La Asamblea General de Naciones Unidas decidió en 1987 celebrar cada 26 de junio el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas. También ha alentado a las personas, a las organizaciones sin fines de lucro, al sector privado y a los Estados miembros a participar en su campaña a través de las redes sociales. En esta oportunidad, se ha señalado que la pandemia de covid-19 es una oportunidad para advertir que el uso de drogas que se fuman o inhalan incrementa el riesgo de contagio y empeora el pronóstico de pacientes con coronavirus.

Un estudio del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda) reveló que en el año 2018 el 50,4% de los estudiantes universitarios de Chile admitió haber consumido marihuana, con especial prevalencia entre los jóvenes de 23 y 24 años. Pero más lamentable resultó que sólo el 28,5% entendía el riesgo que representa para su salud el consumo frecuente de marihuana.

Por ello, el Gobierno puso en práctica el año pasado el programa "Elige vivir sin drogas", con el fin de prevenir el consumo de estas sustancias entre los escolares, con un plan inspirado en un exitoso modelo de prevención desarrollado en Islandia, que se ha replicado en 22 países y recoge el aporte de las sociedades médicas y científicas e incorpora la experiencia de la sociedad civil, de los municipios y del Gobierno, entre otros.

Hace unos días el Gobierno ha presentado el proyecto de ley que -de aprobarse- fortalecerá la persecución y el combate de los delitos vinculados al narcotráfico. La iniciativa modificará la actual Ley de Drogas (ley N.º 20.000) aplicando con mayor rigor la legislación contra quienes los tribunales establezcan que pertenecen a organizaciones narcotraficantes, y coloca acento en acciones destinadas a limitar la capacidad económica de esos grupos.

Por ello, ha sido muy importante que se acoja el llamado de las Naciones Unidas a luchar contra el consumo indebido de drogas y que diversas organizaciones hayan desarrollado, hasta antes de la pandemia de covid-19, programas como "Elige vivir sin drogas", trabajando especialmente con los niños, iniciativa que se ha congelado como consecuencia de la pandemia.

Hace pocos días aprobamos desde el Senado el proyecto de ley que establece medidas para facilitar la adquisición de remedios en el contexto de la pandemia de covid-19. Su objetivo es evitar que las personas concurran a los establecimientos de salud a obtener una receta médica, especialmente a quienes padecen enfermedades crónicas.

Se simplifica de este modo el proceso, a través del uso y masificación de la receta digital, y se facilita aún más con la entrada en vigencia del Decreto Supremo 58 de 2019, del Ministerio de Salud, que se refiere al comercio electrónico de medicamentos, publicado recientemente en el Diario Oficial.

En virtud de esta última modificación, se permite a farmacias y almacenes farmacéuticos expender medicamentos al público por medios electrónicos, para los cual debe contar con un sitio electrónico y un servicio de entrega. También se autoriza que el expendio de medicamentos de Venta Directa, se haga sin exigir la receta médica.

Sin embargo, ni este proyecto de ley, ni el reglamento sobre comercio electrónico, resuelven el problema de los adultos mayores, que están con cuarentena obligatoria y no pueden ir a buscar sus remedios.

Algunas municipalidades -las de mayores recursos- han habilitado entrega de medicamentos a domicilio, pero esto todavía no es una práctica generalizada.

Hace poco tiempo aprobamos la Ley Nº 21.168, que crea el derecho a la atención preferente de salud de adultos mayores, para consultas de salud, prescripción y dispensación de medicamentos y toma de exámenes o procedimientos médicos más complejos.

En las actuales condiciones de pandemia, que afecta principalmente a adultos mayores, se hace aún más urgente materializar este derecho de atención preferente en protocolos y programas concretos, tanto en la atención primaria como hospitalaria. Sin embargo, el reglamento de esta ley aún se encuentra pendiente.

Espero que las nuevas autoridades ministeriales le otorguen la prioridad necesaria y sobre todo, asignen los recursos que se requieren para la atención oportuna y de calidad que se merecen todas las personas, pero especialmente nuestros adultos mayores.

Rabindranath Quinteros, senador Región de Los Lagos