El Congreso fue ayer uno de los centros de atención por la discusión de distintos proyectos. Uno de ellos fue el del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que propuso el Gobierno y que discutió la Comisión de Hacienda del Senado, donde el presidente de la instancia, el DC Jorge Pizarro, acusó un "chantaje" del Ejecutivo, luego de que el ministro de Desarrollo Social y Familia, Sebastián Sichel pidiera a los senadores aprobar las indicaciones actuales antes de presentar otras.

Ante esto, el senador UDI Juan Antonio Coloma, dijo que el comentario de Pizarro estaba "de más" y llamó a "tener cuidado". Por su parte, el PPD Ricardo Lagos Weber instó a mantener un "buen clima", el cual considera que se está comenzando a "enrarecer", y criticó las condiciones actuales de la iniciativa.

Finalmente, los senadores de oposición rechazaron todas las indicaciones del Gobierno que buscaban reponer la propuesta original del IFE y el proyecto fue despachado para ser votado mañana en la Sala del Senado, donde se esperan acuerdos respecto del monto. La oposición busca que la cifra aumente hasta los 80 mil pesos, mientras que el Ejecutivo ofrece llegar hasta 65 mil pesos.

El IFE es una iniciativa que forma parte del conjunto de medidas que el Gobierno ha implementado para proteger a los hogares con ingresos mayoritariamente informales y que han visto afectadas sus fuentes de ingresos por los efectos socioeconómicos de la pandemia. Esta iniciativa beneficiaría a al menos a 1.710.000 hogares, de los cuales más de 1.100.000 corresponden a regiones.

El Ministro Sebastián Sichel reiteró que es fundamental apurar la agenda y hacer que estos recursos lleguen cuanto antes a las personas que más lo necesitan. "Vamos a insistir hasta el final en que estos son tiempos de unidad y de acuerdos, ese debería ser el norte de este debate legislativo. Hay que ponerse a disposición de las personas para que las soluciones lleguen rápido y de manera efectiva", señaló tras la jornada.

También advirtió que "no podemos jugar con las expectativas, en ciertos sectores de la oposición existe un afán de pedir lo imposible cuando está en juego la vida y la salud de las personas. En una crisis como está los que más pierden son los más vulnerables. Espero prime la sensatez, volvamos a la lógica de la unidad y mañana aprobemos el proyecto de ley original" y agregó que "proteger el empleo, subsidiar los ingresos más bajos, apoyar a pequeñas empresas, promover bonos a nuestros adultos mayores incluyendo la reducción de sus contribuciones, entre otras cosas. Es toda una red de protección en tiempos de crisis. Sabemos que no es suficiente, pero necesitamos medidas urgentes".

La consultora Feedback publicó los resultados de su encuesta "Crisis 2020", realizada en el contexto de pandemia del coronavirus en el país, durante el mes de abril.

Respecto de la evaluación de la gestión, con nota máxima 5, los consultados le otorgan un 4,7 al personal médico de clínicas y hospitales. Luego le sigue el Colegio Médico con un 3,7; y los alcaldes con un 3,6. En el extremo peor evaluado se sitúan las personas que viven en el sector oriente de Santiago, con un 2,1; el presidente Piñera con un 2,7; y el Ministerio de Salud con un 2,8.

Sobre las protestas sociales, el 48% opina que cuando pase la crisis sanitaria serán mucho más masivas que las que se iniciaron en octubre. En relación al plebiscito constitucional, el 61% está en desacuerdo con el argumento de que habría que suspender el proceso porque "habría alta abstención", mientras el 93% afirma que votará.

En preguntas relacionadas con la pandemia, el 77% de los consultados en la medición considera que la crisis sanitaria va a tener "un impacto negativo en la economía durante los próximos meses, pero que nos vamos a recuperar en el mediano plazo". De los encuestados en abril, sólo el 7% considera que las multitiendas y restaurantes deberían funcionar normalmente tomando las medidas sanitarias correspondientes. En tanto, el 49% cree que deben seguir funcionando las empresas de energía, 41% las agrícolas, 40% las farmacias y 34% los supermercados.

Sobre el retorno seguro a las actividades, el 56% está de acuerdo con el regreso de los funcionarios públicos a sus puestos de trabajo; el 45% está de acuerdo con el retorno de los trabajadores del sector privado y sociedad civil; y sólo el 23% está de acuerdo con que los estudiantes vuelvan a clases presenciales. Además, el 67%, considera que no se deben tomar medidas prematuras para retomar las actividades laborales, mientras que el 29% piensa que los efectos de la paralización económica pueden ser peores.