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diciembre contar con el nuevo proyecto con tal de licitarlo a una empresa ejecutora el primer trimestre del 2021", explicó el jefe regional.
La autoridad precisó que existen varios puntos que no están resueltos, como si la empresa que construya será posteriormente quien administre el recinto, como era la idea inicial; el valor de la inversión que se requiere para concretar la iniciativa, aunque los recursos deberán venir desde el Gobierno Regional en coparticipación con la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), ya que no existe ningún aporte extranjero como fue anteriormente el Banco Alemán KFW.
"Otro tema es quién asumirá como unidad técnica del proyecto, donde algunos incluido yo sostenemos siga siendo la Municipalidad de Osorno; sin embargo otras voces, incluido el propio municipio, sostienen que debería ser el Gobierno Regional. Debemos avanzar, no tenemos tiempo para partir de cero buscando un nuevo terreno y sacar nuevos permisos ambientales. Debemos avanzar todos unidos por el bien de la provincia y sus habitantes", comentó Jürgensen.
Posiciones
El alcalde de Purranque, Héctor Barría (DC), comentó que la situación es preocupante, ya que su comuna depende de una iniciativa provincial para realizar el correcto manejo de sus residuos domiciliarios.
"Claramente estamos en el peor escenario. Se debe buscar otro terreno y la construcción sea responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas, tanto por la experiencia de sus profesionales como el financiamiento. No puede quedar estancado un tema tan delicado como el manejo de las basuras de una provincia por las diferencias políticas entre las administraciones comunales, Gobierno Regional, consejeros regionales, entre otros", reconoció Barría.
La comuna de Río Negro mantiene un basural que requiere una enorme inversión para intentar mantenerlo en cumplimiento ambiental, cuyo cierre definitivo depende de la puesta en marcha del relleno en Curaco.
"Esto es grave porque nosotros no tenemos recursos para buscar otras opciones de solución a la basura de la comuna. Acá es un tema sin fin, donde el gasto de recursos públicos es enorme y ahora continuaremos en lo mismo. La verdad no hay claridad de nada y eso viene siendo una realidad hace años", sostuvo el alcalde Carlos Schwalm (RN).
Francisco Reyes (PS), consejero regional por la provincia y presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Core, reiteró su posición a buscar un nuevo terreno para desarrollar una solución a los desechos de la provincia que incorpore tecnologías actuales, para que la basura sea tratada y utilizada.
"El fallo en primera instancia emitido por el juzgado entierra por completo el proyecto de relleno sanitario en el terreno de Curaco. No es posible que se persista en seguir intentado la misma fórmula, y el Gore así como el municipio están obligados a desarrollar otro proyecto en otro lugar", comentó Reyes.
Agregó que el fallido relleno donde está emplazado daña una comunidad, además de tener un gasto de platas públicas interminable, lo que también es cuestionable, sostuvo. "Es un saco roto de platas públicas sin ningún tipo de resultados, donde han persistido por años. Esto debe acabar", remarcó.
María Angélica Barraza (UDI), consejera por Osorno y presidenta del Core, argumentó lo complejo del escenario que siempre ha rodeado al relleno sanitario: "soluciones inmediatas no veo que sean posibles en menos de un año y medio. Además, debemos ver quién será el organismo técnico que se hará cargo del proyecto, pero también de obras de esta envergadura y complejidad técnica, donde los municipios no pueden y tampoco una política de Estado puede estar sujeta a voluntades políticas", reconoció Barraza.
Desde el municipio de Osorno declinaron dar declaraciones referentes al tema dada las acciones judiciales vigentes al respecto.
$10 mil millones fue la inversión del fracasado relleno sanitario. La cifra fue aportada por la Subdere a través de un crédito del Banco Alemán KFW ($7 mil millones) y el Gore ($3 mil millones)
2014 partió la construcción del recinto ubicado en el camino al mar, cuyas obras se paralizaron en octubre del 2015. Servitrans era la firma ejecutora, el municipio la unidad técnica y el Gore el mandante.
$3 mil millones ordenó el tribunal al municipio de Osorno pagarle a Servitras como indemnización, según consta en el fallo de primera instancia conocido hace unos días.