Recientemente la Superintendencia de Educación Superior dio a conocer resultados generales de un plan de fiscalización que realizó a 45 instituciones de educación superior, respecto a la entrega del servicio educativo a distancia durante la pandemia. La crisis sanitaria obligó a poner en marcha la teleducación, que ha permitido que en los establecimientos hayan continuado las clases en estos seis meses, aunque la manera en que se enseña ha cambiado radicalmente. Los profesores han incorporado herramientas nuevas en sus clases, posiblemente por primera vez, y los estudiantes experimentan nuevos métodos de aprendizaje desde sus casas.

La inspección de la Superintendencia contempló a 15 universidades, 15 institutos profesionales y 15 centros de formación técnica, seleccionados según criterios fijados por la entidad fiscalizadora. Se concluyó que el 78% de los planteles cumple los mínimos exigidos, mientras que 10 instituciones no los alcanzaron.

De las 45 entidades fiscalizadas, 35 superaron el mínimo establecido en el plan, con medidas en el ámbito de la gestión académica y administrativa, para el tránsito de las clases presenciales a una modalidad a distancia. El superintendente Jorge Avilés citó que los planteles que superaron este mínimo están entregando una instrucción de calidad, equivalente a la que impartían antes de la pandemia. Otras 10 instituciones no lograron superar el mínimo, lo que representa el 22,2% de los establecimientos fiscalizados, e involucran a 8.020 estudiantes, por lo que a cinco se les notificó que deberán adoptar medidas en el corto plazo para superar las brechas de incumplimiento, mientras a los cinco restantes, de menor cumplimiento, se les aplicará un procedimiento sancionatorio.

Desde luego que éste no será un período escolar normal, por la pandemia que afecta al mundo. A medida que pasaron los meses, las universidades y los colegios se han ido adaptando a la modalidad de educación a distancia. Hay que entender que se ha tratado de una situación de emergencia ante la cual los países en general no estaban preparados. Sin embargo, la teleducación no es comparable con las clases presenciales, por lo que al menos todos los estamentos deberían mostrar una disposición a conversar el tema, para estar preparado cuando estén dadas las condiciones para reabrir los establecimientos.

Este 25 de octubre el país dará un salto importante en nuestro proceso de madurez democrática, a pesar de que la génesis de este plebiscito sea directamente provocado por movimientos que buscaron desestabilizar la democracia. Legítimo o no, tenemos como gremios la misión en seguir generando la actividad empresarial y, sin embargo, con una mayor participación en la esfera de lo público, lo cual lo hacemos mejor articulando redes de colaboración y encuentro con otras organizaciones empresariales, académicas y de la sociedad civil.

Sin embargo, tanto la recuperación económica como el proceso constitucional, requieren de dos condiciones: el respeto al marco institucional y la paz social. En este caso, es responsabilidad del Gobierno y del Congreso, con la colaboración crítica de otros integrantes de la sociedad, como las empresas, el fortalecer las capacidades del Estado, no tan sólo pagando impuestos al Fisco, sino aportando para ser más eficaces y eficientes en su conjunto para que el Estado se concentre en resguardar el orden público respetando los Derechos Humanos, así como muchas otras funciones que están establecidas en nuestra Constitución vigente.

Por lo tanto, con la colaboración de todos debemos propender en la deliberación del proceso político respetando el marco institucional vigente, y que todos los sectores apoyarán los resultados sean del Rechazo o el Apruebo.

Debemos advertir que el proceso constitucional y la recuperación económica tienen altos grados de interdependencia por cuanto la recuperación económica y social no será posible con un proceso constitucional con altos grados de polarización e incertidumbre; y en el sentido contrario, la profundización y extensión en el tiempo de la crisis económica y social generará tensiones que inevitablemente frustrarán las expectativas que la ciudadanía tiene del proceso constitucional.

El proceso constitucional puede representar una oportunidad para habilitar en la Constitución procesos imperativos como es la modernización del Estado, disminuir el gasto público o hacerlo más eficiente y generar un proceso político-legislativo de estándar OCDE y agregar un proceso de descentralización inteligente, con dinámica decisional y poder centrado en las regiones. Si no pensamos en esto, nuestro futuro se verá cortado por el egoísmo de nuestra clase política que no quiere colocarse la camiseta de Chile.

Carlos Bustos, presidente Multigremial