Municipio restituye fondos a programa Quiero Mi Barrio sustraídos en presunto fraude al fisco
RECURSOS. El Concejo aprobó devolver $15 millones al Ministerio de Vivienda. La Fiscalía formalizó a la funcionaria municipal Lorena Rosas en el Juzgado de Garantía como parte de la querella en su contra interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado.
El municipio local devolverá $15 millones al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), lo que permitirá retomar las postulaciones al programa Quiero mi Barrio de los proyectos vecinales para el mejoramiento de los distintos sectores de la comuna. La opción de acceder a esos fondos estuvo congelada durante dos años, a causa de las eventuales irregularidades cometidas en la administración de los recursos ministeriales traspasados al gobierno comunal para la ejecución de la iniciativa en Rahue Alto y Francke, en 2017.
El año pasado, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló contra la funcionaria municipal Lorena Rosas, por el presunto fraude al fisco cometido en calidad de autora cuando era encargada del programa estatal en 2017, por lo que la Fiscalía formalizó la investigación en noviembre pasado contra la ahora funcionaria del área de comunicaciones municipales.
Las irregularidades asociadas al programa Quiero Mi Barrio en la comuna quedaron al descubierto luego de una denuncia recibida por el Ministerio Público en 2017, que inició la investigación, a lo que se sumó la indagación especial número 224 realizada por la Contraloría, cuyo informe final fue público en junio del año pasado y fundamentó la querella del CDE y la posterior formalización de Lorena Rosas.
Según consta en el documento de querella que llevan los tribunales, la funcionaria cuando era encargada del Quiero Mi Barrio habría destinado para propósitos personales recursos que el Minvu traspasó al municipio local para la ejecución del programa en Rahue Alto y Francke en 2017.
Entre las maniobras figuran gastos insuficientemente acreditados; uso de evidencia fotográfica ya utilizada en años anteriores para respaldar actividades hechas en el Quiero Mi Barrio de 2017; actividades pagadas y justificadas con documentos ideológicamente falsos, entre otras irregularidades en la administración de los fondos que constituyen la figura penal de fraude al fisco, descrito y sancionado por el Código Penal.
Aprueban recursos
Durante la sesión del Concejo Municipal realizado en línea el martes 19 de mayo, como segundo punto en tabla se trató la destinación de $15 millones para devolverlos al Minvu, para dar así cumplimiento a lo instruido por la Contraloría en la investigación especial número 224 (julio del 2019), además de la solicitud realizada vía oficio el 11 de mayo por el encargado de la sección de Administración y Finanzas del ministerio.
El punto generó amplió debate y consultas de parte de los ediles, las que fueron respondidas por los asesores jurídicos del municipio, quienes precisaron que la restitución de los fondos es necesario para que el municipio pueda postular proyectos al programa Quiero Mi Barrio 2020, que asigna cerca de $800 millones para la ejecución de obras de mejoramiento desarrolladas conjuntamente con los vecinos.
"La municipalidad en su momento realizó la denuncia en Fiscalía, la cual todavía está en etapa de investigación y estamos a la espera de esos resultados, donde dependiendo si se determina la responsabilidad penal o administrativa en el caso del sumario, se tomarán las acciones posteriores que correspondan. Hay una persona formalizada por fraude al fisco hasta el momento. Sin perjuicio de ello, hay que cerrar el tema con el Minvu y restituir esos valores, que es lo que estamos haciendo ahora", argumentó Jazmín Petrovic, asesora jurídica municipal.
El concejal Osvaldo Hernández (DC) argumentó que es correcto realizar la devolución al Minvu, pero también solicitó al alcalde Jaime Bertín "aplicar el rigor de la ley a todos los que resulten responsables, porque aquí no solo es el monto a restituir, sino lo que hemos dejado de postular a los programas de barrio, lo cual ha afectado a miles de vecinos en estos dos años".
El edil Emeterio Carrillo (DC) argumentó que "hay una sanción a la funcionaria formalizada, que deberá reponer estos recursos al municipio. ¿Cuáles son los pasos y las medidas que vamos a tomar?. Es fundamental resolver estas dudas, porque esto marca un precedente futuro para que al interior del municipio no vuelva a ocurrir una situación similar. Me gustaría que quedará muy claro quién va a reponer estos $15 millones al municipio, ya que es plata de la comunidad".
También algunos concejales nuevamente plantearon la inquietud respecto a la existencia suficiente de antecedentes para suspender a la funcionaria formalizada (mientras dure la investigación) que se mantiene trabajando normalmente en el departamento de comunicaciones.
El alcalde Bertín argumentó que actualmente no hay responsables, ya que todo está en etapa de investigación, por lo cual prima el principio de inocencia. "Una vez que tengamos resultados de la investigación penal y sumarios administrativos pendientes de Contraloría, tomaremos las acciones legales que correspondan contra quienes resulten responsables para restituir estos fondos a las arcas municipales", dijo el alcalde.
Finalmente, el Concejo Municipal aprobó por unanimidad la restitución de los $15 millones al Minvu.
La acción legal
El seremi de Vivienda y Urbanismo, Jorge Guevara, explicó que una vez que se materialice la restitución de los fondos al Minvu, la municipalidad quedará nuevamente habilitada para postular al llamado 2020 del programa Quiero Mi Barrio.
"Es muy importante seguir siendo parte de esta causa penal a través del CDE, porque lo ocurrido acá debe ser sancionado con lo que estimen los tribunales. Esto no había sucedido en ninguna parte del país, Osorno es el único lugar donde una encargada de la municipalidad del programa Quiero Mi Barrio se apropia de manera indebida de fondos públicos", argumentó el seremi.
Agregó que producto de esta situación, se definieron a nivel país una serie de procedimientos nuevos para fiscalizar de mejor manera los contratos, asignaciones de dinero, pagos realizados, entre otros, para verificar que se hicieron a quienes corresponde y por montos ajustados a la actividad realizada. Agregó que las pruebas fotográficas de actividades fueron eliminadas y ahora se efectúan fiscalizaciones en terreno durante toda la ejecución del programa.
"Siempre se puede quedar vulnerable a personas con malas costumbres, pero con estas modificaciones realizadas mejoramos los controles para asegurar que los dineros se utilizan en beneficio de la comunidad y no para fines personales. Estamos conformes de poder prontamente trabajar con el municipio de Osorno en el programa, pero mientras se mantenga el proceso judicial abierto donde está formalizada la funcionaria, vamos a exigir que ella no tenga ninguna relación con el programa Quiero Mi Barrio, independiente de que siga trabajando en el municipio, ya que no queremos exponer esta iniciativa a malas interpretaciones", señaló.
El fiscal Matías Montero precisó que la causa está vigente y solicitaron ampliación de plazo de investigación, ya que quedan pendientes diligencias de carácter reservado por el momento. La próxima audiencia está fijada para el 31 de julio en el Juzgado de Garantía de Osorno.
En tanto, el abogado defensor de Lorena Rosas, Iván Cárdenas, indicó que por ahora no realizarán ninguna declaración o comentario respecto a la investigación.