Nelson Soto Asencio

En prisión preventiva quedó el joven de iniciales D. A. C. V. (24), quien está formalizado por el delito de incendio de la Iglesia San Francisco de Ancud y construcciones católicas aledañas, ocurrido el pasado 22 de enero en la madrugada y mañana. El inmueble era Monumento Nacional y exponente de la Escuela Chilota de Arquitectura Religiosa en Madera, conteniendo además diversas reliquias.

Así lo determinó la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, en atención a que los exámenes psiquiátricos practicados por el Servicio Médico Legal al imputado y expuestos ante el Juzgado de Garantía de Ancud indicaron que no tiene patologías de ese tipo, por lo que se puede seguir un procedimiento en su contra.

Según explicó el fiscal jefe de Ancud, Javier Calisto, tras conocerse el respectivo informe la semana pasada, solicitó la prisión en contra del detenido, la que no fue aceptada por el Juzgado de Garantía de Ancud.

Además, tal tribunal consideró que producto de la situación de la pandemia del Covid-19 y de ciertas características del imputado, lo hacían vulnerable, por lo que determinó no dar la cautelar más gravosa, pero sí dejarlo con arresto domiciliario total.

En ese escenario, el Ministerio Público y los querellantes recurrieron a la Corte de Apelaciones de Puerto Montt.

"Recordar que la persona del imputado se encontraba en internación provisional en el ala psiquiátrica del Hospital de Puerto Montt, producto que el Juzgado de Garantía de Ancud en una primera resolución decidió suspender el procedimiento, debido a que el imputado debía someterse a exámenes mentales para determinar sí tenía una patología en esta área", contó Calisto.

Añadió el persecutor que al joven ancuditano se le practicaron tales análisis, resolviendo que no presenta un trastorno que signifique una suspensión de la causa, como así estaba desde el verano. "Podía diferenciar entre lo bueno y lo malo, tenía autocontrol, sin perjuicio de una personalidad sociópata que tiene que ver con una circunstancia de personalidad antisocial, que no afecta la situación de razonamiento del imputado y no es una patología", enfatizó.

El abogado indicó que en conjunto con los querellantes solicitaron la prisión preventiva del isleño, "porque estimamos que eso era lo que correspondía en base al hecho, a su gravedad, su connotación, entendiendo que el imputado es un peligro para la seguridad de la sociedad y se dio 90 días de investigación", acotó.

Por su parte, el defensor del joven, Humberto Ramírez, se mostró disconforme con la nueva cautelar, catalogándola de "desproporcionada". "Desilusionado porque en primera instancia el Juzgado de Garantía de Ancud se había acogido nuestra petición, que era que el imputado quedara con arresto domiciliario total", mencionó.

Sumó la fuente que se entregaron varios argumentos y que pesaban, según él, en relación con la contingencia actual en favor de su defendido.

"Esto último fue lo relativo a que el imputado padece de enfermedades crónicas y claramente lo sitúa en un grupo de riesgo, y fue lo que acogió el Juzgado de Garantía de Ancud para dejarlo con arresto domiciliario total, arraigo nacional, prohibición de acercarse a la Iglesia (…) y comunicarse con los testigos", manifestó.

Ramírez cerró que "en las circunstancia actual nos parece desproporcionado (prisión). En cuanto a las estrategias procesales a futuro, prefiero reservarlas".

El joven fue conducido al Centro de Detención Preventiva (CDP) de Ancud.