Unas 4 mil personas se han contactado con la plataforma "SaludableMente" en los últimos meses de la crisis sanitaria en Chile y han reportado tener conductas suicidas, de acuerdo con informes del Ministerio de Salud. Ese sitio de contacto fue habilitado por el Gobierno en junio de este año, para tratar problemas de salud mental ocasionados en el contexto de la pandemia, entre los cuales el intento de quitarse la vida es uno de los principales motivos de consulta, debido a síntomas de ansiedad, trastornos de ánimo y trastornos severos.

Ya a inicios de mayo, cuando Chile se encaminaba al peak de la crisis por el coronavirus, en Europa un grupo de científicos de universidades del Reino Unido alertaba acerca de las alzas en las tasas de suicidio o intentos de atentar contra la vida, como parte de los deterioros en la salud mental de la población, en especial porque las personas tuvieron que dejar de lado lo que consideraban "llevar una vida normal", para quedarse en casa.

En un reciente coloquio sobre salud mental, la subsecretaria de Salud, Paula Daza, afirmó que un porcentaje relevante de los llamados por ideas suicidas corresponden a jóvenes. Otro segmento en riesgo es la población adulto mayor, que ha sufrido fuertemente por el aislamiento social que provocó la pandemia.

Debe recordarse que durante 2019, la salud mental de los estudiantes universitarios fue una enorme preocupación, ya que la Primera Encuesta Nacional de Salud Mental Universitaria de Chile reveló que el 46% de los alumnos tenía síntomas depresivos y muestras de ansiedad; 54% sufría de estrés; 67,20% tenía síntomas de insomnio o sueño durante el día; 30,2% estaba insatisfecho/a con su calidad de sueño y, lo más preocupante, un 5,1% de ellos manifestó pensamientos suicidas. A la vista de los profesionales en salud mental y académicos, los resultados en ese momento ya eran alarmantes y se considera que estos indicadores se agravaron con la actual contingencia derivada de la pandemia por covid 19.

El fenómeno ha derivado en la habilitación de un número de ayuda a la población afectada. Hay que estar preparados.

La desigualdad es un problema permanente en Chile. Y la salud no escapa a esta condición, con la existencia de dos sistemas diametralmente opuestos; el público, para personas enfermas, mayores de edad o vulnerables y de bajos recursos; y el privado, al que solo pueden acceder quienes tengan ciertos ingresos, que sean relativamente jóvenes y que presenten un buen estado de salud. Estas distinciones son inaceptables.

En Chile existe un alto gasto de bolsillo de las personas, sobre todo en medicamentos, hay largas listas de espera para la atención de una consulta de especialidad en el sistema público, y la salud privada todavía discrimina a las mujeres, a los adultos mayores, a menores de dos años y a personas con enfermedades preexistentes, que son quienes más atención requieren.

Recién en el último tiempo hemos logrado avanzar en ciertos aspectos respecto de estos problemas. La discriminación por sexo fue erradicada de la tabla de factores y se prohibió la venta de los llamados planes sin útero.

No obstante, estas nuevas reglas rigen para los planes nuevos. Los contratos restantes siguen vigentes, y con ellos, persiste la discriminación por sexo, al igual que los mayores costos por edad.

Y si bien se avanzó en eliminar las preexistencias para condiciones de salud desarrolladas antes del nacimiento, la atribución de las isapres de pedir la declaración de salud para otro tipo de enfermedades se mantiene.

El de las isapres es el único caso en nuestra legislación en que se permite el alza unilateral de precios y sin mejorar la calidad ni la cantidad de las prestaciones.

Estamos de acuerdo en que esto debe terminar. Y el punto de partida para ello es pasar de un sistema político y económico subsidiario a un estado social de derecho, donde la salud deje de ser considerada una mercancía para ser un derecho de las personas.

A partir de este nuevo Estado, podemos avanzar hacia un mejor sistema de salud, que reemplace la lógica del mercado por la de la seguridad social, y que, junto con elevar nuestro estándar ético, permita construir un modelo digno y que otorgue certezas, derechos y garantías a las personas.

Rabindranath Quinteros, senador Región de Los Lagos