Redacción

El director ejecutivo de la Asociación de Empresas Eléctricas, Rodrigo Castillo, se refirió ayer a las 35.000 denuncias por cobros excesivos en el suministro, las que llevaron a la presentación de cargos por parte de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC): "No hay discusión en el monto, sólo en la oportunidad en la que fue cobrado", sostuvo el ejecutivo.

La SEC formuló cargos contra Enel, Saesa, Frontel, Luz Osorno y Edelaysen, tras encontrar "errores en los procesos de facturación de sus clientes, durante los meses en que emitieron boletas con consumos estimados", debido a que las firmas no controlaron los medidores en terreno (casa por casa) para evitar contagios de coronavirus en sus trabajadores.

En este contexto, las empresas citadas, señaló la SEC, emitieron boletas con consumos estimados, sin incluir el cargo por el uso del sistema de transmisión, como lo establece la normativa.

El superintendente Luis Ávila explicó que "las empresas tienen la obligación de facturar correctamente el consumo de sus clientes. Y cuando dejan de facturar un ítem, el cargo se acumula, entonces termina abultando una cuenta que ya ha crecido por un mayor consumo de cada hogar", debido al confinamiento por la pandemia.

Más de 35.000 personas han presentado reclamos por cobros indebidos en su boleta de electricidad, emitida durante el último mes. En paralelo, las empresas tienen hasta principios de agosto para presentar sus descargos ante la SEC.

El director ejecutivo de la Asociación de Empresas Eléctricas explicó ayer a radio Cooperativa que desde las compañías "no se está señalando que haya habido un monto de dinero incorrectamente cobrado, es simplemente que un cierto cargo de la cuenta, que es el cargo relativo a la transmisión, en opinión de la superintendencia debió haber sido cobrado dentro del periodo de lecturas provisorias. Algunas empresas lo cobraron sólo una vez que se restablecieron las lecturas reales (en terreno), es decir, no hay discusión en el monto, sólo en la oportunidad en la que fue cobrado".

Sobre las 35.000 denuncias, Castillo dijo que "eso es sobre un total de 14 millones de cuentas emitidas" entre abril y junio, periodo en el que en más del 20% de los casos se debieron realizar lecturas provisorias, consistentes, según la normativa, en sacar el promedio de consumo de los últimos 6 meses para establecer el cobro. A esto es preciso, desde julio, añadir el cargo de invierno.

El fiscal Miguel Rojas, de la Región de La Araucanía, anunció ayer que presentará una apelación ante el Juzgado de Garantía de Temuco, luego que esta instancia rechazara la petición de prisión preventiva para el imputado por el caso Antonia Barra, Martín Pradenas (28), decretando arraigo, arresto domicialiario y prohibición de acercarse a las víctimas.

"Si llegamos a esta instancia es porque contamos con una serie de elementos que dan cuenta de los delitos y la participación criminal del imputado", dijo el fiscal tras conocerse que el Juzgado de Garantía rechazó decretar prisión preventiva para el imputado.

Pradenas fue formalizado el martes por una serie de delitos sexuales contra cinco personas de entre 13 y 21 años, al momento de los hechos. Entre estos se encuentra el caso de Antonia Barra (21), quien en octubre se suicidó tras asegurar haber sido violada por el imputado, en una cabaña a la que habría llegado después de una fiesta en Pucón.

El tribunal, entre la jornada del martes y ayer, declaró la prescripción de los presuntos abusos que Pradenas habría cometido en 2010 y 2014 contra jóvenes de entonces 16 y 19 años, respectivamente. También se indicó que, en base a los antecedentes expuestos en la formalización, sólo es posible dar por acreditada la violación contra Barros, quedando así las acusaciones de dos abusos y una violación contra tres mujeres sin sustento suficiente.

El magistrado Federico Gutiérrez, a partir de esto, dictó contra Pradenas las medidas cautelares de arresto domiciliario total en una residencia cuya dirección se mantendrá en reserva, arraigo y prohibición de acercarse a las víctimas, junto a 120 días de investigación.

"La Fiscalía siempre va a estar con las víctimas", afirmó Rojas al anunciar la apelación contra el juzgado, mientras que la ministra de la Mujer, Mónica Zalaquett, escribió en su cuenta de Twitter "las mujeres que sufren violencia de cualquier tipo nunca son responsables, bajo ninguna circunstancia, nada justifica una agresión. (...) Es urgente impulsar un cambio cultural en Chile para terminar con la violencia contra la mujer".

El Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género agregó que ha "estado en permanente contacto con familia de Antonia entregando acompañamiento. Ellos decidieron tomar representación judicial particular".

La superintendencia de Pensiones publicó ayer un informe sobre el uso de la Ley de Protección al Empleo, revelando que desde su entrada en vigencia -a principios de abril, producto del cierre de industrias y locales comerciales debido a la pandemia -casi 700.000 personas han visto suspendidos sus contratos de trabajo.

La oficina estatal consideró los datos registrados hasta el domingo 19 de julio para elaborar su informe sobre la evolución de la aplicación de la Ley de Protección al Empleo, a casi 4 meses de su entrada en rigor: 693.139 trabajadores han sido ingresados a este sistema, así como 112.117 empresas. Del total de suspensiones de contrato, 587.952 fueron realizadas a personas con contrato indefinido (84,8%) y 105.187 a plazo fijo (15,2%).

Las grandes empresas (más de 200 trabajadores) fueron las que más aplicaron la nueva normativa, sumando el 30,3% de las solicitudes aprobadas (210.150). Más abajo aparecieron las microempresas (entre 1 y 9 empleados), con el 27,5% de las suspensiones de contrato (190.522 personas); pequeñas empresas (entre 10 y 49 trabajadores), con 26,4%, es decir, 183.024; y medianas empresas (50 a 199 empleados), con 15,8%, en otros términos, 109.373 suspensiones.

En el desglose, el 60,8% de los trabajadores con vínculo laboral suspendido han sido hombres, y 270.868 mujeres.