño de Essal tiene que hacerse cargo de los programas de inversión establecidos en los planes de desarrollo, las multas y todos los procesos que están en curso (incluida la generada por la propia Siss por $1.640 millones), así como el deber de proveer de suministro de agua potable a la comunidad (calidad, cantidad y frecuencia), entre otros aspectos.
"Se traspasan todos los deberes y derechos a este nuevo dueño. Respecto al proceso de caducidad, efectivamente este proceso de venta nos hizo tener que evaluarlo. También pospuso o alargó un poco más el análisis, porque es un antecedente relevante indudablemente. Hay que recordar que uno de los grandes objetivos de la caducidad es que cambie el dueño actual por un dueño nuevo, por lo tanto, el proceso de venta se parece bastante", comentó Rivas.
Agregó que la Siss no tiene atribuciones en la normativa vigente para prohibir o congelar el proceso de venta de las sanitarias, ya que no se requiere de una autorización o pronunciamiento previo del organismo fiscalizador.
"La caducidad no debe ser entendida como una sanción, sino como un instrumento regulatorio para resguardar a los usuarios", comentó el superintendente.
Rivas explicó que durante marzo de 2020 inicialmente se emitiría el informe final de caducidad, el cual es entregado al Presidente de la República, Sebastián Piñera, quien tomará la decisión final, lo que se ha extendido básicamente por la participación activa de la empresa Essal, que ha entregado datos a la causa que alargan los análisis técnicos, económicos y jurídicos del inédito expediente.
Reacciones
La comisión es presidida por Gabriel Ascencio, diputado DC por el distrito 26, quien durante su intervención enfatizó que "da la impresión que estamos frente a una empresa que sabiendo que por la gravedad de los hechos ocurridos en Osorno, y por su responsabilidad, sabía que iba a ser caducada su concesión; entonces, antes que esto se produzca, encuentran un comprador y la venden sabiendo que es muy probable que el proceso de caducidad de la concesión se termine".
Agregó que esta maniobra financiera se logra concretar por la demora de la Siss en concluir el proceso de caducidad, además de no entregar respuestas a las solicitado por la comunidad de Osorno, que aún espera por el término de la concesión a Essal.
Luis Álvarez, presidente de la Asociación de Consumidores de Osorno (ACO), enfatizó que la ley actual permite que se provoquen todo este tipo de maniobras financieras entre privados.
"Es una mala señal como Estado, ya que cualquier tipo de empresa que cometa una falta tan grave como Essal, donde se abusa de los usuarios, entiende que es muy fácil vender, cambiar la razón social y listo, se acabó. Si no se caduca la concesión, la nueva empresa operará exactamente en las mismas condiciones que lo hace Essal, lo que es muy grave. Lo que la comunidad espera es que el operador asuma su responsabilidad y que se cambien las condiciones deficientes y débiles de la actual concesión", dijo Álvarez.
Eliana Catrilef, presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Osorno, rechazó la idea de no concluir el proceso de caducidad, ya que significa una burla para todos los osorninos que fueron vulnerados en sus derechos sin opción, sin embargo, la empresa lleva más de año justificando su falta evidente.
"Es impresentable que el Estado y todos sus organismos fiscalizadores y reguladores no tengan competencia alguna para concretar la caducidad de la concesión a una empresa que cometió una falta inédita, gravísima y reconocida así por todos, pero que aún están escuchando su defensa. Pudieron vender para salvarse y la gente que salió a las calles, que aún tiene el amargo recuerdo de esos días y que pidió la caducidad, no es escuchada. Aquí el superintendente Rivas es el llamado a caducar la concesión ahora, porque su responsabilidad es velar por las personas y usuarios", enfatizó Catrilef.